(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Los tres ejes principales por los que transita actualmente la disputa del espacio geográfico integral venezolano ubicado al oeste del Esequibo, se orientan a la defensa de dicho territorio ya sea por la vía de la implementación de estrategias acordes y ajustadas al Acuerdo de Ginebra de 1966, paso ratificado en la pasada reunión de Argyle del 14 de diciembre del 2023 en la Isla de San Vicente y las Granadinas, o por el sendero judicial a través de la Corte Internacional de Justicia a raíz de la demanda introducida por el Gobierno de Guyana contra Venezuela, en el que el organismo jurídico internacional ya manifestó su competitividad, y/o antagónicamente, por el camino de la confrontación bélica asimétrica, cuyas variables ya sustentadas en el artículo anterior, arrojaron de entrada, lo inconveniente para ambas partes sobre el uso de esta última forma de acción.
En el marco de los citados ejes, y considerando el escenario reinante en el siglo XIX mediante el cual se llevó a cabo el nefasto, viciado e írrito dictamen del Laudo Arbitral de París de 1899, el Gobierno Nacional hasta hace poco, se había opuesto a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para fallar sobre su histórica controversia territorial por el Esequibo con Guyana, su vecino oriental, de manera de evitar un Laudo Arbitral de París, Parte II, considerando las inclinaciones, intereses y omisiones del Tribunal Internacional de La Haya en los pronunciamientos de forma realizados hasta ahora; sin embargo, ha llamado la atención que hace poco, uno de los cambios hechos a la Ley para la Defensa del Esequibo en la Asamblea Nacional, se ha pretendido incorporar interpretativamente, el deber del Estado venezolano en defender los intereses de la República ante la mencionada Corte Internacional.
Con el señalamiento anterior, y con el cambio de redacción realizado, ha emergido a flor de agua la posibilidad de aprobación del Estado venezolano, en obligarse a defender la disputa ante la Corte Internacional de Justicia, al permitir la inclusión de actividades judiciales para el Estado, y a la vez rechazar con los sustentos jurídicos correspondientes en favor de Venezuela como ayer y hoy lo sigue siendo, las manipuladas y perversas pretensiones del Gobierno de Guyana en obtener la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, cuyo pronunciamiento ha carecido de motivación alguna, habiendo clara jurisprudencia en el Derecho Internacional Público de aquel entonces, lo cual había sido puesto en práctica por el propio Juez Principal que atendió el caso de Venezuela y Gran Bretaña, el Profesor Frederic De Martens, quien omitió dicha obligación jurídica, sentenciando por intereses políticos, el otorgamiento injustificado a Gran Bretaña de 159.542 Kms 2 . De allí, la importancia en cuanto a la sólida consignación de Venezuela sobre la Contramemoria a ser entregada para el 8 de Abril del 2024 ante el mencionado organismo jurídico internacional.
Pero también, la redacción del presente borrador de Ley, a mi juicio un tanto ambiguo en su interpretación, podría tener también una lectura contraria, incluso radical, en la que se estaría ratificando la postura del Gobierno Nacional en cuanto al no reconocimiento de ninguna instancia judicial para dirimir la controversia, por lo que el Acuerdo de Ginebra de 1966, sigue siendo el instrumento ideal para zanjar la disputa con Guyana. Y mientras se dirime la citada Ley, es necesario recordarle a todos los venezolanos y a la comunidad internacional, que Venezuela es legítimamente dueña del espacio geográfico integral del Esequibo, de lo cual posee documentos claves de su titularidad, así como de varios hechos históricos allí realizados por los españoles donde ejercieron sus respectivas competencias conquistadoras sin predecesores europeos. Adicionalmente, Venezuela posee la sustentación de la aceptación inglesa, al igual que la comprobación de las ilícitas modificaciones allí realizadas, a través de los falsos mapas presentados en el Tribunal de París entre 1897 y 1899 por Gran Bretaña.
Aun cuando el Concepto Estratégico de la Nación no ha sido ventilado con la precisión requerida a través de la Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación, la Armada venezolana, ha venido realizando algunos adelantos en el tiempo, atendiendo precisamente el ámbito estratégico sobre las zonas que le son propias a su competencia, como los espacios acuáticos y fluviales del país. Al abordar las áreas de competencia integral sobre el Esequibo, traigo a colación un documento enviado recientemente por el Contralmirante (R) Elías Buchzer Cabriles, quien ocupó el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Armada, quien ha reflejado la cita textual de Lara Peña sobre la disputa territorial sobre el Esequibo, manifestando “…no es este un conflicto fronterizo común y corriente, en el cual dos pueblos vecinos, por rivalidades de diverso orden, se disputan un territorio cualquiera. Si miramos así, perdemos gran parte de la dignidad moral que tiene nuestro reclamo.”
