(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
El cierre de este año 2023, culmina con un polémico panorama enmarcado entre políticas y acciones derivadas de la reunión del 14 de diciembre entre los mandatarios de Venezuela y Guyana, con la promesa y el compromiso de mantener la vía diplomática como único camino para resolver “por ahora” las tensiones creadas entre ambos países, cuyo encuentro conformó una suerte de pacto de no agresión, al acordarse que “no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente, en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados”, hecho que por supuesto favoreció las expectativas de Guyana; sin embargo, Venezuela si lo maneja adecuadamente, tuvo también un importante logro, y quizás de mayor alcance que el de Guyana, al obtener que la posición del país vecino en no querer entablar ninguna negociación con el Estado venezolano, fue reorientada a la conformación de una Comisión Mixta a ser habilitada en el primer trimestre del 2024, circunstancia que permitirá realizar amoldamientos necesarios a las eventualidades geopolíticas y geoeconómicas que se circunscriben en el tablero estratégico mundial y regional, así como, a conformar nuevas evaluaciones y reestructuraciones en el manejo jurídico sobre la disputa territorial del Esequibo, que se lleva a cabo con la demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia.
Es imperioso mencionar que las acciones geoestratégicas derivadas de la presencia y acciones militares del Comando Sur norteamericano en la zona disputada, no fueron abordados durante el encuentro, hecho que dejó un vacío proclive a la apertura de posibles repeticiones futuras que generen alteraciones en el tablero estratégico regional, lo cual se confirma en paralelo con la reciente e interativa presencia británica a través de la diplomacia cañonera en Guyana.
Obviamente, este no era el momento propicio para el arribo de un buque de guerra británico a Guyana, y menos aún, después de la reunión realizada el pasado 14 de diciembre. Una vez más, la ruptura traducida en falsas promesas provenientes del Gobierno de Guyana, vuelven a emerger a flor de agua, aunado a que la política mediante el desafío y la imposición subjetiva de la fuerza por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que trató de imponerse contra Venezuela antes de la firma del Tratado de Washington de 1897, sigue siendo la misma en el siglo XXI con diferentes actores y distintos acontecimientos, a pesar que el Gobierno de ese país desde la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 no ha participado en la presente disputa territorial, aunado a la reciente y abierta permisividad confirmada por la Corte Internacional de Justicia.
En observación a la conformación convenida en que se constituiría una Comisión mixta, con los respectivos Cancilleres y equipos técnicos para avanzar en temas de interés mutuo sin precisarse aún los puntos de la agenda de trabajo, es necesario señalar que ello genera también la tendencia hacia una ambigüedad interpretativa con la inevitable insatisfacción en cuanto al sentido de integridad territorial del gentilicio venezolano, y por consiguiente de Defensa Integral de la Nación, dado que la citada afirmación se sustenta sobre la experiencia negociadora de Guyana a lo largo de todos estos años, en el que la evasión y negación a la búsqueda de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, ha sido continua. He aquí la médula neurálgica que fragmentó deslealmente el vaso a partir del 2015, generando todos estos sin sabores y amarguras creadas cual Estado profundo por el Gobierno de Guyana. Es por ello que se lea ratifica a la Comisión venezolana de Expertos, la necesidad de un minucioso plan de acción, a propósito de evitar repeticiones del pasado.
La afirmación anterior es clara advertencia para llamar la atención del Estado venezolano, dado que en la citada reunión del 14 de diciembre no hubo avances concretos sobre la disputa territorial que sostienen ambas Naciones, sino cual saludo a la bandera en el ámbito político y diplomático, se definió que cualquier controversia entre las partes se resolvería de conformidad con el Derecho Internacional, en el que se incluyó el Acuerdo de Ginebra de 1966, para lo cual, Venezuela se ha mantenido permanentemente en el marco del citado Tratado desde su firma, y quien le dio la espalda sin consenso de la contraparte fue el Gobierno de Guyana, quien demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, mecanismo previamente decidido por el Secretario General de las Naciones Unidas. Pero ese punto tampoco se abordó en la reunión de Argyle.
Sin embargo, las partes dejaron por escrito parte de sus diferencias correlacionadas con el proceso de entendimiento, en el que se tomó nota de la posición venezolana en no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para atender la disputa territorial, así como también, de la posición contraria de Guyana con el procedimiento que se maneja ante el citado organismo jurídico internacional, hecho que le otorga ilegalidad al proceso que se maneja ante el Tribunal de La Haya, al llevarse a cabo un mecanismo jurídico no decidido ni aceptado por consenso entre las partes afectadas, sino por una sola. Ambas posiciones ya eran ampliamente conocidas antes de asistir a la reunión entre las partes, y sin embargo, más allá de un escrito ante los representantes internacionales sobre la posición corroborada por las partes, no se generó panorama alguno y distinto que pudiese abarloar la dirección sobre nuevas expectativas en el proceso de entendimiento.
En el escrito realizado, se incluyó un próximo encuentro a efectuarse en Brasil entre las partes en los próximos tres meses, pero que aún no tiene fecha definida, en la que estarían incluidos como mediadores del proceso, los mismos actores que participaron en la reunión del 14 de diciembre, recordando que el Gobierno de Brasil, supuesto aliado actual de Venezuela, y a quien se le está suministrando actualmente energía eléctrica venezolana en la zona norte de ese país, aún no se ha pronunciado sobre el caso del Esequibo, pese a que existe un Tratado de Delimitación realizado el 5 de mayo de 1859, en el que ese país reconoció los límites de Venezuela hasta el río Esequibo.
