(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
El artículo de esta semana se ha centrado sobre el marco político, jurídico, geopolítico, diplomático y geoeconómico, que gira en torno a la decisión del Estado venezolano en afrontar o no, la disputa territorial sobre el espacio geográfico del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, cuya decisión final sobre la comparecencia venezolana, recae únicamente en el Mandatario Nacional. La fecha prevista para la consignación de la Contramemoria que respondería claramente a la demanda interpuesta por el Gobierno de Guyana, es el 8 de abril del 2024.
Faltan apenas ocho días para la fecha citada, mientras que el país vecino continúa actuando contra Venezuela, utilizando repetitivamente la misma línea de acción que lo ha caracterizado en el tiempo, sustentando su estrategia en la victimización, en aras de lograr el involucramiento de terceros actores internacionales, a quienes les ha venido recostando sus problemas de manera que éstos los atiendan y se incorporen en el proceso de solución, o al menos, para mantenerlos como instrumentos de distracción política y diplomática, a propósito de desviar la atención internacional, mientras que internamente en su país, el Gobierno guyanés continúa haciendo además de ofender e irrespetar a Venezuela ante la comunidad internacional, el uso ilegítimo de su poder estructural, situacional y táctico, explotando los recursos energéticos, mineros y forestales que no le pertenecen mediante el otorgamiento de licitaciones ilícitas e inicuas, y desviándose cada vez más, de su frontal responsabilidad establecida en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
No debe olvidarse que desde el inicio de este proceso jurídico en el año de 2018, a pesar que Venezuela protestó y presentó el amplio escrito del por qué NO admitiría la competencia jurídica de la Corte Internacional de Justicia, también acompañó el citado escrito con las ineludibles razones que como pruebas irrefutables conformaban el sostenimiento de dicho desconocimiento para este caso, al igual que explicó las razones por las el Laudo Arbitral de París de 1899 es írrito y nulo, por lo que a criterio del suscrito, éste se permite manifestarle respetuosamente a la Comisión Tecno-jurista encargada del caso junto a sus miembros asesores, una vez más, realizar todos los esfuerzos necesarios para agregarle al documento consignado a inicios de la demanda de Guyana contra el país, la entrega formal de la Contramemoria venezolana, cuyo escrito y soportes permitirán conocer globalmente la indudable veracidad del caso, y desenmascarar el falso positivo que se ha manejado perversamente por Guyana, administrando un territorio del cual no tiene prueba alguna de su titularidad, y que solo puede sustentarse por carecer de otra base, en manifestar que la validez del citado Laudo Arbitral se enmarca como “cosa juzgada”, cuya sentencia careció de motivación a pesar de la jurisprudencia existente en el Derecho Internacional de la época, aunado a que hubo exceso en el pronunciamiento realizado, además de ramificarse jurídicamente el caso por la vía de la prescripción facultativa en lugar del Utis Possidetis Juris, hecho que no fue previsto en el Tratado de Washington de 1897, acompañando la toxicidad del proceso jurídico mediante la utilización de falsos mapas totalmente demostrables, con el ocultamiento de pruebas fundamentales a favor de Venezuela.
En el contexto de las tensiones fluctuantes entre ambos países, el Estado venezolano ha venido manifestando a lo largo de este año, que responderá proporcionalmente a las provocaciones que se realicen en la zona del Esequibo. Y yo le pregunto a quienes realizan este tipo de declaraciones: ¿y es que acaso la violación permanentemente del Acuerdo de Ginebra de 1966, es un hecho de reciente data, en el que diferentes Gobiernos de Guyana han otorgado licitaciones indebidas a empresas trasnacionales de diferentes países del
primer y segundo mundo, que se hacen llamar “aliados” de Venezuela, mientras explotan los recursos existentes en los espacios geográficos continental y marítimo del Esequibo que les pertenecen a todo el gentilicio nacional? Por supuesto que NO. Y entonces, ¿por qué es ahora cuando supuestamente reacciona el Estado venezolano, cuando las explotaciones indiscriminadas en el Esequibo por parte del Gobierno de Guyana, se vienen realizando y arrastrando descaradamente desde hace tiempo?
Atendiendo a estas interrogantes, no se trata de parte del suscrito en adoptar la cómoda pero frágil posición tendiente a la crítica,…, se trata más bien de la búsqueda orientada hacia la sensibilización de quienes manejan este asunto a nivel oficial, y de la ciudadanía venezolana en general, en discernir la realidad que se maneja en torno a esta temática, en el que no se puede pretender mostrar una fachada que hasta ahora ha estado sujeta únicamente a discursos enmarcados en el contexto político, con muy eventuales acciones operativas, y que se exacerban de repente en una coyuntura nacional, en el que se requiere extremar la unión proclive a un mismo fin, tal como ocurrió en Colombia durante el año de 1987, en el que la situación sociopolítica de ese país requería actuar urgentemente, razón por la que entre otros factores, se le dio cabida al caso de la incursión de la Corbeta “Caldas” en aguas del Golfo de Venezuela.