En la situación actual, en la que un conflicto entre las partes constituye prácticamente un escenario de muy baja posibilidad y probabilidad, conlleva también a entender que a raíz de la reunión efectuada en Argyle, la posición adoptada en espera de futuras acciones que se realizarán en el primer trimestre de este año 2024, en las que el factor tiempo juega en contra del país, ha sido aprovechada por el Gobierno de Guyana para ganar dilaciones y conveniencias a su favor. Y después de los escenarios y de las tensiones creadas por el Estado venezolano, en opinión del suscrito, nos encontramos nuevamente hoy en día ante un panorama con una actuación un tanto pasiva y poco comunicativa, lo que corrobora la continua tendencia nacional hacia una práctica un tanto reactiva.
Al abordar las posibilidades venezolanas, en cuanto a la construcción de sensibles cambios estratégicos en los niveles político y diplomático, para retomar el proceso de entendimiento con Guyana por la vía del Acuerdo de Ginebra de 1966, es importante plantear integralmente el tema, es decir, no solo visualizando la disputa como tal sobre el territorio continental del Esequibo, sino también, apuntando abiertamente al peso geopolítico y geoeconómico de los Intereses Marítimos y fluviales como valores de primer orden, considerando los hechos que se manejan desde el 2015 en materia petrolera, aunado a la explotación gasífera, minera y forestal, a las licitaciones otorgadas unilateralmente por Guyana a empresas transnacionales, a la aberrada delimitación marítima efectuada con Surinam, a los espacios acuáticos que le corresponden legítimamente a Venezuela, a la plataforma continental bajo condiciones especiales que le concede el río Orinoco a la región, permitiendo alcanzar parte del suelo y subsuelo marino que sobrepasa la zona económica exclusiva, es decir, en alta mar, además del desarrollo de las múltiples actividades pesqueras, lo que inserta ineludiblemente el control del tráfico marítimo internacional, en el que reinan también sensibles amenazas enlazadas con el crimen organizado, entre otros.
Al plantearse el tema de la disputa integral como tal ante Guyana, es obvio que la posición inicial se debería sustentar sobre la restitución total del territorio despojado sin motivación jurídica en el Laudo Arbitral de París de 1899, hecho que debería contar a juicio del suscrito, con el apoyo previamente negociado entre el Gobierno Nacional y el de los Estados Unidos de América, quien además de haber representado los intereses de Venezuela con la firma del Tratado de Washington de 1895, es quien hoy en día, dando puntadas con el hilo apuntalado en la política y la diplomacia, ha generado pragmáticamente sensibles acercamientos hacia el país, hecho que necesita mantenerse con carácter emergente y un tanto obligatorio, al manejarse este tópico bajo la óptica electoral del 2024, en el que el tema inflacionario norteamericano, constituye una de las variables fundamentales que atenta hoy en día contra las probabilidades de éxitos del Gobierno actual, y son precisamente los recursos energéticos de Venezuela en su Territorio Nacional y en sus espacios acuáticos del océano Atlántico hasta el río Esequibo, los que le otorgan una verdadera respuesta colateral al citado tema inflacionario estadounidense.
En cuanto al apoyo del Gobierno de Rusia a Venezuela sobre la disputa territorial del Esequibo, su pronunciamiento y actuación han sido más simbólicos en el marco político que cualquier otro contexto, dado que el tenaz conflicto que afronta con Ucrania, aunado al desgaste humano, tecnológico, militar, logístico, operacional y geográfico, con las pérdidas generadas en materia económica y financiera, ha conformado factores que mantendrán a ese país en continua atención al logro ineludible y prioritario de sus objetivos, y más aún, cuando Ucrania continúa recibiendo el apoyo internacional en materia tecnológica, humana y militar para afrontar la actuación de Rusia en la región. Con base a este señalamiento, el conflicto actual en el Medio Oriente, en el que se le han sumado los ataques realizados por los hutíes, apoyados por el Gobierno de Irán, hecho que ha emergido en la conformación de un cuadro con nuevas y peligrosas variables que han venido afectando sensiblemente la economía europea, razón por la que la continuidad de un conflicto abierto con posibles escalamientos militares, se avizora con elevadas probabilidades en poco tiempo de no haber un recio cambio y un sólido control de la zona, razón por la que indefectiblemente Venezuela representará respuesta inmediata y segura, al estructurarse como la válvula de alivio necesaria, así como la respuesta a las necesidades energéticas tanto de los Estados Unidos de América como de varios países de Europa, hecho que debe desde ya, evaluarse por el Gobierno Nacional para llegar a un claro entendimiento, en el que la agenda de cambios debe abordar sin dilación alguna, la recuperación definitiva del espacio geográfico integral del Esequibo en favor de Venezuela. La solución a esta disputa así como la solución a varios problemas globales, la tiene actualmente Venezuela en sus manos. Más claro, imposible.
