(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Habiendo presentado la semana anterior un probable cuadro de escenarios y acciones enlazadas a la Corte internacional de Justicia con la sentencia sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia, en el que se derivaron distintas sugerencias tácticas vectorizadas hacia el poder estructural, así como también, otras de carácter operacional, diplomática, geopolítica y geoeconómica, conducentes a la evaluación y decisión de la Comisión Especial tecno-jurídica, aplicables en este caso, al caso del litigio territorial que afronta el Estado venezolano contra Guyana en el Tribunal de La Haya, se requiere una vez más, tomar en consideración variables de primer orden que rayan sobre diferentes aristas en la dimensión de dicha controversia, entendiendo que el asunto en sí, es hoy por hoy, mucho más complejo que una controversia territorial abocada a establecer los límites en el área geográfica continental o marítima, pese a que ello luce como el objetivo trascendental sobre el tapete, más ello bajo la mesa, no constituye ni será el capítulo final.
En lo que concierne al citado organismo internacional, la médula neurálgica del asunto ha estado orientada a la estructuración de la Contramemoria venezolana a entregarse el 8 de abril del 2024, factor principal en el que Venezuela debe aunar todos los esfuerzos y sapiencia requerida, para consolidar la titularidad jurídica del Esequibo, tal como fue heredada a raíz de la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777, anexando también toda la documentación legítima que se manejó posteriormente que, en definitiva, enlodó todo el proceso que se manejó a espaldas del país, fundamentalmente por los Gobiernos de Gran Bretaña y Rusia, para arribar finalmente a la nefasta sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, en el que inclusive se arrastró a la aceptación del infausto fallo bajo presión, a los representantes del Gobierno norteamericano.
Con base a lo antes señalado, las fortalezas jurídicas que revisten las pruebas bajo el Principio fundamental del Uti Possidetis Juris, aunado a la debilidad que se le pueda infligir en su máxima expresión al Principio de la Prescripción facultativa, deben ir ineludiblemente de la mano. Una ofensiva única a cualquiera de las mencionadas aristas no sería suficiente ante el Tribunal internacional, considerando la coyuntura bajo la cual se ha dinamizado el presente litigio. No debe olvidarse que las circunstancias presentes, en opinión del suscrito, han sido muy mal manejadas por el Gobierno de Guyana, quien ha demostrado tácitamente su preocupación y frontal desespero, en ejercer acciones que contrarresten el efecto jurídico de Venezuela, y dichos errores, le han dado al vecino Gobierno, el fundamento para sepultarse en definitiva con las pretensiones infundadas que ha manejado.
Pero el asunto en sí no constituye una ecuación lineal sustentada solo en el factor jurídico, si eso es lo que piensan erróneamente hoy en día algunos, dado que al entorno del litigio se le han venido sumando varios factores que demuestran abiertamente la complejidad del asunto en sí, al tener Venezuela que confrontar por separado y en conjunto, con cada una de las piezas que se encuentran en el tablero estratégico del caso, en el que antes parecía que era solo el Estado venezolano contra Guyana, e incluso contra la Corte Internacional de La Haya, y bajo la mesa cual perfil del comportamiento físico de un iceberg, se le han agregado silente y tácitamente otras variables, que han sido desenmascaradas consuetudinariamente, a través de las acciones directas e indirectas que éstas han venido ejerciendo sin escrúpulo alguno, afectando sin importar el daño que se le ha venido generando al país, incluso al continente suramericano, siendo éstos:
- Los intereses de países del primer mundo en diferentes continentes, que han venido generando no solo en sus conceptos estratégicos, sino también en las actuaciones tácitas impuestas bajo el velo de su poder tecnológico y geoestratégico, para acceder a los recursos energéticos, mineros, hídricos, existentes tanto en los espacios geográficos terrestres como marítimos del continente, y que de por sí, estos tienen claras influencias en la Corte Internacional de La Haya.