Adicionalmente, tanto la CELAC como la CARICOM, han manifestado su inclinación continua hacia la posición de Guyana, en cuanto a la solución de disputa territorial con Venezuela a través de la Corte Internacional de Justicia. ¿Con que país aliado u organismo internacional cuenta realmente Venezuela?
Por otra parte, el tema fundamental que ha generado la transformación del Gobierno de Guyana al acudir a la instancia jurídica internacional, nació del otorgamiento ilícito de las concesiones de exploración y explotación petrolera entregadas a empresas trasnacionales en los espacios acuáticos aún no delimitados del Esequibo, actuación que ha sido protestada, reprobada y acusada por Venezuela, por lo que el Gobierno Nacional ordenó crear la División PDVSA-Esequibo con el fin de también tramitar también concesiones petroleras, hecho que tendría total permisividad en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, a pesar que ello podría conformar una posible tendencia a incrementar las tensiones entre las partes, sin embargo, aún no se ha tramitado abiertamente solicitud alguna sobre este particular.
En el contexto anterior, las acciones sobre este particular no tienen asidero jurídico alguno para evitar que se lleven a cabo acciones de Venezuela sobre este particular, dado que por un lado la disputa territorial del Esequibo demandada por Guyana ante el citado organismo jurídico internacional, es sobre el espacio geográfico continental, no el marítimo, por lo que dichos espacios acuáticos aún no definidos, conceden derechos indiscutibles en igualdad de condiciones entre las partes hasta tanto se llegue a un acuerdo.
Adicionalmente, el Acuerdo de Ginebra de 1966, señala que las acciones realizadas en el área en disputa, no constituyen derechos de soberanía para ninguna de las partes, razón por la que el ejercicio de los derechos debía conformarse por igual hacia ambos países, y no unilateralmente hacia Guyana, como lo ha pretendido el Gobierno de ese país. ¿Qué parte aún no le ha quedado claro al país vecino? ¿Por qué el Estado venezolano no ha procedido aún?
A partir del 26 de diciembre, los precios del petróleo iniciaron su incremento, dado que los inversores se centraron en las tensiones geopolíticas actuales del Medio Oriente, aunado al recorte de los tipos de interés implementados por la Reserva Federal de Estados Unidos, combinación de tendencias financieras, que deberían incentivar el crecimiento económico mundial, y por ende, la demanda de combustible. Ambos índices de referencia registraron subidas de alrededor del 3% la semana pasada, después de haberse efectuado los ataques marítimos de los hutíes, de manera que se interrumpiese el transporte y el comercio mundial, lo que se sumó a las tensiones en Oriente Próximo, mientras prosigue el conflicto entre Israel y Gaza, Rusia y Ucrania.
El señalamiento anterior conlleva a que el petróleo venezolano y la zona marítima venezolana en el Esequibo, constituyen cada vez más por excelencia, un área de mayor valor estratégico para satisfacer los intereses energéticos tanto de los Estados Unidos de América como de otros países, además del incremento sustancial del precio del petróleo proyectado para el 2024, lo cual eleva el peso geopolítico regional con apetencias e intereses voraces de otras potencias. La situación se vuelve cada vez más compleja, en el que la ecuación matriz para abordar la solución a la disputa territorial sobre el Esequibo, va incluyendo en el tiempo más y más variables.
La realidad para Venezuela es que, además de ser un año electoral, se le presentan situaciones que ameritan la toma de decisiones y acciones contundentes, dado que en abril del 2024 el Estado venezolano debe entregar la Contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia, demostrando la titularidad jurídica de Venezuela sobre el Esequibo y las sustentaciones por las que el Laudo Arbitral de París de 1899 es írrito y nulo, indistintamente de su participación o no en el proceso jurídico del citado organismo internacional; aunado a ello, en el primer trimestre del 2024 se activa la citada Comisión Mixta entre Venezuela y Guyana sin haberse definido aún los puntos de agenda, en el que ninguno de los actores integrantes de la reunión de Argyle ha manifestado su apoyo a Venezuela sobre el Esequibo, sino que se visualizan claramente intereses que apuntan al fortalecimiento de indicadores propensos a proyecciones de otras índoles (no hay
peor ciego que quien no quiera ver).
Como complemento a la realidad venezolana, la posible crisis energética petrolera y gasífera mundial que se ha venido estructurando, sumado a los intereses políticos propios de países del primer mundo, encuentran una verdadera válvula de alivio geopolítico y geoeconómico en esta región del norte de Suramérica, en el que Venezuela es sinónimo de respuesta confiable y segura sobre este particular, sin embargo, dicha solución no puede ir desligada de la necesidad ineludible en elevar el sentido de integridad territorial de los venezolanos a través de la recuperación del espacio geográfico oriental despojado mediante turbios y bajos mecanismos implementados en el Tribunal de París de 1897 a 1899, razón por la que es hora en que los entes corresponsables participantes en ese dictamen, asuman con seriedad y altura política, la devolución del territorio patrio que nos fue despojado en 1899, de manera que sea marcada la línea fronteriza sin rayados ni especulaciones por parte de terceros que se han adaptado cual marionetas internacionales a merced de insostenibles afirmaciones, permitiendo expresar la realidad de nuestro gentilicio por la que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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