(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
¿Qué le ha sucedido en estas últimas dos semanas a nuestra Venezuela y a su gentilicio nacional, que de repente todos nos hemos encontrado en medio de una diatriba censurada, no solo por algunos gobiernos y organismos internacionales desfachatados, que le han venido dando rienda suelta a una descarada sátira en contra del país, defendiendo hipócritamente lo indefendible, demostrando además, la ignorancia exacerbada a flor de agua sobre el contexto que enmarca la recuperación por derecho legítimo, no camuflado, sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, hecho que se ha circunscrito en una franca traición, cobardía, ingratitud y felonía, pero más me ha sorprendido, el haberme topado con escritos que en este cruce de informaciones, se han publicado a través de las redes sociales, provenientes de algunos artículos de opinión, videos y otros lábaros informativos emitidos con vehemencia por connacionales, alegando la tendencia hacia una supuesta pérdida del territorio en reclamación?
Solo quienes no conocen a fondo del tema, habrían podido emanar semejantes y aberradas declaraciones, y más aún, indistintamente de la tolda política por la que se inclinen, no han entendido que el asunto es un objetivo de Estado y no de gobierno, que al final de cuentas adoptar una posición contraria al interés nacional, se estaría a conciencia o no, socavando nuestra soberanía e integridad territorial.
En principio, las tensiones creadas entre Venezuela y Guyana, se han incrementado con mayor fuerza, al exacerbarse las acciones ilegítimas que ha venido realizando en la fachada marítima del Atlántico el Gobierno del país vecino, en el que ha continuado fragmentando su corresponsabilidad y atribuciones de derechos inexistentes, al otorgar ilegitima y unilateralmente licitaciones a empresas transnacionales, en las que ha estado compartiendo cual estrategia repetitiva como siempre lo ha hecho apocadamente, compartiendo sus problemas con otros gobiernos aliados, de manera que sean éstos quienes den la cara y no los responsables del Gobierno de Guyana precisamente, mientras que éstos se ocultan una y otra vez bajo los pantalones políticos de los demás países, cometiendo con mayor ahínco, sendos delitos que siguen gozando del silencio complaciente en la esfera internacional, por intereses creados ante las realidades y necesidades energéticas que se han generado en el tablero estratégico mundial, desde que se inició el conflicto entre Ucrania y Rusia, complementado posterior y recientemente con el conflicto entre Israel y Hamás en el Medio Oriente.
Pero la realidad es muy clara respecto a este escenario violado repetitivamente por el Gobierno de Guyana, dado que si éste le dio la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966, apoyado por el Secretario General de la ONU, introduciendo la demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela en el 2018, a propósito de darle validez al Laudo Arbitral de París de 1899, hecho que por cierto fue recordado hace poco en una declaración dada por el propio Presidente de Guyana, y cuya sentencia como es bien sabida, se correspondió exclusivamente al territorio continental y no al mar por no existir tal Derecho, entonces la racionalidad que estriba bajo este planteamiento, conlleva a que si el mar en su suelo y subsuelo como continuación geográfica de la costa no ha sido delimitado aún, por no haberse sentenciado la definición de la frontera en el territorio continental de acuerdo a lo señalado por la Corte Internacional de Justicia, menos aún se podrían delimitar los espacios acuáticos.
Con base al señalamiento anterior, ninguna de las partes previo compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, debería por razones jurídicas y éticas disponer de la ejecución de acciones geoeconómicas unilaterales, que en este caso Venezuela ha respetado permanentemente, pero Guyana sí ha actuado contraria a estos principios, otorgando concesiones en tierra y mar, conformando una clara violación del citado Tratado de 1966, cuyo antagonismo ha sido rotundo ante su propia acción demandante en el citado organismo jurídico internacional, razón que le concede a Venezuela si así el país lo dispusiese, del derecho total y absoluto de expulsar a las empresas explotadoras que se encuentran ejerciendo actividades económicas tanto en el Territorio Esequibo como en sus espacios acuáticos, o también, otorgar concesiones a otras transnacionales a favor del país, incluso el poner en práctica diferentes alternativas hasta tanto se negocie bilateralmente entre ambos Estados el arribo a un punto de entendimiento y de equilibrio, aunado a que es indiscutible por derechos de titularidad geohistórica, que dicho espacio terrestre y marítimo en litigio, le pertenece hasta la medianía del río Esequibo a Venezuela.
