Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
(Continuación)
¡Continua, ataviada y perversa cocción mantenida a merced de fríos y calientes afanes geopolíticos y geoeconómicos! Así es como ha venido avanzando hoy en día el manejo de la disputa territorial sobre el Esequibo, cuyo reclamo por la vía diplomática de parte de Venezuela se inició en el siglo XIX, considerando que la usurpación de la Corona británica sobre dicho espacio geográfico continental, obedeció a intereses sustentados en el prototipo de la época en que se llevaron a cabo dichas apropiaciones, mediante la colonización del nuevo continente americano imbuido en las voraces conquistas europeas, quienes centraron sus acciones en el saqueo del oro allí existente, incluyendo por supuesto el que se obtuvo de otros países del continente americano, y hoy en día, dicho mineral precioso se exhibe de diferentes formas, como parte de los trofeos obtenidos por dichas potencias en presencia del gentilicio perteneciente al nuevo continente, sabiendo que de por medio para el alcance de dichos recursos, emergió el desbordamiento de sangre, sacrificios, miseria, esclavitud, dolor y amarguras.
Y hoy en día, el marco de la disputa territorial del Esequibo, exhibe nuevamente por terceros como parte primordial de la reclamación venezolana, factores que llevan de la mano el saqueo no solo del oro que allí existe, sino también de los recursos energéticos petroleros con los grandes yacimientos descubiertos en los espacios acuáticos de dicho territorio en reclamación, sumatoria de apetencias y voracidades que se han combinado perversamente, a propósito de reorientar los intereses y el consecuente posicionamiento de varios países, aliados y no aliados con Venezuela, hecho que ha dejado abiertas varias interrogantes sobre la actitud adoptada por el Estado venezolano, quien no ha sido constante en su política exterior demostrada hasta ahora sobre el asunto en sí, sino más bien ha tendido ayer y hoy, a una actuación frontalmente efervescente, lo que permite reflejar la evidente fragilidad que ha caracterizado al país sobre este asunto y otros del interés nacional.
Sin mayores miramientos, nos hemos encontrado con escritos que exacerban la importancia de los descubrimientos petroleros en Guyana durante los últimos años, incluyendo el desarrollo escalonado de ese país, que ha venido representando uno de los eventos más importantes en el mundo energético internacional, relegando a un segundo plano e incluso obviando, la actual disputa territorial con Venezuela sobre ese espacio geográfico integral, aunado al conocimiento o desconocimiento sobre la titularidad jurídica del mismo a favor de Venezuela, cuya superficie se circunscribe a 159.542 kilómetros cuadrados de geografía continental, y en total, es decir, con la plataforma continental correspondiente a los espacios acuáticos derivados como proyección de la tierra al mar, alcanza unos 400,000 kilómetros cuadrados.
Ahora bien, enmarcando esta situación en el ámbito geoeconómico, y tomando en cuenta las necesidades derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, aunado al conflicto de Israel en el Medio Oriente, los principales factores que han impulsado la exploración, explotación y comercialización energética, minera y forestal del Gobierno de Guyana, pese a la ilegalidad de las licitaciones otorgadas para el desarrollo de las citadas actividades económicas, y contrarias a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, han sido los continuos descubrimientos realizados principalmente en el bloque Stabroek, operados por la empresa trasnacional ExxonMobil conjuntamente con otra empresa transnacional de China, estimándose que hoy en día existen más de veinte campos petroleros potenciales.
Adicionalmente, es importante señalar los bajos costos de producción realizados, que han girado con promedio de unos treinta y cinco dólares americanos por barril, cifra ubicada como una de las más bajas del mercado, permitiendo así, que dichas actividades económicas sean altamente rentables, y más aún cuando la producción petrolera total ha sido off shore, hecho que a pesar de haber ido de la mano con la participación de un Gobierno de izquierda, contrario al Gobierno norteamericano, en la práctica no ha incidido negativamente en la imposición de sanciones, ni de inversión extranjera, además de flexibilizarse los incentivos fiscales, agregando seguridad jurídica y frontales normas regulatorias, por supuesto, todo a costillas de los recursos energéticos extraídos del subsuelo marino que le pertenece al gentilicio nacional.
Por su parte, el Estado venezolano, además de las protestas realizadas por la vía diplomática y de la presencia cívico militar actual en la frontera, no ha logrado aún cambiar el statu quo actual de Guyana, el cual continúa acompañando su falso y manipulado desarrollo con altos niveles de corrupción interna. De hecho, lo ocurrido en PDVSA no constituye el único delito regional, dado que Transparencia Internacional ubicó a Guyana en el puesto 85 de 180, respecto a su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) durante el año 2022, valor que se ha ido intensificando paulatinamente en el tiempo.
