(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
“El enemigo de mi enemigo, es mi amigo”, oportuno y ajustado proverbio a las relaciones internacionales, alineado conforme se han ido desarrollando los acontecimientos sobre el litigio territorial que afronta Venezuela contra Guyana, el cual ha sido utilizado como doctrina del Gobierno vecino para evitar medrosamente una confrontación directa. En el pasado cercano, a pesar de las diferencias ideológicas, este aforismo conformó la alianza de los países capitalistas que convinieron con la extinta Unión Soviética contra Alemania durante la segunda Guerra Mundial.
La controversia territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo ha incrementado cada vez más, su polémica, incisivas presiones y conjugación de múltiples intereses, que sigue ocupando uno de los topes del conjunto de variables prioritarias que se manejan en el tablero internacional, regional y nacional del país, en el que la situación real se enmarca hoy en día sobre una frontal escalada de tensiones, sin arribar todavía a una posible crisis y menos aún a probables conflictos, como lo han pretendido señalar algunos personajes, por lo que el asunto en sí, se viene manejando sobre una dinámica que colisiona crispada e iracundamente, en medio de paredes cual cuadrilátero que han abarcado hasta ahora únicamente el ámbito político, y no el ámbito militar, como se ha procurado denotar a través de algunos escritos presentados en las redes sociales.
Con base a lo anteriormente señalado, el 14 y 15 de noviembre del 2023, se llevaron a cabo las audiencias respectivas en la Corte Internacional de Justicia tanto por los representantes de Guyana como de Venezuela, a propósito de la solicitud de las medidas respectivas pretendidas por el primero de los citados, sobre el Referéndum Consultivo previsto para el próximo 3 de diciembre del 2023.
Recordando al lector que el tema en cuestión es un asunto de Estado y no de tolda partidista política alguna, el descaro con el que se pronunció el Gobierno del país vecino ante la Corte fue de tal magnitud, que dejó claramente expresada su aberrada manipulación, en la que señaló que prácticamente el Tribunal Internacional de La Haya, tenía adelantada la sentencia sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 a favor de Guyana, razón que exacerba por un lado una vez más, el marco de intransigencia y desesperación de del Gobierno de Guyana, al igual que resaltan una vez más, los aliados del Gobierno guyanés que conforman el cuadrilátero ajedrezado ya mencionado repetitivamente en artículos anteriores, razones que denotan el apuro de ese gobierno por consolidar alguna posición que desvíe la atención del organismo jurídico internacional, al verse cada vez más con la soga al cuello ante los repetitivos delitos y errores cometidos contra Venezuela y la comunidad internacional. Vergüenza, deshonor e ignominia, fue lo que demostraron los representantes guyaneses ante la grosera e hipócrita simulación de victimizarse con la exposición realizada.
Ello fue la aberrada estrategia repetitiva una y otra vez más, de actuar a escondidas bajo los pantalones de terceros para que otros atiendan y resuelvan sus problemas.
En este contexto, otros actores internacionales se han venido sumando con su participación y uso de mecanismos de presión sobre el tema objeto de estudio, tal como lo hizo hace poco la Organización de Estados Americanos, a través de su Secretario General, Luis Almagro, quien se manifestó por obvios intereses personales a favor de la posición exteriorizada por la CARICOM, dado que además de inclinarse esta en favor de Guyana, ha generado sensibles críticas a la gestión del Sr. Almagro, y también, conforma hoy en día un total de catorce (14) votos para su posible reelección; en este contexto, es oportuno señalar en el presente párrafo, que la posición adoptada y amoldada a los intereses personales del Sr. Almagro en favor de la CARICOM, se corresponde también a la Commonwealth, conformada por cincuenta y seis (56) países, incluyendo a países no alineados. De ello claramente se deriva el interés de este personaje por lo que surge la interrogante de ¿si este interlocutor figurante ha venido apuntando realmente con su aporte, al interés por la solución de la controversia territorial de Venezuela y Guyana, o a su intención de atornillarse en el poder como Secretario General de la OEA?
Por otra parte, está claro que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual alberga en su estructura a la Corte Internacional de Justicia, ha venido sucumbiendo su credibilidad y baja confiabilidad ante la opinión pública internacional, propiciando incomodidades y tensiones inadecuadas, que han enervado la fe en una institución que ha venido actuando con frontales omisiones y ajustes a los intereses geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos de gobiernos y sistemas propicios a las políticas que se manejan en el tablero estratégico mundial, mientras que el fin supremo concerniente a la creación de la citada Organización, ha estribado en garantizar la paz y la justa convivencia entre los pueblos del mundo.
