(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
El tema neurálgico en torno a la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo, lo conformó esta semana la reunión realizada en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre del 2023 por los Presidentes de Venezuela y Guyana, la cual fue propiciada con carácter de urgencia tanto por la CARICOM como por la CELAC en conjunto con el Presidente de Brasil, en el que previo al citado encuentro, mientras que ambas partes coincidían en la búsqueda de la coexistencia por la vía pacífica y el respeto del Derecho Internacional, con el compromiso de mantener al Caribe como zona de paz, el Estado venezolano recibió con satisfacción y beneplácito la convocatoria a la reunión de alto nivel con Guyana, ratificando la posición histórica sobre los incuestionables derechos soberanos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, al igual que del carácter legítimo y pacífico de la reclamación, pero el Gobierno de Guyana a la vez que confirmó su asistencia a la reunión, reiteró antes de asistir, que la frontera terrestre no estaría disponible para su discusión, ya que el caso se encuentra actualmente en la Corte Internacional de Justicia, y cuando ello sea juzgado, se respetará plenamente la decisión final.
Pero al Gobierno de Guyana se le olvidó a conciencia por supuesto, que dicho país al igual que otros, incluyendo a Venezuela, no han reconocido la competencia obligante de la Corte Internacional de Justicia, que además de estar ello previsto, ese organismo jurídico internacional estableció que debía resolver las controversias legales entre los Estado que sólo estuviesen bajo su jurisdicción, por lo que su participación estaría limitada a los asuntos en los que “ambas partes” habrían sometido su disputa a la Corte, NO de una. Y ese es el caso de Venezuela, razón por la que el suscrito le ha sugerido a la Comisión de Expertos Tecno Juristas venezolanos a través de los artículos semanales escritos sobre el tema objeto de estudio, que indistintamente de la decisión que tome el Estado venezolano de comparecer o no ante el citado organismo jurídico internacional, es imprescindible que se entregue la Contramemoria en abril del 2024, de manera que las pruebas que desenmascaran la farsa y manipulación del Gobierno de Guyana, queden al descubierto, y sea la propia Corte quien con pruebas en mano, pueda discernir lo erróneo de sus decisiones anticipadas, y la inclinación de la balanza hacia el verdadero dueño del Territorio Esequibo, que en este caso le corresponde geohistórica, integral y legítimamente a Venezuela, razón fundamental para el anulamiento inmediato de la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899.
Adicionalmente el Gobierno de Guyana evadió nuevamente el reciente señalamiento manifestado por la Corte Internacional de Justicia, quien se inclinó a vetar acciones de Venezuela en el marco del control y la administración del Esequibo ejercido por parte de Guyana, cuidándose de no señalar el ejercicio de la soberanía de dicho territorio de parte del país vecino, dado que en su preanálisis y preevaluación, el Tribunal de La Haya sabe anticipadamente que la soberanía del Esequibo no le pertenece a Guyana, sino a Venezuela, pero ello no lo puede definir aún hasta culminar el análisis de fondo, puesto que ello adelantaría la invalidación y anulación del Laudo Arbitral de París de 1899, y ajustada muy convenientemente la Corte al Acuerdo de Ginebra de 1966, definiría la línea de la frontera entre ambos países, en términos de una solución práctica mediante una posible recuperación parcial para Venezuela, de manera de acordar una solución práctica y satisfactoria para las partes, hecho que le permitiría lavarse política y diplomáticamente las manos con las omisiones, errores y aciertos existentes desde el siglo XIX hasta hoy en día.
