(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Con la presentación de este artículo, son ya doscientos escritos, semana tras semana, en el que se han venido abordando y actualizando los avances del litigio territorial de Venezuela con Guyana sobre la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo, y desde el inicio de esta labor a través de la web curadas.com hasta hoy en día, han sido sensiblemente significativos los giros que ha dado esta controversia territorial, ante las eventualidades que han surgido en el ámbito internacional, regional, bilateral e interno del país, cuyas incidencias se han fusionado en el tablero estratégico global, exacerbando sobre el tapete nuevas variables geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas que le han dado una verdadera complejidad a la ecuación matriz que se venía manejando hasta hace menos de diez años, cuyos parámetros lucían un tanto pasivos, manejables y favorables en su conducción para los actores diplomáticos y políticos del país.
A partir del año 2015, no solo se han presentado cambios problemáticos sobre el litigio en cuestión, sino también, verdaderas transformaciones sustentadas en un nuevo orden mundial, en el que Guyana decidió darle la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966, otorgando licitaciones ilegítimas de exploración a empresas transnacionales, obteniéndose el descubrimiento de petróleo de Venezuela por parte de la empresa norteamericana Exxon Mobil, cuya ubicación se corresponde a la cuenca del Atlántico en los espacios acuáticos del Esequibo, lo que conllevó al cambio unilateral que le dio a la controversia territorial el Secretario General de la ONU, favoreciendo únicamente los intereses de Guyana, dado que éste decidió abrir un campo de solución distinto al de los buenos oficios, que por cierto había sido decidido originalmente por todas las partes involucradas y no por una, implementando así, un nuevo camino de solución pacífica orientado hacia la vía judicial ante la Corte Internacional de Justicia, organismo jurídico que admitió su competencia para dirimir sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 y delimitar la frontera entre Venezuela y Guyana, cuyos costos administrativos y legales, fueron sufragados en favor de Guyana por la Exxon Mobil, cuyo monto ascendió a quince millones de dólares americanos.
Aunado a ello, se inició la guerra de Rusia contra Ucrania con la presencia de los países de la OTAN, anexándose al conflicto tanto Irán como China, incluyendo a Corea del Norte, Japón, entre otros, coincidiendo todo ello con las dificultades del mercado en cuanto al suministro seguro y confiable para la comercialización del gas y del petróleo, tanto para Europa como para los Estados Unidos de América. En este contexto, la diplomacia cañonera norteamericana y británica, hizo eco de sus intereses mediante la presencia militar y política en el Esequibo y en Guyana respectivamente, además de haberse realizado operaciones militares conjuntas y combinadas con la presencia de otros países. Particularmente Gran Bretaña se lavó las manos de su compromiso obligatorio firmado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, y la Corte Internacional de Justicia avaló el NO requerimiento de la presencia del Gobierno británico en el asunto objeto de litigación.
También, se presentó un conato repetitivo marcado por un posible conflicto derivado de las tensiones existentes entre Taiwán y China, aunado al posterior ingreso de un mayor número de países al Grupo BRICS, en aras de aunar esfuerzos principalmente en materia energética, y resquebrajar internacionalmente el peso deontológico del dólar americano, sin dejar de lado el conflicto recién iniciado entre Israel y Palestina, al que se le han venido anexando varios países en acción preventiva para su intervención, encendiendo nuevamente un muy peligroso escenario mundial con este conflicto en el Medio Oriente, sumatoria de variables que le han dado al asunto objeto de estudio, un matiz multifacético que se ha involucrado con mayor ahínco en diferentes asuntos prioritarios a nivel global, en el que sobresale un especial interés sobre la región del Esequibo y los espacios acuáticos respectivos, por parte de países del primer y tercer mundo, así como de varios organismos internacionales y diferentes gobiernos, quienes han venido mostrando la verdadera faceta de sus intenciones y la inclinación única de sus intereses políticos y económicos, incluyendo el silencio sórdido de quienes han preferido adoptar la neutralidad política mientras se han beneficiado considerable y continuamente de Venezuela.
Particularmente en lo que concierne a los espacios acuáticos del Esequibo, opino que no se le prestó desde el 2015 la debida atención al asunto del litigio en sí, ligado ineludiblemente a lo que se encuentra escrito en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y en el Laudo Arbitral de París de 1899, dado que en éste último, la nefasta y viciada sentencia fue referida exclusivamente al territorio continental y no al mar, por tanto, al sustentarse el Acuerdo de Ginebra de 1966 en el reconocimiento de la nulidad del Laudo Arbitral de 1899, el contexto jurídico se abocaría exclusivamente al territorio continental y no al marítimo, porque sencillamente no se mencionó ni existía el Derecho del Mar en 1899. Si bien por error o por buena fe, se le participó a Guyana en el 2004 que Venezuela no se oponía al desarrollo en el Esequibo, y la tierra por derecho, a través de su costa genera el mar con los conceptos establecidos en el actual Derecho del Mar, pero estos no han sido delimitados ni están contemplados en el Acuerdo de Ginebra de 1966 ni en el Laudo Arbitral de 1966, la barrabasada cometida por el Gobierno de Guyana al conceder licitaciones a otros países, no solo raya en el cometimiento de ilícitos de primer orden que ameritan una demanda frontal contra ese país, sino que se tomó arbitraria y perversamente derechos que no le corresponden, razón de sobra para solicitar de inmediato por parte del Estado venezolano, las medidas cautelares necesarias contra el Estado de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, además de la obligación de ser resarcidos todos los daños generados y beneficios obtenidos a costillas de los venezolanos, cuyo promedio se ubica prácticamente en el 80% de los ingresos percibidos únicamente por las actividades económicas energéticas en el mar. Si a ello se le suman los beneficios obtenidos por las actividades continentales otorgadas también en beneficio unilateral de Guyana en materia minera, agrícola y forestal, entonces la compensación sería muy superior al 80% mencionado.
