El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció este domingo que en las próximas horas, se estaría gestando una maniobra judicial para solicitar su intervención para despojarles de sus símbolos.
«Grupo de mercenarios al servicio del Gobierno-PSUV se prepara para solicitar -en las próximas horas- al Tribunal Supremo de Justicia, la ilegal intervención del Partido Comunista de Venezuela», público el PCV en su cuenta en Twitter.
El PCV acusó PSUV de ser quienes estarían gestionando las diligencias legales ante el TSJ.
No es la primera vez que denuncia acciones similares en contra de su estabilidad. Desde mayo, los militantes de la organización alertan de diversas acciones que se estarían haciendo en su contra.
Primero se habló de un supuesto falso positivo en la que se buscaría desconocer los resultados del proceso interno de la organización. También se alertó sobre presuntos militantes del PCV en un acto con el presidente Nicolás Maduro, cuando el Partido Comunista de Venezuela rompió con el Gran Polo Patriótico y formar una Alianza Popular Revolucionaria.
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A finales de febrero, un total de 45 formaciones comunistas de todos los continentes condenaron lo que consideran un «plan para asaltar e intervenir el PCV» por parte del Estado, según señaló un comunicado difundido entonces por esa agrupación política.
«Condenamos enérgicamente los planes dirigidos a tomar por medios usados en otros casos su Dirección Política, ya sea a través de una intervención administrativa (vía Consejo Nacional Electoral) o judicial (vía Tribunal Supremo de Justicia)», afirmaron las organizaciones integrantes del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO) en la misiva publicada el domingo 26 de febrero.
La dirección del PCV denunció, en repetidas ocasiones, las acciones del Estado contra la formación, como la inhabilitación de su candidato a la repetición de las elecciones en el estado Barinas -cuna de Hugo Chávez-, que se celebraron el 9 de enero de 2022.
Esta semana, el PCV aseguró que el Ejecutivo usa estas inhabilitaciones administrativas como «un instrumento para neutralizar y anular» a actores políticos de la nación caribeña.
Con información de Efe
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