- Lo anterior se afianza más aún, al encontrarse el país con la hipócrita posición diplomática adoptada por gobiernos que se han hecho llamar “aliados” de Venezuela, pero en el fondo, solo se han dedicado a ocupar posicionamientos estratégicos orientados a sus intereses, logrando la obtención de recursos petroleros, gasíferos, mineros, nucleares, forestales, entre otros, sin adoptar una clara posición a favor del país sobre el litigio territorial, ni han realizados esfuerzos sustanciales en el ámbito de la cooperación, como parte y respuesta ética de la reciprocidad. ¿Es que a Venezuela se le olvida que la aportación de estos valiosos recursos tendría que ir de la mano con la compensación en un ámbito de correspondencia? Este vacío en el contexto político ha sido aprovechado por terceros para fortalecer sus apetencias en contra del país. ¿O es que esto necesita mayor explicación?
- Un detalle preponderante ha sido la tendencia de la Corte Internacional de Justicia como parte de sus fallos que, por un lado, ha tenido la sólida inclinación en atender los intereses geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos de países del primer mundo, y por ello se sembró la interrogante sobre la decisión colateral del caso entre Colombia y Nicaragua, en la que prevaleció la posición jurídica colombiana, razón por la que el suscrito se ha preguntado si ello fue casual o ajustado a Derecho; y por otro lado, la tendencia del mencionado organismo jurídico, ha sido la de evitar por lo general, la alteración de la línea fronteriza entre países, hecho que en el caso del Esequibo, tiene a su favor la influencia de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la que, con carácter permanente, se encuentra formando parte de la organización interna de ésta, uno de los jueces provenientes y representante de ese país, actuando como parte del equipo abocado al caso en cuestión, además que éste forma parte activa del Consejo permanente de Seguridad de la ONU. Un cúmulo de variables ineludiblemente enlazadas, que ameritan especial atención del Comité Especial tecno-jurídico venezolano. Este punto a criterio del suscrito es el de mayor peso que requiere la atención y actuación de Venezuela.
- Con base al punto anterior, en opinión del suscrito, es que se logró intentar el debilitamiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que se obviaron forzadamente bajo el velo de la legalidad, una serie de hechos jurídicos, tales como la absurda decisión escalonada del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en utilizar el mecanismo judicial como medio de solución sin haber agotado los otros medios establecidos en el artículo 33 de la Carta de la ONU, así como la infundada demanda unilateral de Guyana contra Venezuela, cuando éste último no había consentido bajo ningún concepto el uso del medio judicial, aunado a la oportuna decisión de la Corte Internacional de Justicia, por supuesto a favor de los actores citados anteriormente, en considerar el litigio territorial sobre los hechos ocurridos antes del Acuerdo de 1966.
- Los hechos anteriores, conllevaron manipuladamente a la sustentación jurídica para no emitir la medida cautelar requerida, sobre las actividades económicas que se estaban llevando a cabo unilateralmente por Guyana en los espacios del Esequibo, además de la justificación inaudita de la Corte, en apoyar la no participación en el proceso de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuando fue con el Gobierno de ese país que se llevó a cabo la firma del citado Acuerdo de 1966, hecho que le permite aclarar al lector la razón sobre la razón evasiva del país europeo en su no comparecencia, al tener que evitar el trago amargo de no poder justificar jurídica e internacionalmente, todas las atrocidades que se cometieron en contra de Venezuela durante el siglo XIX, además de no poder sustentar la actuación desmedida de dicho país a raíz de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966; sin embargo, no debe olvidarse que luego de la sentencia sobre la Excepción Preliminar expuesta por Venezuela, el Tribunal de La Haya manifestó en su fallo, que Gran Bretaña sería llamada en caso de ser requerido, para abordar el asunto de fondo de la controversia, oportunidad que por la vía diplomática venezolana, podría abrir las puertas a un abanico de entendimientos bilaterales o a través de terceros.