Antes de haberse iniciado el encuentro entre los Presidentes de Venezuela y Guyana en San Vicente el pasado 14 de diciembre del 2023, el cuadro que de entrada enmarcó la disputa actual sobre el Esequibo, en lugar de haber tendido a la disipación de algunas variables que giraron en torno al tema durante el siglo XX, ha venido agregando más bien factores que han conformado en el presente siglo XXI, un complejo entramado de turbias, desleales e inaceptables acciones, en el que el nódulo central de estas dificultades políticas y diplomáticas, ha partido de un solo ente denominado “Estado profundo de Guyana”, en el que destacan algunas fragilidades como:
- El haber vacilado cínicamente el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana desde su independencia, el compromiso y la responsabilidad que se le adjudicó con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyo soporte se sustentó en su origen sobre la reclamación venezolana en cuanto a la anulación del Laudo Arbitral de París de 1899, y la búsqueda de una solución pacífica y satisfactoria para las partes, NO para una.
- El haber vacilado como política continua del Gobierno vecino, la necesidad de llegar a un entendimiento por el mecanismo de los Buenos Oficios, que debía beneficiar a las dos partes, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, hecho que fue permanentemente evadido.
- El lobby unilateral del Gobierno de Guyana en resquebrajar los medios de entendimiento, logrando que la decisión particular auspiciada por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en elevar el caso sin pasar por otras alternativas al mecanismo judicial a través de la Corte Internacional de Justicia, haya sido resuelto sin el consenso de Venezuela, beneficiando únicamente los intereses del Gobierno de Guyana.
- El otorgamiento unilateral de licitaciones totalmente ilegítimas por parte del Gobierno de Guyana a empresas transnacionales de diferentes países, para la explotación en el espacio geográfico continental en disputa de los sectores minero y forestal, violando el Acuerdo de Ginebra de 1966, originando severos daños ambientales, en el que además, nunca le fue señalado por el Gobierno de Venezuela que el beneficio de las utilidades sería de uso unilateral, es decir, de Guyana únicamente.
- El irrespeto del Gobierno de Guyana en violar y desconocer el Tratado de delimitación de las aguas marinas y submarinas en el Océano Atlántico, realizado entre los Gobiernos de Venezuela y Trinidad & Tobago a finales del siglo XX, sin haber elevado el país vecino ninguna nota de protesta en su momento, lo cual es un reconocimiento tácito en el Derecho Internacional.
- La desfachatez del Gobierno de Guyana en haber delimitado las aguas marinas y submarinas con Surinam, mintiendo sobre la inexistencia de una disputa territorial con Venezuela ante la Comisión de Delimitación de la Plataforma Continental de la ONU, utilizando como referencia a su favor, el punto geográfico costero de “Ana Regina”, ubicado en la costa del Esequibo.
- El Trazado unilateral que hizo el Gobierno de Guyana sobre los espacios acuáticos del Atlántico, en el que ha intentado cerrarle a Venezuela la libre salida al océano Atlántico, concedido de manera
natural tanto por el Delta del Orinoco como por el propio Estado Esequibo. Peor aún, dicho Gobierno se tomó la atribución inconsulta de trazar sus límites marítimos, sin haberse aún delimitado la verdadera línea fronteriza terrestre con Venezuela, sabiendo que en el Derecho Internacional del Mar, la tierra precede al mar y no contrariamente.
- El haberse aprovechado Guyana de su poder estructural situacional y táctico en contra de Venezuela, para mal poner al país ante la comunidad internacional, concibiendo continuamente falsos positivos profundamente turbios y llenos de invenciones, a propósito de desviar la atención ante el mundo sobre las verdaderas acciones que había emprendido, contrarias a su compromiso en 1966, a lo cual nunca se enfiló ni cumplió, aunado al hecho de carecer de sustentos que avalen la motivación del fallo del Laudo Arbitral de París de 1966. Esta ha sido la verdadera política exterior del Gobierno de Guyana, …, simulando las insensateces e ilegalidades que ha venido cometiendo, para desviar la atención internacional de la nefasta realidad que le preocupa, mientras que continúa dejando en manos de terceros la atención y manifestación de sus propios problemas, de manera que victimizándose, sean otros los que resuelvan sus dificultades.