No olvidemos que esta nueva etapa se originó con el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, luego de admitir ésta su competencia jurídica sobre el fondo del asunto el 18 de diciembre del 2020, y fijó para el 8 de marzo del 2022 la entrega de las memorias de ambas partes, pero Venezuela presentó la excepción preliminar el 7 de junio de ese año, cuya sentencia fue dictaminada el 6 de abril del 2023, en la que se rechazó el planteamiento realizado. En el marco de la continuidad respectiva del proceso jurídico sobre el caso en cuestión, la Corte Internacional de Justicia le dio plazo a Venezuela hasta el 6 de abril del 2024 para presentar la Contramemoria respectiva, y responder al planteamiento realizado por Guyana en su demanda contra el Estado venezolano, en el que el vecino país alegó sus imprecisos, manipulados e inciertos argumentos que se derrumban por sí solos, al no tener los soportes de la titularidad jurídica.
En razón de lo anteriormente señalado, la Comisión Tecno-jurista venezolana deberá presentar los documentos que avalan su legalidad en el marco del Principio del Uti Possidetis Juris, correspondientes a la titularidad de posesión de Venezuela sobre el territorio en disputa, siendo recomendable el muy prudente manejo basado sustancialmente en el Acuerdo de Ginebra de 1966 como médula neurálgica que nació y se firmó entre todas las partes, como consecuencia del nulo y viciado Laudo Arbitral de París de 1899, y no en sentido contrario. Es obvio que Guyana espera que el asunto se centre precisamente en la validez o no del Laudo Arbitral de París de 1899, trampa montada con las más bajas y nefastas intenciones jurídicas. Ojo con esto Venezuela.
Respaldada por el Gobierno norteamericano, en el año 2015, la empresa transnacional Exxon Mobil, luego del sustancial hallazgo petrolero descubierto en la plataforma continental del Esequibo, además de haber actuado ilegalmente con la permisología otorgada por el Gobierno de Guyana, y posteriormente apoyar financieramente a ese país con los gastos requeridos para llevar a cabo la demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, la misma respondió ante el reclamo del Gobierno Nacional sobre el cese de las actividades de exploración de hidrocarburos en los espacios acuáticos que le pertenecen al país, que la misma no tenía parte alguna en la disputa territorial entre las dos partes, conllevando a que dos años después, en el año 2017, el Gobierno de Guyana concedió licencias a la mencionada empresa para la explotación de petróleo y gas, hecho que se afianzó en el tiempo, dado que en el año 2022, fueron descubiertos dos yacimientos adicionales por la misma Compañía. Y ante este descalabro, surge de nuevo el marco interrogativo sobre la muy extraña política exterior venezolana, en la que se le ha seguido permitiendo al Gobierno vecino, continuar con la mencionada empresa transnacional, en la explotación y comercialización energética sin dar explicación alguna al país.
Volviendo al asunto sobre la importancia de enmarcar la Contramemoria venezolana ante la Corte Internacional de Justicia, centrada en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no en el viciado y nulo Laudo de 1899, dado que para Guyana, sin soporte demostrativo de absolutamente nada, ha determinado que ello ha sido un documento sujeto a juicio, sentenciado y aceptado, adjudicándole a Gran Bretaña el territorio de 159.542 Km 2, que Venezuela reconoce como propio, denominándolo la Guayana Esequiba, y que formó parte de la Capitanía General de Venezuela desde 1777. Por un lado, fueron parcialmente ciertos los muy incompletos y manipulados hechos procesales que ha mencionado Guyana en su Memoria, pero estos no son todos, ni son los reales, dado que Venezuela no aceptó en ningún momento de manera legítima y expresa los resultados del citado Laudo.
