En la sesión de este jueves de la Asamblea Nacional (AN), se aprobó abrir una investigación contra los partidos que autorizaron a sus militantes, integrantes de la «comisión» Delegada del Parlamento del 2015, por «el robo» de los recursos de Citgo, por autonombrarse diputados y aprobar la continuidad de un organismo que dejó de existir.
«Usurpar un cargo público, primer delito; nadie eligió eternamente a Dinorah Figuera como diputada (…) Daría risa, si no fuera tan ladrona. Ella milita en un partido político y si ese partido la autorizó, es responsable del robo también ¿O no? ¿Abrió la boca Capriles que milita en ese partido y que se la pasa hablando del ingreso de los venezolanos para señalar que eso es un delito? ¿Por qué no ordenas a Figuera que devuelva el dinero de Citgo para pagarle a los trabajadores? ¡Hipócrita!», exclamó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
El diputado se refirió a Dinorah Figuera (Primero Justicia), Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) y Auristela Vásquez (AD), primera y segunda vicepresidenta, respectivamente, de la llamada AN del 2015.
La moción fue aprobada después de que el diputado José Brito hizo la propuesta de «acabar con la impunidad» de estos dirigentes que han extendido la vigencia de los cargos que ya no ostentan, con lo cual se abrogan la facultad de manejar los activos de Venezuela en el exterior, entre ellos Citgo.
Rodríguez pidió, a su vez, al diputado Pedro Infante, presentar un informe a la plenaria, en una semana, en el cual se establezca los detalles del caso y uno de ellos es que, en la reciente «instalación de la AN del 2015», Dinorah Figuera y compañía aprobaron «un presupuesto de funcionamiento de 70 millones de dólares» que provienen, precisamente, de los recursos de Citgo.
La investigación se extiende a la procedencia de los recursos que utilizan «las mafias para financiar las campañas de activistas políticas de oposición».
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A ello se une la propuesta de aplicar, sobre los implicados en el caso, la reciente Ley de Extinción de Dominio y la Ley para la protección de los bienes nacionales en el extranjero, con la finalidad de confiscarles sus bienes.
La idea es que se «vaya contra los bienes de quienes generaron ese perjuicio contra la nación, algo tendrán y para algo servirá. Jamás por supuesto alcanzará para pagar lo que se robaron».
Rodríguez fue más allá y dijo que los mismos partidos que suscribieron los acuerdos de Barbados, que incluyen la protección de los activos de Venezuela en el exterior, incluyendo a Citgo, son los mismos que apoyaron que los recursos fueran «desviados» para el uso personal de Dinorah Figuera, Juan Guaidó y Leopoldo López, quienes llevan un ostentoso nivel de vida en el exterior.
En este paquete de investigación también se incluyó a José Ignacio Hernández, «procurados» especial designado por la AN del 2015.
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