- El hecho de haber permitido conjuntamente con el Gobierno de Brasil, la construcción de la carretera estratégica atravesando longitudinalmente al Territorio Esequibo, alimentando las aspiraciones del país del sur en cuanto a su necesidad de salir de manera más directa tanto al océano Atlántico como al mar Caribe, constituye una arbitrariedad e irrespeto con el Estado venezolano, tanto de parte del Gobierno de Guyana como del de Brasil, y más aún, cuando hay un Tratado de Delimitación entre Venezuela y Brasil, en el que éste último reconoció el Esequibo como parte de nuestro territorio nacional.
- El haberse permitido la conformación de una colonia brasileña sin el permiso del Estado venezolano, en el que hoy en día, ésta se conduce mediante el ejercicio de una vida integral en el Esequibo, incrementando la población de ese país en la región en disputa, constituye una clara componenda que desdice mucho de las actuaciones de los Gobiernos de los países vecinos contra Venezuela.
- El desconocimiento a conciencia tanto del Gobierno de Guyana como de Brasil, sobre el Tratado de Delimitación fluvial realizado el 5 de mayo de 1859, en el que el Gobierno de Brasil reconoció al río Esequibo y sus afluentes como límite oriental de Venezuela, no de la Guayana Británica, constituye hoy en día un punto neurálgico que preocupa a los guyaneses ante la demanda interpuesta en la Corte Internacional de Justicia.
- El haber otorgado ilegítimamente licitaciones a empresas transnacionales de diferentes países en los espacios acuáticos del Esequibo, especialmente en la asignación de áreas correspondientes al bloque Stabroek, a propósito de explorar, explotar y comercializar el petróleo que fue descubierto desde el año 2015, constituye un delito de elevada magnitud, en el que además, el Gobierno de Guyana ha ampliado sus perversas y descaradas acciones, al autorizar ilícitamente a la Exxon Mobil y otras empresas, a la extracción de petróleo, incluso en los espacios acuáticos provenientes del Delta del Orinoco.
- La Exxon Mobil y sus socios han realizado hasta ahora un total de 46 descubrimientos ilegales. elevando las reservas de petróleo en esa zona alrededor de 11.000 millones de barriles que legalmente están a favor de Venezuela, pero el Gobierno de Guyana ha autorizado ilícitamente su explotación. La mayoría de las reservas se encuentran en el citado bloque de petróleo y gas natural de 26.000 kilómetros cuadrados conocido como Bloque Stabroek.
- El Gobierno de Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en el 2018, a propósito de validar el Laudo Arbitral de París de 1899 y delimitar la línea fronteriza entre los dos países, y hoy en día el proceso se encuentra bajo la unilateral e incontenida competencia jurídica que se adjudicó el citado Tribunal Internacional de La Haya, la cual Venezuela no aceptó desde el principio, por lo que tampoco el mencionado organismo jurídico ha dado acertadas muestras de confiabilidad y credibilidad, hecho que ha puesto en tela de juicio la tendencia que por excelencia se ha mostrado históricamente, al inclinarse dicho organismo a la toma de decisiones que favorecen los intereses de sobre quienes ostentan el poder geopolítico, geoestratégico y geoeconómico a nivel global.
- La empresa Exxon Mobil como parte de su estrategia, a propósito de asentar la sólida posición a futuro en el Esequibo y los espacios acuáticos contra Venezuela en materia petrolera y gasífera, sufragó los gastos financieros para llevar adelante la demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela, aportando quince millones de dólares.
- Gran Bretaña tuvo la osadía de lavarse las manos de su compromiso firmado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, dejando en manos del Gobierno de Guyana al momento de su independencia, la disputa sobre el Esequibo con Venezuela, y el Gobierno del país vecino asumió el evasivo e irrespetuoso comportamiento desde ese entonces, superando cual discípulo las enseñanzas políticas del maestro británico, hecho que fue aceptado por la Corte Internacional de Justicia, al ratificar que Gran Bretaña no tenía que asumir su participación en la disputa, aun cuando la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 se realizó entre los Gobiernos de Venezuela y Gran Bretaña, incorporándose posteriormente la República Cooperativa de Guyana.