Una vez conocidas las atrocidades cometidas en el mencionado Tribunal, mediante la combinación de intereses rusos e ingleses, a través del Memorándum que se dio a conocer tanto al Gobierno norteamericano como venezolano luego del fallecimiento de Severo Mallet Prevost, Abogado que representó los intereses de Venezuela y Secretario de la Comisión creada en 1895 para investigar e informar lo concerniente a la controversia territorial entre Venezuela y Gran Bretaña, el país no dejó de encaminar su protesta y solicitar la rectificación de la injusticia cometida en 1899. Verbo y gracia, el Acuerdo de Ginebra de 1966, fue el reconocimiento del Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899. De hecho, en la Cancillería venezolana, a partir de 1949, se inició el proceso de investigación venezolana más a fondo sobre el asunto, en el que fueron hallados varios documentos de vital importancia, incluyendo la cartografía geohistórica que se utilizó, en la que hubo cuatro líneas modificadas sin soporte alguno por el geógrafo de origen prusiano, Robert Schomburgk, quien fue designado por Gran Bretaña en aquel entonces, para atender los intereses de los ingleses, en el que el primer trazado efectuado en 1835, dicho Gobierno reconocía la frontera real de Venezuela, pero luego de las apetencias que les otorgó el saber sobre la riqueza aurífera allí existente, y entender la importancia geoestratégica sobre el control de los espacios fluviales a lo largo del continente suramericano, a través de la desembocadura del río Orinoco desde el norte de la América del sur, se alteró la línea del reconocimiento original de Gran Bretaña a 142.000 kilómetros cuadrados de territorio venezolano.
La adulteración realizada a través de esta segunda línea, constituye el territorio que ha pretendido Guyana hoy en día, en el que se le reconozca a través del Laudo Arbitral de París de 1899, procurando el Gobierno de ese país, que la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, dictamine la validez del mencionado Laudo en el que no se determinó la justificación de la sentencia emitida, quedando definida la línea fronteriza entre ambos países, correspondiente a la segunda línea geográfica trazada por Schomburgk, rectificándole si acaso a Venezuela, y litigando el mismo, un espacio continental de 17.542 kilómetros cuadrados, obviándose por supuesto, las alteraciones originales realizadas en aquel momento histórico, luego de haberse modificado arbitraria y clandestinamente la línea limítrofe por parte de Gran Bretaña, en la que se intentó establecer el territorio en reclamación, mediante el trazado de cuatro líneas que fueron alteradas sin censura ni soporte alguno, partiendo así, de un espacio continental a favor de Gran Bretaña de 200.000 kilómetros cuadrados.
Mayor descaro e insolencia sería imposible de percibir de un Estado gris como lo ha sido el Gobierno de Guyana hasta ahora, cuya tendencia ha sido la de burlar a la comunidad internacional mediante discursos y pobres soportes basados en falsos positivos, que carecen en definitiva de asidero jurídico alguno. De allí, resalta la acción desesperada que le ha venido mostrando Guyana al mundo, ante las consecuencias que se le vienen encima por el pésimo asesoramiento recibido y la suma de acciones ilícitas cometidas. No le quedará más remedio que acudir a su estrategia colateral de siempre, victimizándose de nuevo en aras de obtener indulgencias no meritorias.
El escenario real de hoy en día con los alegatos escritos en el presente artículo, se sustenta en dos puntales fundamentales: el primero se corresponde a que por un lado Guyana, carece de la verdad real que condujo sostenidamente a los hechos geohistóricos del nefasto Laudo Arbitral de París de 1899, y el segundo, a la aspiración primaria guyanesa sobre su demostración jurídica que no le permite sostener la titularidad jurídica del territorio que fue aprobado a espaldas de Venezuela sin motivación alguna, a la que se le agrega la herencia de un espacio continental como producto de la usurpación y el despojo, cuyos fundamentos están cimentados en trampas, mentiras, falsificaciones, abuso de poder y coerciones utilizadas por la potencia imperial de Gran Bretaña en el siglo XIX.
Ante estos puntales que van a conducir a un muy probable fallo adverso de las aspiraciones guyanesas, dado que si el Tribunal Internacional de La Haya le solicita al Gobierno del país vecino, que demuestre sus supuestos derechos jurídicos sobre el Territorio Esequibo, sin incluir el mar por no estar aún delimitado ni haber formado parte del Laudo de 1899, será profunda la inconsistencia de ese país para su pretendido derecho sobre la zona de reclamación venezolana, hecho que hará vacilar y demandar a Guyana de parte de las empresas transnacionales tanto en el espacio continental como marítimo, con las consecuencias jurídicas respectivas, que arrastra de por sí una cadena de acciones geoeconómicas, financieras, geopolíticas, diplomáticas, ecológicas y culturales, aunado a la inevitable y profunda crisis sociopolítica y socioeconómica que le sobreviene a ese país.
Venezuela debe estar preparada para afrontar este turbulento escenario, además del vuelco a conveniencia que sobrevendrá de parte del organismo jurídico internacional, en darle el peso requerido a lo que Venezuela ha sostenido desde el principio, en cuanto al fiel cumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966 para una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes, por lo que es hora de ir informando y preparando a la comunidad nacional e internacional, sobre el panorama real que se le aproxima a esta región estratégica regional y global en las circunstancias actuales, en las que los recursos integrales existentes, constituyen una fuente segura y confiable de suministro de Venezuela al mundo, y no de Guyana al mundo como ese país lo ha pretendido falsamente, para reafirmar en definitiva que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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