En aquel entonces, la respuesta política y militar venezolana fue contundente. Pero hoy en día, con las nuevas variables que se han insertado en la ecuación matriz de la disputa territorial sobre el Esequibo, ¿sería aun así asequible y adecuado a la Defensa nacional, además del discurso político emitido por el Gobierno Nacional, el mantenerse potencialmente preventivo, y proceder con respuestas ajustadas a las actuaciones de Guyana, mediante acciones categóricas, persuasivas y decisivas? Por supuesto que SÍ. Ello sería indiscutible, pero más allá de lo señalado, lo más importante estriba en mantener dicha conducta de manera continua, no reactiva ni efervescente, con presencia perentoria y ajustada a la inminente y turbia actuación guyanesa en seguir omitiendo su compromiso de 1966, lo cual fue ratificado recientemente en la Reunión de Argyle de diciembre del 2023, y posteriormente en la Reunión de Brasilia a principios del año 2024, en el que ambas partes activaron una vía diplomática para abordar la disputa territorial respetando el Acuerdo de Ginebra de 1966, luego que se escalaron tensiones en el que Venezuela aprobó la anexión de esa zona, y que Guyana la ha venido administrando arbitrariamente con el silencio complaciente de Gobiernos y organismos internacionales, que solo han atendido a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de éstos.
De hecho, el Gobierno de Guyana ha estado girando continuamente desde su independencia en 1966, en torno al Laudo Arbitral de París de 1899, aferrándose al mismo, incluso con la demanda introducida contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia; sin embargo, a partir de la reciente Reunión de Argyle del 2023, aceptó manejar la disputa territorial sustentada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, mas los hechos ocurridos desde ese entonces, conllevan a la evaluación de otros posibles escenarios. Verbo y gracia, el Gobierno del país vecino generó una algarabía a raíz de la reciente declaración del presidente de ese país, en el que las empresas actuantes como perros de la guerra, iniciaron los preparativos y el desfile de comercialización para la venta de armamento y tecnología militar, con las excusas indebidas y desajustadas a la realidad ante la opinión pública, mientras el país se corroe en un mar de corrupción y de pobreza extrema con severas limitaciones en el marco socioeconómico. Es obvio que las circunstancias actuales manejadas en el ámbito geopolítico regional, demuestran que las intenciones de Guyana apuntan hacia un vector muy diferente al señalado. Ojo Venezuela con ello.
Ya Venezuela ha reiterado en varias oportunidades que no reconocerá la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, sino más bien, se ha inclinado en manifestar
que el Gobierno de Guyana tendrá que dialogar, negociar y llegar a un acuerdo directo con Venezuela, mediante el Acuerdo de Ginebra firmado por las partes en 1966, el cual establece que la solución debe ser consensuada a través de conversaciones directas y amistosas, para la obtención de soluciones pacíficas, prácticas y aceptables para ambas partes. Y en medio de la diatriba repetitiva por parte de voceros del Gobierno de Guyana contra Venezuela, fue necesario a través de un comunicado emitido por la Cancillería,
rechazar recientemente los comentarios impropios del Gobierno del país vecino contra el Estado venezolano, sobre la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, emitidos en un comunicado el pasado 22 de marzo del 2024. Nuevamente se ha reiniciado una escalada de tensiones entre las partes, que por ahora se mantienen a flor de agua, evitando avanzar a la conformación de una posible crisis.
En lo personal, considero que el Gobierno de Guyana a pesar de su marco de actuación, se encuentra hoy en día profundamente preocupado por los avances multifacéticos de Venezuela en el ámbito internacional, porque a pesar de todas las acciones emprendidas arbitrariamente por el país vecino con el apoyo de terceros, utilizando indiscriminadamente mecanismos perversos, aunado a la implementación de la diplomacia cañonera con el apoyo particular de países del primer mundo, se le está yendo de las manos el turbio control que ha pretendido mantener sobre el espacio geográfico integral del Esequibo. De hecho, el gobierno del país vecino ha incrementado luego de la Reunión de Brasil, su patética política de crear zozobra en la región con el apoyo de terceros, mediante la conformación de alianzas militares y de inteligencia, continuando con la práctica ilegal permanente de otorgar concesiones petroleras en los espacios acuáticos del Esequibo, que están aún pendientes por delimitar con Venezuela hasta tanto se defina bilateralmente el espacio geográfico continental que le corresponde a Guyana, al este del río Esequibo. Ello, indiscutiblemente ameritaría la participación del Estado venezolano, a propósito de evitar cualquier intento de ejecución de alguna actividad económica de parte de las empresas trasnacionales, que se les haya otorgado ilegítimas licitaciones por el Gobierno de Guyana en los espacios continental y acuáticos del Esequibo.