Adicionalmente, en el mero corazón de esta disputa, el escenario actual se proyecta sobre acontecimientos de primer orden, que constituyen puntales fundamentales que afectan el arbotante central de la plataforma controversial, cuyas interrogantes dejan un sabor amargo y un vacío para todos los connacionales, y hoy en día, merecen una pronta respuesta y actuación de parte del Estado venezolano, siendo estos:
- Venezuela ha protestado las concesiones otorgadas por Guyana en el Atlántico frente a la costa esequibense, enviando notas de alerta y prohibiciones a las empresas transnacionales; sin embargo, no ha realizado con la constancia y el incremento requerido, considerables acciones de patrullaje y control en dichos espacios acuáticos para la salvaguarda y ejercicio de la soberanía nacional, como parte de la política para el fortalecimiento de la defensa integral. ¿Dónde estriba la lógica de esta política exterior que aún no ha sido explicada, dando cabida a diferentes interpretaciones poco sanas para la consolidación del país sobre el tema en cuestión?
- Los supuestos estudios geológicos realizados que han conformado diferentes notas de prensa y señalamientos de expertos, han indicado que el 80% del petróleo existente en el subsuelo de la plataforma continental esequibense, se corresponde con un recurso energético perteneciente a la cuenca del Orinoco, es decir, de Venezuela, pero aún Guyana sigue haciendo caso omiso de ello, y continúa otorgando concesiones ilegítimas a empresas transnacionales, cuyas acciones de parte de Venezuela no han salido del marco diplomático, mediante el envío de una simple protesta o nota de prensa. ¿Y es que la diplomacia cañonera no forma también parte de las acciones disuasivas necesarias, tal como Guyana a costillas de la presencia militar de países del primer mundo, se ha
aprovechado para fortalecer su espuria presencia en el área controversial? - Guyana ha trazado unilateralmente una línea de demarcación marítima que pretende abarcar todo el espacio acuático del Esequibo, cuyo azimut no solo le corta la legítima salida de Venezuela hacia el Atlántico a través del Delta del Orinoco, sino que también ha desconocido la línea de Base Recta venezolana decretada en 1968, que parte desde Punta Araguapiche hasta la desembocadura del río Esequibo, además de no reconocer la línea limítrofe demarcada mediante Acuerdo firmado entre Venezuela y Trinidad & Tobago, lo cual Guyana nunca protestó; sin embargo, debe considerarse que también la línea limítrofe de los espacios acuáticos, realizada entre Guyana y Surinam por la Comisión Demarcadora de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, en la que se utilizó el punto geográfico en el Esequibo, denominado “Ana Regina”, tampoco fue protestada en su momento por Venezuela. En el marco de estas actuaciones, se supone que la tendencia hacia la incoherencia guyanesa no debía salpicar bajo ningún concepto a la política exterior venezolana, pero bajo esta actuación omitida, se dejan puertas abiertas para dilucidar si ¿existe alguna otra explicación que aún el Estado venezolano no le ha dicho al gentilicio nacional?
- Venezuela ha manifestado a inicios de esta semana, que se oyen tambores de guerra en Guyana, incrementándose cada vez más las supuestas tensiones entre los dos países, pero la realidad es que ambos países continúan manteniendo las acciones mencionadas en el punto 1, hecho que no altera la irracionalidad de la agresiva, ofensiva, despectiva, tóxica e ilegítima política guyanesa, así como también le acompaña la aún y muy extraña política exterior venezolana, en la que no se le ha explicado al gentilicio nacional el aparente rumbo oculto que se encamina en paralelo a las insuficientes acciones conocidas, hecho que sigue socavando espacios para el acomodo de posibles escenarios que no son sanos en estos momentos para el país. Estamos frente a un escenario en el que resalta ¿el niño que llora y la mamá que lo pellizca?
