(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
La compleja conjunción embriagada repetitivamente con hipocresías, recovecos, deslealtades, imposturas y engaños que han venido colisionando entre los hechos de la reciente reunión de Brasilia con las posturas de los Gobiernos de Venezuela y Guyana en presencia de la CARICOM, CELAC y del Gobierno de Brasil, aunado a las continuas actuaciones descompuestas mediante la conformación de un incesante falso positivo del Gobierno del país vecino, contrarias a su compromiso establecido en la debilitada mesa de entendimiento, cuyo complemento se mantiene adherido a las actividades económicas petroleras, gasíferas, mineras, forestales, de biodiversidad y sociales, y que ha permitido ilícitamente éste último al otorgar licitaciones y permisologías que no le corresponden, mediante la participación de diversas empresas trasnacionales a expensas de los recursos que les pertenece a los venezolanos, ha coincidido con la segmentación de diferentes pilares estratégicos traducidos en el desgarramiento de diferentes talones de Aquiles y sobre todo, en el centro de gravedad sobre la disputa territorial del espacio geográfico integral del Esequibo.
Es importante aludir imperativamente a la citada médula neurálgica, dado que al colocarse los hechos transcurridos en medio de esta diatriba desde 1966, el tiempo transcurrido hasta hoy en día, equivalente a cincuenta y ocho (58) años de pesadumbre, zozobras, mentiras y laceraciones de grandes oportunidades desperdiciadas por la ignominia guyanesa, desde la firma del Acuerdo de Ginebra entre los Gobiernos de Venezuela y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al que se le integró posteriormente con su firma y compromiso, el Gobierno de Guyana al momento de haber obtenido su independencia, nos lleva a deducir que la actitud arrogante e irrespetuosa de éste último, embalsamada tras continuas evasivas bajo el velo de la diplomacia, se ha manejado internacionalmente con pobres actuaciones que califico como indignas, ofensivas y hasta humillantes,… Una verdadera pérdida de tiempo. ¿Y el Estado venezolano que tanto ha logrado en todos estos años?
No debe olvidarse también, que la premisa sobre el tema en cuestión, no fue nada fácil para Venezuela en aquel entonces (1966), puesto que Gran Bretaña consideró la decisión del Arbitraje sentenciado en 1899, como un arreglo pleno y conclusivo, ajustado a Derecho, mientras que Venezuela con mayor fuerza, a raíz del Memorando dejado para que fuese abierto y leído luego del fallecimiento de Severo Mallet- Prevost, inició un proceso mediante el cual requería ante la comunidad internacional, que Gran Bretaña reparase el daño generado por el despojo territorial realizado a Venezuela en el siglo XIX, llevado a cabo mediante la combinatoria de la política rusa y Gran Bretaña que se impuso sobre el marco jurídico comprometido y violado con la firma del Tratado de Washington de 1897, en el que bajo presión éstos involucraron al Gobierno norteamericano, para adjudicarse sin motivación ni justificación jurídica alguna 159.542 kilómetros cuadrados de territorio continental, que hoy en día con el nuevo Derecho del Mar, el despojo es mucho mayor, dado que abarca con la geomorfología de la muy especial plataforma continental en el océano Atlántico, cerca de 400.000 kilómetros cuadrados, cuya superficie territorial se corresponde con prácticamente el 42% del territorio nacional actual. Lógicamente, esto ha agravado la situación sobre el tema, en el que el Gobierno de Guyana ha optado por vacilar su responsabilidad, así como violar los principios fundamentales que deben sustentar la plataforma ética y moral de todo Estado.