- La participación de la empresa transnacional Exxon Mobil, ha realizado el aporte de quince millones de dólares como “cooperación” con el Gobierno de Guyana para los gastos en la Corte Internacional de Justicia, ayudando financieramente a la deflagración de la mecha que propugnó la demanda contra Venezuela, a cambio de mantenerse como parte de la “reciprocidad” acordada, en continuar
explorando, explotando y comercializando el petróleo existente en los espacios acuáticos de Venezuela en el océano Atlántico, aunado a la frontal influencia que viene socavando silentemente, bajo un desplazamiento colateral sustentado muy probablemente sobre emanaciones financieras, buscando a como dé lugar, debilitar la posición venezolana ante el citado organismo jurídico internacional. Pronto podrían acoplarse bajo este mismo perfil, otras empresas transnacionales con el mismo propósito, sin embargo, Venezuela tiene también si se lo propone, la forma de neutralizar estas actuaciones. - El plan energético 2023 de Guyana, en aras de buscar como estrategia de primer orden, el poder atraer la presencia de otros países en las actividades petroleras que se desarrollan en los diferentes bloques marítimos, ha tratado de conformar una doble tarea en contra de Venezuela, siendo estas, la de colocar sobre la palestra internacional la presencia de varios gobiernos que por intereses propios indudablemente, apoyarían a Guyana, hecho que se traduciría en una presión multifacética internacional de diferentes países hacia el Estado venezolano, mientras Guyana se mantiene detrás del telón victimizándose y dejando en manos de esos países actuando cual títeres, la manipulación del litigio territorial bajo la arista geopolítica y participativa de la comunidad internacional, al son de fortalecer su poder táctico y situacional. Muy astuta dicha estrategia, pero a la vez, es claro indicio de la preocupación del Gobierno de Guyana, ante la debilidad jurídica que se le asoma próximamente, en son de sustentar su titularidad jurídica que, por cierto, no la posee ni la tendrá, por lo que su derrota es prácticamente un hecho tangible que busca enmascarase con otros hechos que necesita urgentemente consolidar en aras de forjar un equilibrio en la balanza a su favor.
- La importancia que reviste para el Gobierno de los Estados Unidos en recuperar los espacios de Latinoamérica, que aprovecharon en su descuido, tanto Rusia como China, se ha convertido en una prioridad, en atención a todos los recursos petroleros concentrados, como la mayor reserva planetaria tanto en Venezuela como en el espacio geográfico integral del Esequibo, incluyendo las riquezas mineras y las bondades del Amazonas, señalado como pulmón del planeta y patrimonio común de la humanidad, sin dejar de lado que el 31% del agua dulce del mundo, se encuentra en esa región. Por supuesto que ello ha sido un factor de seguridad nacional para el país del norte, razón por la que se ha venido incrementando la presencia del Comando Sur en la región, manifestando ante la opinión pública internacional, que Venezuela ha venido atravesando un período de inestabilidad significativa, debido a la escasez de alimentos y medicinas, con tendencia a fluctuaciones políticas y decadencia de la situación económica.
- En el contexto anterior, y considerando la situación actual con el nuevo orden mundial a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que se ha ido generando una escalonada flexibilidad hacia el país, como producto de la necesidad derivada internacionalmente en el marco energético, el Estado venezolano con la necesidad de darle un giro a su política exterior, bajo los puntales de la política y diplomacia basadas en la cooperación y reciprocidad ya señalada, debería iniciar un proceso multipluralista, deontológico y estratégico en diferentes niveles, a propósito de consolidar posiciones no pasivas, muy claras y con base de compromiso gubernamental, proclives a la neutralización de las apetencias unilaterales a cambio de nada. “En política y diplomacia, no hay almuerzos gratuitos”.
Al pisar los umbrales de esta realidad controversial que se le avecina a Venezuela, las arduas tareas que se sugieren para su puesta en práctica a través de la Comisión especial tecno-jurista venezolana, conllevan a la necesidad de efectuar útiles y profundas reflexiones, que ameritan elevar en su máxima expresión el sentido de justicia que ha cercenado por más de un siglo, la soberanía y el sentido de integridad de los venezolanos, por lo que el esfuerzo realizado a niveles de los mayores rangos políticos, diplomáticos, geohistóricos, cartográficos y jurídicos actuales del país, contrarios a lo situación en la que se encontraba Venezuela entre 1897 y 1899, conllevan a la necesidad de desnudar la realidad actual, apuntalada sobre esta compleja plataforma internacional que ha sido señalada en el presente artículo, por lo que la recompensa de años enteros de trabajo continuo desde la nefasta sentencia del Laudo arbitral de París de 1899, descansan hoy en día sobre los hombros de dicha Comisión venezolana, quienes constituyen la única vía que permitirá aflorar de nuevo en un mañana próximo, que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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