En el mismo contexto anterior, no debe olvidarse que, por decisión unilateral del citado organismo internacional, fue que a través de su Secretario General, se desvió el proceso de entendimiento bilateral penúltimo entre Venezuela y Guyana mediante el mecanismo de los Buenos Oficios, para darle cabida al mecanismo judicial mediante la participación del Tribunal de La Haya, hecho que alejó la posibilidad por ahora, de arribar a una solución satisfactoria, aceptable y práctica para ambas partes, lo cual está claramente previsto en el Acuerdo de Ginebra de 1966, por lo que la competencia jurídica de la Corte Internacional de Justicia, también les genera beneficios a los involucrados;. Verbo y gracia, la empresa Exxon Mobil ha venido costeando los gastos requeridos al Gobierno de Guyana ante el mencionado organismo legal internacional, quien ha dejado de lado la ilegalidad bajo la cual éste ha venido actuando, dándole cabida a su jurisdicción sin vuelta atrás, actuación que en el marco del Derecho Internacional requiere del consentimiento de los Estados involucrados, y ello NO se le ha respetado a Venezuela.
De allí las reservas del suscrito sobre la continuación y transformación del Laudo Arbitral de París de 1899, Parte I, en Parte II, y de hecho, un Gobierno como el de los Estados Unidos de América, país aliado y corresponsable de la sentencia dictaminada contra Venezuela en aquel entonces, es uno de los países que hoy en día, ha condicionado a una serie de reservas y reconocimiento la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.
Al abordar la cara opuesta de la moneda, el sórdido silencio calificado como osado e irrespetuoso de la ONU, ante las actividades circunscritas al ámbito geoestratégico internacional que, el Gobierno de Guyana ha venido realizando con otros gobiernos del primer mundo, incidiendo frontalmente en la seguridad regional que afecta ineludiblemente a Venezuela, se ha conformado otro de los factores incomprensibles sobre la actuación descomedida de la ONU, que sumado a las licitaciones ilegítimas otorgadas por el país vecino a empresas transnacionales para la exploración, explotación y comercialización de recurso energéticos, mineros y forestales, en el espacio continental y marítimo del Esequibo, sin haberse dictaminado por el Tribunal de La Haya las absurdas aspiraciones que tiene el Gobierno vecino, se accede a una baja conciencia sobre el verdadero y descarado descalabro que pesa sobre las deshonestas actuaciones de la ONU, por lo que se reafirma una vez más, la real desconfianza y credibilidad orientada a la búsqueda por una supuesta paz.
Lamento tener que reconocer el señalamiento efectuado, dado que es lo que irradia mi conciencia como venezolano que defiende los derechos de nuestro país sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, y más aún, al haber accedido a pilares geohistóricos fundamentales que han reafirmado la pertenencia de dicho territorio, cuyo costo tiñó en sangre, sudor y lágrimas a tantos connacionales que dieron su vida por lograr la independencia que fue ultrajada posteriormente por viveza del Gobierno de Gran Bretaña en el siglo XIX, razón que eleva el coraje que me arropa ante las viles acciones del ayer y de hoy para con el país y su gentilicio.
Por todo lo señalado, y en aras del acontecer nacional, las interrogantes que emergen a flor de agua, considerando en contraposición las declaraciones dadas por el Gobierno Nacional, enmarcadas lógicamente en el campo de las relaciones internacionales, apuntan en la actualidad hacia ¿Quién de los países aliados está actualmente apoyando a Venezuela en esta controversia territorial? ¿Cuál es la verdadera prioridad que el Estado venezolano está manejando hoy en día sobre el litigio actual con Guyana? ¿Están privando las acciones necesarias hacia una real recuperación territorial del Esequibo o más bien, privan la conglomeración de factores que sustentan las derivaciones políticas internas del país?
Está más que claro, y así lo señalé en el artículo anterior que, ante la actuación aberrada de Guyana al darle la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966, explotando a diestra y siniestra los recursos energéticos, mineros y forestales que existen en el territorio en reclamación, que le pertenecen a Venezuela por derechos geohistóricos, jurídicos, cartográficos, políticos y militares, surge como pilar estratégico la necesidad de crear el vigésimo cuarto Estado de la División Territorial de Venezuela, hecho que debía realizarse sin dilación ni dualidades, incorporando dicho Estado al mapa de Venezuela sin más rayados.