No debemos olvidar que anterior a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, como bien lo señala Peña (2023), quien resaltó en su escrito sobre este Tratado, que tanto las delegaciones del Gobierno británico como de la Guayana británica objetaron la mención del recurso al arbitraje y el acudir a la Corte Internacional de Justicia, razón por la que nació como nueva propuesta venezolana, la conformación de una Comisión Mixta la cual:
“…tendría un plazo de cuatro años para lograr una solución. Si la Comisión Mixta no alcanzaba un acuerdo en ese tiempo, los Gobiernos de Venezuela y de Guyana escogerían uno de los métodos de solución pacifica contemplados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que como se ha visto, consisten en la mediación, la conciliación, el arbitraje y el recurso a la Corte Internacional de Justicia ya que la negociación y la investigación habían sido agotadas…”. (el subrayado es nuestro)
Contrario a lo que ha venido ocurriendo hoy en día, puede entenderse claramente que el Gobierno de Venezuela había sugerido el mecanismo judicial como posible alternativa, mientras que el Gobierno del país vecino se opuso rotundamente a ello. De hecho, Peña (2023) hace énfasis especial en el pronunciamiento de Lara, quien manifestó lo siguiente en torno al mencionado Acuerdo:
“…Parece que, dentro del Acuerdo de Ginebra, quiere el gobierno actual encasillar la reclamación. Públicamente he manifestado mi disconformidad con este procedimiento, porque considero que el Acuerdo de Ginebra es un tornillo sin fin, al que por más vueltas le demos, no lograremos sacarlo del mismo punto en que empezamos. No es que pida una salida abrupta del Acuerdo de Ginebra. Podemos continuar en él durante un tiempo, pero por poco tiempo para no perder más tiempo…” (el subrayado es nuestro)
Y ciertamente, lo que ha venido sucediendo con el Acuerdo de Ginebra de 1966, ha sido puesto en clara evidencia desde su firma hasta hoy en día, mediante el evasivo y sórdido silencio, con el nulo y absoluto desentendimiento del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aunado a las vacilaciones y negativas del Gobierno de Guyana durante cincuenta y ocho años, rehuyendo a como dé lugar en comprometerse seriamente para la búsqueda de una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes, pretendiendo más bien con su actuación, debilitar a como dé lugar el compromiso adquirido a través del citado Tratado, y para colmo, la Corte Internacional de Justicia avaló mediante pronunciamiento ante la objeción preliminar presentada por el Gobierno de Venezuela en el año 2023, la no necesaria participación del Gobierno británico, a pesar que el título del Acuerdo de Ginebra de 1966, establece claramente el compromiso de Venezuela con el Gobierno evasor de su corresponsabilidad, aunado a que dicho organismo jurídico internacional, se abocó muy convenientemente y contrario a los intereses de Venezuela, abordando la demanda de Guyana únicamente con base a los hechos ocurridos antes de la firma del citado Tratado de Ginebra de 1966. ¿Premeditación colegiada y sustentada en hechos jurídicos con turbias intenciones?
La experiencia sobre el proceso de entendimiento para la disputa territorial del Esequibo con el Gobierno de Guyana, ha demostrado en el tiempo, que ello no ha dejado absolutamente nada concreto ni positivo, razón de peso por lo que sería muy conveniente para el Estado venezolano reevaluar, mediante un respiro sin pausa muy necesario ante este revuelo ineludible, que ha seguido la senda de incumplimientos, manipulaciones y groseras evasiones del Gobierno vecino, el establecimiento de escalonados pero continuos procesos diplomáticos, distintos a los actuales ante las dificultades existentes para alcanzar hoy en día una solución práctica, en la que está claro que la senda guyanesa por la vía jurídica es indetenible “por ahora”, si se siguen manteniendo los procesos tradicionales, que fueron manejados con artimañas y aprovechados perversamente con el apoyo de la comunidad internacional durante prácticamente veinte años, mientras que algunos venezolanos no se miden en sus escritos al manifestar antagónicos a los intereses del país, que el Territorio Esequibo fue regalado o que simplemente está perdido.
En lo particular, el suscrito ha considerado que el avance de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas antes de 1966, fue galopante y abrazador de grandes esperanzas por recuperar lo que se le había despojado al país desde 1899, pero a raíz de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, y a pesar de haberse convertido éste el camino adecuado a la solución requerida, más bien el Gobierno de Guyana lo ha convertido en una imaginaria ventana cuyo marco diplomático ha permitido que cuelgue intermitentemente el faro con luz roja como señal de alarma y de evasión, para congelar, eludir y/o apartarse de cualquier acción tendiente a la negociación con el Gobierno de Venezuela, y éste último, sabiendo muy bien lo que está sucediendo, le ha dado prioridad a otras variables que han complejizado la ecuación matriz de esta disputa territorial, adoptando actuaciones reactivas eventuales, mientras que en la mayor parte del tiempo su tendencia ha sido un tanto pasiva, con una sensible dosis de protagonismo exteriorizado en aras de alcanzar otros objetivos, que han alimentado el ego personal de algunos actores, pero en el fondo, no han resuelto concretamente lo que le interesa verdaderamente al país y a todos los venezolanos. ¿Casualidad efervescente actual ante la situación país del momento, o tendencia a resarcir con verdadero patriotismo el tiempo perdido?