Complementariamente, la frecuente presencia realizada por los Gobiernos norteamericano y británico en la región de Guyana, disminuiría el tono y las tensiones desafiantes hacia Venezuela, mediante la puesta en práctica de un escalonado y adecuado proceso de entendimiento y actuación, que coadyuvaría colateralmente tanto en la línea jurídica que se maneja con la Corte Internacional de Justicia, si continúa manejándose el caso por la vía judicial, como en el proceso de negociaciones bilaterales entre Venezuela y Guyana, que bien podrían conducirse bajo una visión y contextos distintos a lo esgrimido hasta ahora. Por razones derivadas consecuencialmente, una parte considerable de la Comunidad Internacional, se anexaría a esta forma de entendimiento. El Estado venezolano al tener que evaluar el choque entre la parcial posición política y los intereses del país sobre el Esequibo, podría visualizar que todas esas variables son adaptativas y ajustadas a las necesidades actuales, manejándose de la manera más pragmática posible y ajustadas al interés nacional. No hay peor ciego que quien no quiera ver.
Paralelamente, y con base a la necesidad de llegar a una solución práctica, satisfactoria y aceptable para las dos partes, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Ginebra de 1966, al retomar una de las posibles formas de acción sugeridas por el CA (r) E. Buchzer C., éste se ha enfocado en plantear como mínima solución posible, lo cual es válido como alternativa a evaluarse, expresando: “…la integridad del Territorio Esequibo, desde la línea de costa hasta una línea que se origina en el Cerro Roraima, hasta su unión con el Río Mazaruni, aproximadamente en latitud 5º 57’ Norte, hasta su desembocadura en el Río Esequibo, su ribera y la mitad de su cauce hacia el norte. Y al sur de ese territorio, en la mejor disposición de amistad, integración y colaboración futura, llegar a la solución satisfactoria para ambas partes que invoca el Acuerdo suscrito…”.
Por supuesto que en el tiempo han habido diferentes propuestas para abordar esta disputa territorial, las cuales tendrían validez a consideración de las partes, en el que todas han sido tendientes a una recuperación parcial, con la viabilidad de llevar a cabo la ejecución de desarrollos conjuntos de proyectos en diferentes áreas, sin dejar de lado que las Guayanas llamadas históricamente “tierras de agua”, eran territorios que comprendían el territorio Esequibo o Guayana venezolana hasta el río Esequibo, continuando con la Guayana holandesa al este del rio Esequibo hasta el rio Corentyne, hecho que le concedió en 1814 la Guayana inglesa a Gran Bretaña, cuya superficie territorial apenas abarcó 37.000 kilómetros cuadrados al este del río Esequibo, lo cual ha sido corroborado en 1834 con los mapas de Agustín Codazzi, en el que Venezuela era un territorio con una superficie territorial de más de un millón de kilómetros cuadrados, razón por la que el Gobierno de Guyana no puede esgrimir como de su propiedad 159.542 kilómetros cuadrados, y menos si Holanda le vendió sólo 37.000 kilómetros cuadrados a la Corona Británica en 1814.
En medio de la coyuntura que se maneja en el tablero estratégico mundial, el Gobierno de Guyana impulsado por descubrimientos petroleros realizados por la empresa Exxon Mobil, mediante el otorgamiento unilateral e ilícito de licitaciones a dicha empresa transnacional en áreas marinas por delimitar en el océano Atlántico, pasó desde el 2015 a la actuación ofensiva dando por agotado el método de los Buenos Oficios y desconociendo la letra y el espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966, y en continuidad de su estrategia exterior en seguir recostando sus problemas en manos de terceros, acudió unilateralmente a la Corte Internacional de Justicia en 2018, apoyada por la CARICOM y algunos países del Caribe. Es por esta atropellada realidad, que con miras a un verdadero pragmatismo político, el Estado venezolano debe en paralelo y desde ya, idear un nuevo tipo de relación mutuamente beneficiosa con los países del Caribe en general, de manera que éstos tomen en cuenta la geohistoria y realidad venezolana, acompañando dicha apreciación con los valores e intereses comunes regionales propiciados precisamente por el Estado venezolano, y de manera muy en especial, deben exacerbarse las tendencias que se avizoran en favor del país, y por ende, las que marcarán indudablemente el destino y futuro de la región. Es hora de tomar decisiones tendientes a la transformación que se viene proyectando sobre el norte de la América del Sur, en el que con seguridad, emergerán nuevos intereses y nuevas posiciones geopolíticas no solo en el ámbito regional, sino también a nivel global.