Si Guyana lo hizo bajo la hipócrita manifestación de su ajuste al Acuerdo de Ginebra de 1966, traicionando todo principio deontológico de ética, integridad y conciencia, Venezuela también amoldada al citado Acuerdo, tiene todos los derechos sobre dicho espacio geográfico en disputa; así mismo, es hora que el Gobierno Nacional abandone el absurdo silencio y cristalice ante el país y la comunidad internacional, la extraña política exterior que ha venido manejando, por la que no se le ha dado explicación alguna al gentilicio nacional sobre determinadas acciones inverosímiles, en la que por ejemplo, si la empresa transnacional norteamericana Exxon Mobil ha estado explotando nuestros recursos petroleros en el bloque Sttabroek, y Venezuela ha reclamado dicha acción, entonces, ¿por qué a China, a través de la empresa CNPC, que tiene el 25% de las acciones, no se le ha reclamado y exigido también su retiro sobre la ilegalidad que está cometiendo, lo cual debía incluir también a la transnacional Chevron? ¿Por qué se apoya geoeconómicamente a otros países que están apoyando frontalmente a Guyana, y no a Venezuela?
Adicionalmente, el Gobierno guyanés, bajo la figura de la acostumbrada y harta estafa internacional, ha otorgado licitaciones a empresas transnacionales para la exploración y explotación petrolera, minera y forestal, tanto en los espacios acuáticos como continental del Esequibo, beneficiándose unilateralmente, creyendo que con ello, jurídicamente estaría fortaleciendo su presencia en el área reclamada, cuando el propio Acuerdo de Ginebra de 1966, estableció que nada de lo que alguna de las dos partes de la controversia realizase en el territorio en reclamación, le otorgaría derechos, o que la parte contraria renunciaba a los suyos.
Lógicamente ello se correspondió al territorio continental, porque el marítimo no ha sido aún delimitado por razones obvias, hecho que profundiza el turbio proceder de dicho gobierno, al otorgar licitaciones sobre un espacio del cual no posee titularidad alguna ni delimitación realizada con Venezuela, e incluso, peor es el delito cometido por ese Gobierno, al haber intentado llevar a cabo actividades geoeconómicas en los espacios acuáticos proyectados de manera natural por el Estado Delta Amacuro hacia el océano Atlántico, pretendiendo cerrarle a Venezuela su libre salida al mar.
Se le recuerda también al lector una vez más, que la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, no nació como parte de una decisión consensuada entre Venezuela y Guyana, sino entre los Gobiernos de Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siendo agregada la firma y el compromiso respectivo al momento de su independencia, de la República Cooperativa de Guyana, cuyo documento se originó reconociendo la contención unilateral de Venezuela, por la que el Laudo Arbitral de París de 1899 es nulo e írrito, dado que de lo contrario, no tendría sentido haberlo firmado. El haber adoptado una posición contraria posteriormente, evadiendo las posibilidades de entendimiento entre las partes, constituye una clara violación del mencionado Tratado, la cual fue respaldada con el continuo silencio del Secretario General de la ONU.
Tomando en consideración el caso del conflicto de Las Malvinas en 1982, o el caso de la incursión de la Corbeta Caldas en 1987 al Golfo de Venezuela, el fin último fue lograr la cohesión de la población a favor del Estado respectivo ante la situación interna que afrontaba cada uno de los países afectados. Tomando como referencia al caso de Las Malvinas, la citada cohesión se logró al principio, pero los objetivos del conflicto no se lograron, terminando el asunto con los obligados cambios gubernamentales, juicios y encarcelamientos de las cabezas responsables. Es por ello que, en el caso de Venezuela, sería muy importante recordar todos estos factores que no solo tendrían consecuencias sobre una parte del país, sino más bien en todos los venezolanos, razón por la que como mencioné al principio, el cuadrilátero de la lucha actual en el litigio por
el Esequibo, es de carácter netamente político, no militar.
Mientras continúa en vigencia el presente escenario en el plano nacional e internacional con los últimos acontecimientos acaecidos, el Estado venezolano debería actuar sin perder de vista que el Gobierno de Guyana aún se mantiene en una diatriba de elevada incomodidad que ha puesto en dudas su supuesta seguridad para el alcance de sus falsos positivos ejes apuntalados en variables geoeconómicas, geopolíticas y geoestratégicas, mientras que a Venezuela se le han abierto las puertas para el fortalecimiento de su economía, a través de la empresa transnacional Chevron, incorporándose también dentro de poco, los ingresos financieros de ENI, Repsol y Maurel & Prom, pese a que la producción petrolera nacional se proyecta aún a unos setecientos mil barriles diarios, hecho que tendrá que manejar el Gobierno Nacional, por lo que deberán evitarse las ventas del crudo a precios por debajo del mercado, para simplemente complacer intereses que encajan perfectamente en el proverbio utilizado al principio de este artículo. No hay peor ciego que quien no quiera ver.