- Se llevó a cabo sin la autorización del Estado venezolano la realización de actividades militares combinadas en el espacio geográfico del Esequibo, en que se realizaron supuestas actividades de ayudas humanitarias, hecho que incrementó sostenidamente las tensiones entre los dos países, además de las actividades disuasivas y repetitivas baja la hipócrita diplomacia cañonera manejada por otros países, lo que avala el cuadro de amenazas implícitas que se estaban suscitando desde hace tiempo por parte del Gobierno de Guyana.
- Las amenazas actuales del Presidente de Guyana, en manifestarle a Venezuela el apoyo militar con el que cuenta el país vecino en caso de una invasión al Esequibo, proveniente del Comando Sur de los Estados Unidos de América, hecho que además de elevar las tensiones entre las partes, abrió las puertas a escenarios que darían cabida a una posible crisis y posterior conflicto internacional, lo cual no puede ser calificado sino como el de una total irresponsabilidad que amerita verdaderamente, la destitución inmediata de un ser tóxico y absurdo que mal podría llevar las riendas de un país en la situación actual.
En el encuentro realizado en San Vicente y las Granadinas entre los mandatarios de Venezuela y Guyana, con la participación de la CELAC, CARICOM, Brasil y la Organización de las Naciones unidas (todos en contra de Venezuela), es claro que no se llegó a ninguna resolución de fondo; sin embargo, en un comunicado conjunto publicado tras la reunión, se acordó que directa o indirectamente no se amenazarían ni utilizarían la fuerza militar mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados; sin embargo, con el citado comunicado conjunto conformado por once puntos acordados, Guyana ratificó su plena confianza en los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia que dirime la controversia fronteriza, mientras que Venezuela antagónicamente a la posición guyanesa, ratificó el no reconocimiento de la competencia jurídica del mencionado organismo jurídico internacional en este asunto. Los once puntos abordados fueron:
- Se acordó que ni Venezuela ni Guyana, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados. ¿Y cuál fue la posición venezolana ante el ejercicio de la diplomacia cañonera manejada por el Gobierno de Guyana con la presencia de diferentes países del primer mundo en la región del Esequibo, al igual que las operaciones militares combinadas realizadas en el propio espacio en reclamación?
- Acordaron que cualquier controversia entre los dos Estados, se resolverá de conformidad con el Derecho Internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966. Quedaron comprometidos con la búsqueda de la buena vecindad, la convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe. ¿Y por qué no se mencionaron los mecanismos que preceden al judicial, establecidos en el Artículo 33 de la Carta de ONU, que no fueron implementados, en el que fue obvia la traición del Secretario General de la ONU en facilitar el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, favoreciendo únicamente a Guyana?
- Tomaron nota de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia para la resolución de la controversia fronteriza. ¿Y por qué no se tomó nota de la obligación firmada entre las partes, de volver al proceso de entendimiento bilateral entre Venezuela y Guyana, establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, para llegar a una solución aceptable, práctica y satisfactoria, en el que el mecanismo judicial por razones obvias, no permite que ello sea posible, además que la decisión fue unilateral, NO por consenso?
- Tomaron nota de la afirmación de Venezuela de su falta de consentimiento y falta de reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción en la controversia fronteriza. ¿Y el tomar nota de ello, generaría algún cambio en la disputa que no sea la vía judicial, cuando ya se han tomado decisiones contrarias a los intereses de Venezuela, en el que la Corte Internacional de Justicia ha avanzado en el proceso jurídico omitiendo diversas realidades, cuyo cuadrilátero lo manejan la Exxon Mobil, la OTAN, la ONU y la comunidad internacional?