La reciente Ley Orgánica para la Defensa de la Guyana Esequiba presentada por el Estado venezolano, establece en su redacción, que esta tiene por objeto establecer los medios y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la Guayana Esequiba, actualmente usurpado por la República Cooperativa de Guyana, como resultado del írrito Laudo Arbitral de 1899, con el propósito de asegurar la soberanía e integridad territorial de Venezuela, a propósito de preservar entre varios señalamientos, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional como derechos irrenunciables de la Nación, además de ratificar la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, como único instrumento jurídico válido para una solución práctica y mutuamente aceptable de la controversia sobre la Guayana Esequiba, incluyendo el No sometimiento a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros, incluyendo arbitrajes y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
Con base a lo anteriormente señalado, es prácticamente un definitivo del Ejecutivo Nacional, la decisión sobre la No participación en el proceso jurídico que lleva adelante la Corte Internacional de Justicia, pero ello no implica que se logre consignar la Contramemoria venezolana con las pruebas requeridas ante el citado organismo jurídico internacional, para sustentar la titularidad jurídica sobre el Esequibo, documentación que NO posee ni poseerá Guyana o el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, quienes firmaron el Acuerdo de Ginebra de 1966, partiendo del reconocimiento venezolano en que el Laudo Arbitral de París de 1899 es nulo e írrito. De lo contrario, ¿qué otro motivo hubo para que se firmase el citado Acuerdo?
La no comparecencia de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia se ratifica en el párrafo anterior, al haberse establecido en la citada Ley Orgánica, que Venezuela hará uso de los medios procesales disponibles
para rechazar las pretensiones de cualquier Tribunal o Corte, incluidos los tribunales arbitrales y la Corte Internacional de Justicia, incluso el atribuirse jurisdicción para conocer o resolver asuntos relacionados con la
independencia e integridad territorial del país.
Adicionalmente, la mencionada Ley Orgánica ha contemplado la creación del Estado Guayana Esequiba como parte de división político territorial de Venezuela, cuyos límites lo conforman al norte con el Océano
Atlántico, al sur con la República Federativa de Brasil, al Este con República Cooperativa de Guyana y al oeste con los Estados Delta Amacuro y Bolívar, razón por la que todo mapa político de Venezuela que sea distribuido, reproducido, publicado o divulgado en el territorio de la República, deberá incluir el territorio del Estado Guayana Esequiba como parte integrante del territorio nacional, quedando pendiente la adopción de las medidas recíprocas necesarias, conforme al Derecho Internacional, para asegurar los derechos de Venezuela sobre el territorio terrestre de la Guayana Esequiba y las aguas pendientes por delimitar con la República Cooperativa de Guyana. Sin embargo, aún no está determinada la capital de dicho Estado, así como hasta tanto se alcance una solución práctica y mutuamente aceptable con la República Cooperativa de Guyana en torno a la controversia territorial, el asiento de los Poderes Públicos del citado Estado, ha sido establecido en la ciudad de Tumeremo, Municipio Sifontes, Estado Bolívar.
La Tesis realizada para la culminación del Doctorado en Seguridad de la Nación, durante la primera década de este milenio, en lo que fue el Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, contempló de parte del suscrito como recomendación al Estado venezolano, que con la creación del Estado Esequibo, llamado ahora Estado Guyana Esequiba, la capital estuviese estratégicamente ubicada en lo que es hoy en día “Madia”, lo cual alberga un determinado racimo dimensional de razones geográficas, y cuyo nombre se sugiere cambiarlo por el de “Ferrear”, precisamente en honor al Comandante británico que apoyó a los patriotas venezolanos, falleciendo durante la Batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821.
Subrayar que la Constitución venezolana prevé en su Artículo 10, que el territorio y los demás espacios geográficos de la República, son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad, constituye un señalamiento indiscutible para el fortalecimiento de la integridad territorial del gentilicio nacional, dado que si el Uti Possidetis Juris ha sido reconocido como un principio general del Derecho Internacional, y no como una norma consuetudinaria de carácter general, se concluye que la misma, en vista de su entidad, justifica la posición sostenida por el Estado Venezolano a lo largo de su existencia respecto a la extensión de su territorio y demás elementos de su espacio geográfico, y con especial énfasis luego del despojo sufrido a raíz del Laudo Arbitral de París de 1899.
El suscrito aspira que la decisión final del Estado venezolano en la consignación de la Contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia, les permita a los Magistrados actuar con ponderación y justicia, al mantenerse jurídicamente alineados con la realidad existente sobre el caso, y con ello, tomen la decisión ajustada a Derecho y no a intereses geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos, lo cual estará presente sin duda alguna al momento de la decisión final, y que llevará obligatoriamente al Gobierno de Guyana, ya sea éste o el próximo, a tener que llegar a un entendimiento con Venezuela, cuya solución estará enmarcada en el contexto del Acuerdo de Ginebra de 1966, y con ello, habrá terminado en pocos años, el descalabro sufrido injusta y nefastamente por todo el gentilicio nacional de ayer y hoy, de manera que su ejercicio soberano y el de su sentido de integridad territorial, le permitirá ondear en las astas respectivas, el tricolor nacional acompañado con la bandera de su vigésimo cuarto Estado, en el que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Guayana Esequiba”.
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Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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Excelente exposición de motivos, se requiere ejercer soberanía plena poblando y realizando obras de infraestructura del lado del esequibo que administra Guyana.