- Si Venezuela no ha querido introducir la solicitud de medidas cautelares en la Corte Internacional de Justicia, ante las continuas acciones violatorias de Guyana sobre el Acuerdo de Ginebra de 1966, se podría interpretar en positivo a favor de la Comisión Tecno-jurista, que el Estado venezolano no lo ha hecho, dado que ello sería un reconocimiento tácito y antagónico sobre la competencia jurídica de dicho organismo legal internacional en la controversia territorial, razón que por otro lado, reafirmaría la necesidad de conocerse por parte de todos los venezolanos, el rumbo que se requiere asumir antes del 8 de abril del 2024, fecha de entrega de la Contramemoria venezolana ante el Tribunal de La Haya. En lo personal, opino que ello debería aclararse antes del 3 de diciembre del 2023, ya que, de lo contrario, el anunciado referéndum consultivo programado, estaría sustentado sobre un débil y fragmentado puntal lleno de vacíos, considerando el abanico interpretativo que se maneja hoy en día a nivel nacional sobre el litigio territorial.
- El Gobierno Nacional y los venezolanos, le hemos venido dando a esta controversia territorial, un color radical y y una actuación reactiva que se adjudica únicamente al ámbito político, olvidando que este asunto se ubica muy por encima de las inclinaciones personales y de gobiernos, por incidir ello en la salvaguarda de nuestra soberanía y del sentido de integridad territorial, pilares que emergen en el contexto de nuestra Defensa Integral, que sumado a las acciones de desarrollo regional, enmarcan la Seguridad de la Nación venezolana. En este contexto, se pretende realizar un Referéndum Consultivo el 3 de diciembre del 2023 para abordar el asunto que supone una acción cohesionada de Estado, sin embargo, el Gobierno Nacional ha sacado solo a la luz pública las interrogantes que se manejarían en el citado referéndum hasta ahora, sin haber dado mayor explicación sobre el tema y la situación real de la controversia, lo que aún no está del todo claro para muchos connacionales, y así ¿esperan que el pueblo de Venezuela asista? Difícilmente ello ocurrirá si no se toman acciones adecuadas y acordes mediante una campaña comunicacional sobre el tema, en el que se abarquen razones interactivas y de concientización. No hacerlo, implicaría una clara desviación de las prioridades que se manejan sobre el tema. A buen entendedor, pocas palabras.
- El Gobierno Nacional mediante un proceso de entendimiento logró dar pasos muy importantes en materia petrolera, gasífera y minera con los Estados Unidos de América, en los que obtuvo significativos avances que apuntan hacia el alivio considerable de algunas sanciones internacionales contra el país, que de seguro tendrán también, y de manera escalonada, significativas incidencias sobre los avances de la controversia territorial para la recuperación del espacio geográfico integral, sumatoria de hechos que han ingresado complejamente al reciente Acuerdo firmado en Barbados entre Gobierno y Oposición, por lo que un resquebrajamiento del mismo, tendría ineludiblemente consecuencias que afectarían de nuevo la situación del país, y ante los últimos hechos internos ocurridos en Venezuela, le pregunto a la Comisión Tecno-jurista y al lector: ¿qué prevalecería más como fundamento para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación venezolana, si es la compleja situación internacional que se afronta con la controversia territorial del Esequibo, incluyendo la multifacética situación interna del país, o las posiciones políticas partidistas de uno u otro lado?
- La Fachada Atlántica Venezolana, conformada por el mar derivado del Estado Delta Amacuro y del propio Territorio Esequibo, al enlazarse con las aguas del Golfo de Paria y con las futuras delimitaciones a efectuarse con las islas anglosajonas del Caribe Oriental, abarca una extensa franja marítima en el Mar Caribe, con elevado valor estratégico para Venezuela, en la que se desarrollan actividades de primer orden, sustentadas en la seguridad a la navegación del comercio y del turismo, las cuales inician y culminan en importantes puertos y terminales marítimos del país, además de las multidisciplinarias actividades tanto pesqueras como de investigación marina, ecológica, climática,, etc., que se efectúan en diferentes áreas que ameritan una adecuada atención ante el sensible abandono perceptible desde hace tiempo, por lo que debemos despertar de una vez por todas, dado que la controversia territorial con Guyana nos plantea desafíos que tienen serias implicaciones sobre este asunto, y que debemos afrontar con todo el peso que se requiere. Si no es así, entonces, ¿para qué se creó la zona de desarrollo marítimo como parte de la defensa integral en la fachada marítima del Atlántico, si el Estado venezolano no se hace sentir con todo el peso y el derecho que tiene sobre dicha fachada acuática?