En el campo de las relaciones internacionales, ya Estados Unidos ha comenzado a reducir escalonadamente el precio de venta de la gasolina proveniente de la materia prima petrolera venezolana y del producto comercializado a través de la Exxon Mobil en el Esequibo, aunado al racionamiento de los recursos destinados a los dos conflictos que se manejan en el tablero estratégico mundial (Ucrania e Israel), hecho que se mantiene en el tapete de las negociaciones y de los procesos de entendimiento, por lo que en las circunstancias actuales, es claro que el Acuerdo de Ginebra de 1966, no le ofrece una solución de interés a Exxon Mobil, ni a Guyana, además de salpicar los intereses norteamericanos sobre la región, en materia energética, minera, forestal, hídrica, gasífera o ecológica.
Es allí donde entra por supuesto la necesidad de una vía alterna, en la que se le involucró a la Corte Internacional de Justicia a través de Secretario General de la ONU, dado que con la codicia de por medio, cabe el refrán popular que reza “por la plata, baila el mono”, y sobre ese puntal, teniendo por supuesto la Exxon Mobil capacidad de respuesta para ello y mucho más, ha debilitado las obligaciones de los entes participantes alejándolos abiertamente del Acuerdo de Ginebra, sabiendo que Venezuela no es signataria de la aceptación obligatoria sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Más claro imposible.
Adicionalmente, el Gobierno norteamericano que se encuentra actualmente de cara a las Presidenciales de 2024, necesita evitar el impacto que podría generar el alza de los combustibles y la energía, y es precisamente el petróleo proveniente de Venezuela que podría coadyuvar al alcance de este objetivo político fundamental, razón por la que las sanciones contra el país tendrán un cambio obligado en el se engrana nuevamente la participación del mercado norteamericano.
Por supuesto, que la apertura del citado mercado se enlaza además del posible alivio para Venezuela, a otros intereses geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos, enmarcados en la recuperación de espacios hacia América Latina, tratando de alejar la influencia de Rusia y China como potencias que han abarcado significativas áreas prioritarias en el marco de la seguridad regional, y de hecho, no olvidemos que la licencia de la OFAC no autoriza la disposición de actividades económicas con empresas con sede en Rusia, por lo que en el caso de las empresas mixtas en las que participa la transnacional Chevron, la exportación del petróleo será única y exclusivamente a los intereses de los Estados Unidos de América.
Este escenario un tanto asimétrico, arma de doble filo sobre el tablero estratégico regional, constituye indefectiblemente un instrumento de primer orden, para retomar el entendimiento con el Gobierno norteamericano sobre la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo en favor de Venezuela, y el Gobierno de Guyana le teme definitivamente a esta posibilidad que se afianza cada día más, considerando que la extracción del petróleo en los espacios acuáticos del Esequibo ha sido más costosa y más engorrosa. Esta oportunidad no puede ser desaprovechada.
Y para finalizar, la credibilidad y confiabilidad demostrada por el organismo jurídico internacional, se ha inclinado suficientemente a los intereses contrarios de Venezuela, incluso violando su propia normativa, tal como se ha podido deducir de las dos sentencias de forma que ha dictaminado hasta ahora el Tribunal de La Haya, razón suficiente de mucho peso para seguir ahondando con la mayor profundidad requerida, la inserción de la documentación jurídica apropiada en la Contramemoria del 2024, indistintamente de la decisión que adopte el Gobierno Nacional sobre su participación o no en el juicio respectivo, aunado a que debemos estar claros, que el reclamo venezolano realizado en las dos ocasiones anteriores a este proceso iniciado desde el 2018, sobre la competencia jurídica del citado organismo, no pasará de largo como si no hubiese sucedido nada.
En este contexto, hoy más que nunca, debemos ser muy prudentes y oportunos en las decisiones y acciones que se adopten, las cuales deben asumirse con entera corresponsabilidad, de manera que estemos muy conscientes y seguros cuando afirmamos que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado
Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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El Tratado de Límites firmado entre el Imperio del Brasil y la República de Venezuela en 1859, debidamente protocolizado, estableció indubitablemente que todos los espacios geográficos del Rio Esequibo son venezolanos.
Derecho primario, desde 1859.
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