He aquí los soportes básicos multifacéticos por los que el Gobierno de Guyana manifiesta su cínico, incierto e insostenible apego al Acuerdo de Ginebra, en el que sigue insistiendo y así lo confirma la demanda introducida ante la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela, por la que pide la sustentación sobre la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, a menos que se le demuestre la nulidad del mismo. Por supuesto que la torpe acción judicial emprendida por Guyana ha sido aberrada e incompatible con la búsqueda de una solución práctica que alberga el citado Tratado, tal como lo he referido anteriormente y en varias oportunidades, y allí estriba un foco de profundidad neurálgica, que luce totalmente incompatible a las intenciones del Gobierno de Guyana, quien a pesar de su falso positivo comprometedor desde la Reunión de Argyle y de la reciente Reunión de Brasilia, aunado a las acciones geoestratégicas que continúa implementando con otros países, además de las acciones que ha manifestado en conjunto con las actividades petroleras desarrolladas por la empresa Exxon Mobil, demuestran que su actuación es inequívoca, y seguirá adelante en aras de alcanzar sus objetivos con el apoyo de la comunidad internacional y de países del primer mundo, lo que la convierte en un Estado delincuente, y esto es definitivamente inadmisible.
Y en este interín, mientras continúe el giro estéril sobre el mismo foco central que no vislumbra concertación alguna entre las partes, el Gobierno de Guyana mantiene su statu quo actual, con la administración del Territorio Esequibo, permitiendo la exploración y explotación de recursos mediante la concesión a empresas trasnacionales, así como la realización de convenios bilaterales con otros gobiernos que lesionan indolentemente los intereses de los venezolanos. Como forma de acción por la vía diplomática, a propósito de disminuir las tensiones entre ambos países, alejando a éstos de posibles crisis que se entrevén de no ocurrir significativos y prontos cambios, se podría activar a través del proceso de entendimiento hasta ahora infructuoso, un verdadero cambio en la actuación del Gobierno de Guyana, haciendo un alto directo, obligatorio e irrevocable a las actividades económicas que se desarrollan unilateralmente en el Esequibo, creando condiciones mediante acuerdos establecidos entre las partes, que beneficien geoeconómicamente a los dos países y no a uno, aunado a la reactivación bilateral del proceso de entendimiento sobre la disputa territorial, y no aferradamente a la vía judicial como mal asesoramiento y torpe decisión adoptada por el país vecino, lo cual debería quedar asentado por escrito no como parte del avance de la Reunión de Argyle y de Brasilia, sino como documento actualizado y correspondiente a un primer anexo del propio Acuerdo de Ginebra de 1966.
Esta suprema acción sería la ratificación y actualización del compromiso adquirido en aquel entonces entre las partes, hecho que permitiría demostrar además de la buena fe del Gobierno de Guyana, una verdadera reorientación del proceso de entendimiento sobre la disputa actual, lo que conllevaría a la conformación de un prolífero y exuberante escenario estratégico que abarcaría cambios integrales en beneficio de ambos países, alejando las posibilidades de la esterilidad que torpemente ha manejado el Gobierno de Guyana como parte del yermo y pedregoso asesoramiento recibido, el cual se mantiene hoy en día, además de alejar a los actores internacionales de oficio, quienes valiéndose perversamente de sus posiciones políticas actuales a través de distintos organismos, manifiestan hipócritamente con sus declaraciones, su inclinación en favorecer la soberanía del país vecino sin conocer el fondo de la realidad geohistórica de Venezuela sobre el Esequibo. Pobres ignorantes que se manifiestan perversamente en aras de satisfacer sus propios intereses, olvidando que la disputa territorial no es un asunto de Gobierno, sino de Estado, y ello le compete absoluta y totalmente a todos los venezolanos, indistintamente de la tolda política a la que pertenezcan o se inclinen.