- Como consecuencia de las actuales tendencias internacionales, el ensanchamiento de los espacios acuáticos sujetos a la soberanía y jurisdicción de los Estados, a propósito de conformar una clara tendencia de territorialización de los mares y océanos, le han abierto erróneamente las apetencias al Gobierno de Guyana, quien ha estado desde el principio al margen de la formación de las normas internacionales, demostrando su incapacidad de operar como sujeto jurídico legal en el plano internacional, dado que Venezuela, con los derechos marítimos que posee, así como los geológicos correspondientes a la cuenca del Orinoco en el Atlántico, aunado al compromiso adquirido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, le impiden indiscutiblemente realizar al Gobierno guyanés las barbaridades y desatinos que ha estado perpetrando, siendo estas las circunstancias que le imposibilitan su participación en la formación de normas adecuadas, dado que las mismas no se corresponden con del Derecho del mar ni con el Derecho Internacional Público, incurriendo en otros delitos adicionales que se enmarcan en la estafa, sustracción, usurpación de espacios, violaciones, falsificaciones documentales y quimeras.
- Ya a estas alturas del tiempo transcurrido desde las dos sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia, sin fundamentos sólidos, incluyendo omisiones jurídicas tanto en el 2020 como en el 2023, ha quedado claro que aun sin tener la razón a criterio sustentado por Venezuela, la competencia jurídica del citado organismo no tiene vuelta atrás, por lo que el Estado venezolano debe pasar esta amarga página a la que ha estado no sin razón, empalmado e incluso guindado en un continuo proceso de evaluación, ante la baja confiabilidad que ha demostrado la mencionada Corte, en la que ésta, ha ventilado graves deslices, generando contradicciones y violaciones legales, por lo que se debe decidir la viabilidad de comparecencia de la Comisión Tecno-jurista ante el Tribunal Internacional de La Haya, para seguir adelante o no con el manejo judicial de la controversia
territorial correspondiente a la demanda introducida por el Gobierno de Guyana.
Con todos estos señalamientos, la realidad actual requiere hoy más que antes, mayor cohesión y racionalidad de todos los venezolanos, alineados con miras a un rumbo de país y no de una tolda política, por lo que conviene indicar que son muchas las dificultades a encontrarse durante todo este proceso actual, encapsuladas en una médula neurálgica que amalgama turbios intereses sobre el tablero estratégico mundial, y se dinamizan en un mismo bloque, en el que las apetencias internacionales sobre las riquezas petrolera, gasífera, minera, hídrica y forestal que existen en el espacio geográfico integral del Esequibo, se han encadenado hacia el manejo de una geopolítica, geoeconomía y geoestrategia que incide sobre una latitud a la que se le había prestado poco interés hasta hace unos años, pero hoy en día es muy distinto el panorama que se ha venido avizorando de parte de algunos países del primer mundo, de la OTAN, de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la CARICOM, de la OEA, e incluso de países que se hacen llamar hipócritamente aliados de Venezuela, mientras se benefician de los recursos que existen ya sea en el país o en el propio espacio continental y acuático del Esequibo.
La presencia de Venezuela en los espacios acuáticos del Esequibo, en su frontera actual, y en las acciones orientadas hacia los habitantes que se encuentran en el propio Estado Esequibo, territorio en reclamación de Venezuela, constituyen en su conjunto una necesidad de primer orden, que agrega valor, coherencia, fortalecimiento del sentido de integridad territorial, y unión de todos los venezolanos ante cualquier acción que intente el país vecino, por lo que basta de seguir permitiendo que un gobierno como el de Guyana, siga generando actitudes y acciones cual Estado profundo, desvirtuando la verdad de todo cuanto enmarca a este litigio territorial, así como violando mediante la estafa y el desfalco, los recursos que le pertenecen por derechos legítimos y geohistóricos a esta Nación, de manera de lograr de una vez por todas, que se consolide la afirmación en la que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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