- Acordaron continuar el diálogo sobre cualquier otro asunto pendiente de importancia mutua para los dos países. ¿Por qué los asuntos pendientes sobre la exploración y explotación ilegal en materia petrolera tanto en los espacios acuáticos del Delta del Orinoco como del Esequibo mediante el otorgamiento de ilícitas licitaciones, al igual que la explotación minera, forestal, ambiental, hídrica, además del desarrollo de varios proyectos en diferentes regiones del Esequibo por parte de transnacionales, incluyendo la construcción de la carretera entre Brasil y Guyana que atraviesa longitudinalmente el Esequibo, etc.,etc.,etc., no se abordaron como puntos pendientes para la próxima agenda de diálogo?
- Acordaron que ambos Estados se abstendrán, ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos. Los dos Estados cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones entre ellos. En caso de que se produzca un incidente de este tipo, los dos Estados se comunicarán inmediatamente entre sí, con la comunidad del Caribe (Caricom), con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y con el Presidente de Brasil para contenerlo, revertirlo y evitar que se repita. ¿Y es que alguno de los países u organismos antes citados ha estado a favor de los intereses de Venezuela, o no es obvia la inclinación de estos hacia Guyana? ¿No es tácita y obvia la manipulación de este punto en cerrar cualquier acción que emprenda Venezuela, de manera de cercenar al país, mientras que Guyana continúa explotando los recursos de los venezolanos en los espacios continental y marítimos del Esequibo con las trasnacionales, ante el descarado silencio de los participantes?
- Acordaron establecer inmediatamente una comisión conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y técnicos de los dos Estados para tratar los asuntos mutuamente acordados. Una actualización de esta comisión conjunta será presentada a los Presidentes de Guyana y Venezuela en un plazo de tres meses. ¿Y ese plazo que prácticamente estaría en vísperas de la entrega de la Contramemoria venezolana ante la Corte Internacional de Justicia con las pruebas aplastantes al cinismo guyanés, representa de veras, una acción contundente o la intención en favorecer al Gobierno de Guyana para seguir teniendo tiempo a su favor en avanzar cual Estado profundo, en sus acciones colaterales ante el organismo jurídico internacional, de manera que con los errores y omisiones realizadas hasta ahora, pueda generar estrategias en paralelo que inclinen la balanza a su favor a través del uso de su poder estructural situacional, socavando los arreglos y decisiones que lucen en el más amplio concepto jurídico, a favor de Venezuela?
- Ambos Estados acordaron que el primer ministro Ralph E. Gonsalves, presidente Pro-Tempore de la CELAC, el primer ministro Roosevelt Skerrit, Presidente en ejercicio de la CARICOM, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, seguirán ocupándose del asunto como interlocutores, y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, como observador, con la concurrencia permanente de los Presidentes de Venezuela y Guyana. Para evitar dudas, el papel del Primer Ministro Gonsalves continuará incluso después que en San Vicente y las Granadinas, deje de ser el Presidente Pro-Tempore de la CELAC, y el papel del primer Ministro Skerrit continuará como miembro del Buró de la CARICOM. ¿Existe real garantía de qué, si éstos son los mismos actores que están jugando a favor de sus intereses y los de Guyana, quienes se mantendrán en el tiempo mientras se pronuncie la Corte Internacional de Justicia, o qué es lo que realmente espera el Estado venezolano de esta decisión política que se acordó?
- Ambos Estados acordaron reunirse de nuevo en Brasil, en los próximos tres meses, o en otro momento acordado, para considerar cualquier asunto con implicaciones para el territorio en disputa, incluida la mencionada actualización de la Comisión Mixta. ¿Y es que acaso no fue así que se inició el proceso de entendimiento entre Venezuela y Guyana, luego de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que Guyana evadió permanentemente a Venezuela sin llegar a una solución satisfactoria y práctica para las dos partes? ¿Qué clase de arreglo satírico y burlesco es este planteamiento? ¿Será que se sigue pensando que el venezolano de hoy en día es el mismo que hace cincuenta o sesenta años?