El Estado venezolano en paralelo al contexto presentado, debería considerar una vez más, que la mayoría de las economías de estos países del Caribe, han dependido en gran medida del turismo dada la carestía general de recursos naturales, razón principal por la que la mayoría de estos sufren constantemente de tasas de crecimiento económicas por debajo del promedio de América Latina, y con ello, se exponen al impacto de las crisis globales, y a la contigua inestabilidad económica. Con el reciente descubrimiento de petróleo en los espacios acuáticos pendientes por delimitarse con Venezuela, el Gobierno de Guyana espera a expensas de los recursos que le pertenecen a los venezolanos, que la tasa de crecimiento del PIB pueda acelerarse significativamente, hecho que mantiene las tensiones actuales, sin dejar de lado, que este país vecino, cuenta con la tasa más alta de evasión impositiva, con un 8,5% del PIB en 2016, así como tampoco puede obviarse, que debido a la herencia histórica de la producción de azúcar y de la esclavitud africana, así como del dominio europeo y la servidumbre contratada en la India, el Caribe sigue siendo racialmente muy diverso, y en algunos casos, sigue generando desigualdad y violencia, mientras que las dudas generadas por la distensión financiera a través de los paraísos fiscales, y la decisión del Consejo Europeo, desde diciembre de 2017, de generar una lista de calificación negativa en una gobernanza fiscal, ha venido afectando el panorama de negocios internacionales y servicios financieros que había venido disfrutado el Caribe como atractivo fiscal.
Es necesario tomar en consideración también, que la multifacética presencia del Comando Sur en Guyana no ha obedecido únicamente al efecto disuasivo orientado hacia Venezuela y al interés de los recursos aquí existentes.
También, deben considerarse otros factores como los traslados significativos realizados en la última década, por ciudadanos musulmanes que habitan tanto en Trinidad & Tobago como Guyana, quienes se han unido al Estado Islámico de Irak y de Siria. El eventual regreso de estas personas ha supuesto una fuente de preocupación en occidente, considerando que la tendencia potencial en conjunto con la explotación petrolera y gasífera que se realiza actualmente, incrementaría la radicalización de las comunidades en ambos países y fortalecería a éstos con la obtención de recursos financieros destinados a tal fin, así como también, se ha venido manejando el crecimiento escalonado de la tendencia musulmana en Venezuela. ¿Excusa norteamericana o realidad que amerita atenderse, justificando con ello la frecuente presencia occidental, o más bien, ambas tendencias conformadas como variables de primer orden que se suman a la recuperación del Gobierno de USA sobre los espacios geopolíticos invadidos en el presente milenio, precisamente por las potencias asiáticas de Rusia y China?
Un complejo, muy complejo escenario internacional es el que ha venido emergiendo a flor de agua, en el que a la par de las realidades conflictivas existentes, el Gobierno de Guyana sigue engañando a su pueblo y a la comunidad internacional señalando que tiene la razón en la presente disputa territorial contra Venezuela, pero las bases geohistóricas que le asisten al Estado venezolano y le dan indiscutiblemente la razón, no se pueden tergiversar atendiendo simplemente a los intereses de países del primer mundo como se ha pretendido ayer y hoy, porque ello ha sido un robo descarado sentenciado a merced de las potencias mundiales en 1899 mediante el uso de falsos mapas, en el que se pretendió lavar las manos el Gobierno de Gran Bretaña y de Rusia, dándole legalidad a este despojo mediante la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, en el que se le usurpó al país 159.542 kilómetros cuadrados, y hoy en día se pretende continuar con la farsa mediante el manejo de un Laudo Arbitral, Parte II, razón de peso por la que se le sugiere a la Comisión Tecno-Jurista venezolana que además de la Contramemoria a entregarse ante el Tribunal de La Haya en abril del 2024, asesore al Estado venezolano a propósito de cambiar la estrategia matriz de su política exterior, mediante un giro de los procesos de entendimiento con las variables geopolíticas y geoeconómicas que tiene en sus manos hoy en día coyunturalmente, hecho que fortalecerá sin dudas el proceso de recuperación del espacio geográfico en el que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
Somos Curadas.com Tu compañía en información
Únete a Curadas en tus redes sociales y aplicaciones favoritas
Nos alegra que te guste Curadas y quieras unirte a nosotros. Tienes varias formas de ser parte de Curadas:
- Síguenos en las redes sociales
- Entra a un grupo de Telegram o WhatsApp
- Recibe nuestro boletín en tu correo electrónico
Aquí tienes los enlaces a las redes sociales de Curadas
Recibe nuestro boletín por correo
Si quieres decirnos algo:
- Comenta al final de cualquiera de nuestras publicaciones
- Menciónanos en las redes sociales
- Escríbenos a info@curadas.com