Por supuesto que la sugerencia anterior implicaría también tomar en consideración la inclusión de otros factores, en el que aun con la clara y abierta evasión británica, ésta seguiría formando parte ineludible del mencionado Tratado, pese a que la Corte Internacional de Justicia se inclinó contraria y descaradamente a un pronunciamiento nocivo y discorde, e incluso refractario y pugnaz contra Venezuela. Por ello, el Estado venezolano debe denunciar internacionalmente a la par de la Reunión de Brasilia con el Gobierno de Guyana, la postura adoptada por el Gobierno británico al haberle mentido a Venezuela y al mundo, no solo con el fraude sobre la sentencia del Laudo de París de 1899, sino también, con el compromiso firmado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que se lavó turbiamente las manos y jamás ha tenido una participación frontal desde ese entonces, mas sí lo ha hecho sigilosamente bajo la mesa de entendimiento. Entre cielo y tierra no hay nada escondido,…, más temprano que tarde todo se sabe.
Y señalo lo anterior, considerando que la Corona Británica sin enfrentamiento alguno con Venezuela durante el siglo XIX, se aprovechó de la situación interna del país al igual que de la desigualdad militar entre las partes, ejerciendo desde 1835 hasta 1899 una continua y arbitraria agresión política, económica y diplomática en el territorio venezolano disputado al oeste del Río Esequibo, además de las acciones propias de ruina, desgracias y latrocinio realizado en diferentes áreas costeras, que llevaron en paralelo a la elaboración de mapas con la alteración de cuatro líneas fronterizas realizadas por el geógrafo prusiano Robert Schomburgk, siendo la última línea falsa la que se utilizó premeditadamente y con alevosía en el Tratado de Washington de 1897 sin la participación de Venezuela.
Adicionalmente, Gran Bretaña se confabuló con el Profesor ruso Frederic De Martens, como Juez Principal del Tribunal de París, para presionar a los jueces norteamericanos y llevar a cabo la sentencia del Laudo de 1899, despojándole a Venezuela 159.542 kilómetros cuadrados de territorio continental, razón por la que no ha sido para nada sorpresiva la evasión del Gobierno de Gran Bretaña en negociar con Venezuela el tema sobre la disputa territorial a raíz de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, dado que hoy en día éste sabe muy bien, que lejos de adoptar la acción de “cosa juzgada” como lo ha pretendido, al igual que lo acomete el Gobierno de Guyana, no tiene cara ni fundamentos para afrontar las pruebas irrefutables de Venezuela que desenmascararían su engaño ante la comunidad internacional, con la farsa manejada y el vil engaño esgrimido en el siglo XIX.
Todo lo escrito hasta ahora representa un enorme desafío para el Estado venezolano, quien debe a como dé lugar, abocarse a evaluar y realizar profundos cambios diplomáticos, militares, geopolíticos y geoeconómicos sobre la presencia estratégica de éste en el Territorio en reclamación y los espacios acuáticos de la zona marítima atlántica. El Gobierno de Guyana ha continuado insistiendo en que las prospecciones petroleras continuarán según lo previsto, al igual que la vía judicial a través de la Corte Internacional de Justicia, hecho que asoma las posibilidades de añadirle costosos daños a Venezuela, pero más a Guyana, de no haber un cambio adecuado en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Aunado a ello, organismos internacionales y gobiernos de terceros países, que han participado e incitado a mantener el camino de la paz y del entendimiento, arrojan resultados baldíos, dado que realmente han hecho muy poco o nada concreto, razón por la que el Estado venezolano debe entender que el ancho del embudo geopolítico y geoestratégico actual se viene estrechando cada vez más, para la toma de decisiones que atiendan verdaderamente el interés nacional y no solo el color partidista de una tendencia ideológica, de manera que se evite enfriar el sentido de integridad territorial como parte de la Defensa Integral de la Nación, por inclinaciones reactivas y ocasionales como se ha observado, por lo que deben ejecutarse acciones contundentes que permitan alcanzar que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
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Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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