Los puntos 10 y 11 acordados, abordaron las expresiones diplomáticas de agradecimiento a todos los actores participantes en la reunión efectuada. Con base a los puntos abordados y a las interrogantes realizadas en el presente artículo, resalta que antes de la reunión, el Gobierno de Venezuela le dio precisamente tres meses a la Exxon Mobil para cesar sus operaciones en el área marítima correspondiente al Esequibo, pero ésta respondió que continuará incrementando sus operaciones en dicha área, hecho que se contradice totalmente con lo expuesto en la reunión antes citada, dado que está produciendo cerca de 600.000 barriles de petróleo diarios (bpd), tras perforar más de 40 pozos frente a la región del Esequibo en Guyana. Adicionalmente, el statu quo actual entre las partes, no sufrió variación alguna que no fuese la de reducir las supuestas tensiones que conducirían al uso de la vía combatiente para recuperar por la fuerza el territorio que le pertenece legítimamente a Venezuela.
Adicionalmente, en opinión del suscrito, el Estado venezolano deberá abocarse con la premura de las circunstancias, a la preparación final de la Contramemoria venezolana a ser entregada en la Corte Internacional de Justicia, sustentando fundamentalmente las pruebas de titularidad del Territorio Esequibo y las bases que sustentan irrefutablemente el anulamiento del Laudo Arbitral de París de 1899. Adicionalmente, el Estado venezolano debe manejar este asunto con mucha altura, como tema de Estado y no solo político con miras únicamente a las elecciones del 2024, razón por la que debe mantenerse una fluida y franca comunicación con todos los venezolanos, informando continuamente las realidades que se están manejando en torno a esta disputa. Dicha acción comunicativa debe afianzarse con los diferentes organismos participantes en la reunión, en la que se deben exigir respuestas concretas y contundentes, que no alberguen a la actividad realizada en el escalafón de un vulgar saludo a la bandera. A buen entendedor, pocas palabras.
Por otra parte, como puede observarse con las interrogantes suscitadas sobre cada uno de los puntos concernientes a la reunión realizada en San Vicente, existen sensibles vacíos que ameritan una respuesta contundente de parte del Estado venezolano, y más aún, cuando se tomaron recientemente algunas medidas que no podrían quedar en la ventana del imaginario, a merced de la interpretación que cada uno le dé a este tema, en el que el Gobierno de Guyana cínica y perversamente se ha aprovechado de la situación.
El Presidente Irfaan Ali manifestó que no hay marcha atrás en la posición de Guyana, aunado a que el proceso que conduce la Corte Internacional de Justicia es parte del Acuerdo de Ginebra, y que en éste se establece que el Secretario General de la ONU determinará dónde debe resolverse finalmente la controversia, demostrando con ello, y como siempre, la despavorida tendencia de recostar sus problemas en manos de terceros, de manera que sean ellos quienes resuelvan las dificultades que afrontan. Una verdadera irresponsabilidad y procacidad es lo que ha demostrado repetitivamente.
La realidad sobre la integridad territorial de Venezuela sigue latente a flor de agua, en el que se ha lesionado la misma mediante el despojo de un territorio que fue robado con descaro desde el siglo XIX, y hoy en día el Gobierno de Guyana no tiene otra alternativa que la de utilizar el mecanismo judicial por carecer de bases que sustenten la motivación de la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, mientras extrae ilícitamente los recursos petroleros, mineros, forestales, entre otros, que le pertenecen a todos los venezolanos, y ello sigue gozando de las tácitas aceptaciones tanto del Tribunal de La Haya como de la OTAN, incluyendo la ONU, la CARICOM, la CELAC, y del Gobierno de Brasil, entre otros, por la que en definitiva la muy extraña política exterior venezolana requiere de mecanismos más adecuados, para enarbolar lo que se ha impreso, incorporado y pregonado, al manifestar que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado
Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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