Por otra parte, un factor primordial que ha primado en la actualidad, lo ha sido el proceso de reanudamiento de las conversaciones directas entre los Gobiernos de Venezuela con el de los Estados Unidos de América, aunado al advenimiento relativo como alivio de las sanciones económicas en materia energética petrolera y gasífera reanudado hace poco, hecho que le ha permitido al país incrementar la producción petrolera, con un promedio de un millón de barriles diarios; sin embargo, todo ello no ha cambiado por lo pronto, la inclinación del Gobierno norteamericano sobre su apoyo al Gobierno de Guyana respecto a la disputa territorial del Esequibo, siendo ello un asunto de vital importancia que debería conllevar a la búsqueda de estrategias más adecuadas, para lograr esta reclinación importante al interés nacional, recordando el compromiso histórico que fue violado de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Washington de 1897, aunado a la participación forzada de los Jueces norteamericanos en contra de Venezuela con el Laudo Arbitral de París de 1899, y la verdad derivada del escrito realizado posteriormente por el Abogado Principal que representó los intereses de Venezuela, Severo Mallet Prevost, colocando a flor de agua las actuaciones y decisiones enmarcadas en posiciones políticas y no por Derecho.
Apenas, el pasado lunes 8 de julio, fue publicado en los medios de comunicación, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, emitió la Licencia General 40C, la cual autoriza a Venezuela para la ejecución de ciertas transacciones que involucran la exportación o reexportación de gas licuado y de petróleo. Dicha licencia estará vigente hasta el 8 de julio de 2025. Así mismo, se le otorgó la licencia respectiva al Gobierno de Trinidad & Tobago para las negociaciones con Venezuela sobre la explotación de gas, quedando reemplazada la Licencia General 40B.
Pero nada de lo señalado hasta ahora, genera cambio alguno en el statu quo que maneja el Gobierno de Guyana, ni el apoyo de los Estados Unidos de América hacia ese país sobre la disputa territorial con Venezuela. Mientras que la Corte Internacional de Justicia continúa con su proceso jurídico por la demanda de Guyana contra el país, y continúa vigente el Acuerdo de Ginebra de 1966, no debe olvidarse que la postura nacional sobre la soberanía territorial del país en el espacio geográfico integral del Esequibo, se enmarca tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 10, el cual refiere “a los territorios y demás espacios de la República […] que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1.810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.
En este contexto, y bajo el marco de efervescencia que debió mantenerse activo con carácter permanente hace tiempo atrás, se han llevado a cabo diversas acciones por parte del Estado venezolano, como el referéndum consultivo, la Reunión de Brasilia entre Cancilleres, la creación del Estado Guayana Esequiba, la presencia cívico militar en la frontera esequibense, entre otros, lo cual No ha alterado en absoluto la situación geoeconómica ni geoestratégica de ayer ni la actual, en el que continúan generándose omisiones jurídicas y diplomáticas, además de la explotación y comercialización energética petrolera off shore, minera y forestal, mediante las licitaciones inicuas que ha continuado otorgando el Gobierno de Guyana, protegiéndose cual Estado Profundo detrás de gobiernos más poderosos del primer mundo, además del claro alejamiento para llegar a un entendimiento bajo las premisas establecidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Es indiscutible que esta anormal fluctuación con serpenteos desconocidos, y que ha venido golpeando frontal e históricamente la soberanía nacional, demuestra la inconsistencia de la actual política exterior venezolana, en la que se le ha reclamado a Guyana por la vía diplomática las ilegalidades que se han venido cometiendo, al igual que a la Exxon Mobil, pero no se ha reclamado la participación de la empresa china que ha mantenido parte de las acciones económicas como socia con la empresa petrolera norteamericana, e igualmente ha sucedido con la explotación minera y forestal. Ello indiscutiblemente representa un contraste inaceptable, en el que se ha venido albergando un doble discurso al igual que una agenda paralela, a pesar de no existir duda alguna para todos los venezolanos, en que está totalmente ratificado y con sólida argumentación jurídica, la convicción plena de los derechos que le asisten a Venezuela en esta disputa territorial.
Como bien lo han señalado otros venezolanos expertos en materia jurídica, el tiempo y el Derecho Internacional han jugado un rol fundamental en el proceso de decisiones al momento de emitirse las sentencias, pero también es innegable que el propio marco de aplicación del Derecho tiene limitaciones al conjugarse con el tiempo, sobre todo cuando se trata el asunto sobre la independización de una colonia del país origen, tal cual como lo es la presente disputa territorial, regada de innumerables protestas diplomáticas y participaciones en el tiempo, que en su conjunto afectan la médula del Derecho Internacional Público, planteándose multitud de interrogantes sobre esta controversia, de manera que se adapte a lo que prevalecía en el Derecho internacional Público del momento.
Lo anterior ha ido fundamentalmente referido, a que según la demanda de Guyana para justificar la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, sentencia que careció de motivación alguna para la decisión a la que se llegó por el Tribunal en aquel entonces, se estableció que en el Derecho Internacional Público para la época, no se contemplaba la obligación de una sustentación o motivación que soportara jurídicamente la decisión, hecho que es absoluta y totalmente falso, dado que sin ir muy lejos, el propio Profesor ruso Frederic De Martens, como juez principal del Tribunal Arbitral de París para el litigio entre Venezuela y Gran Bretaña, había sido juez principal anteriormente con sentencia motivada jurídicamente sobre su decisión, y por ese vacío antagónico, presionó a los jueces norteamericanos para la decisión unánime de 5 a 0 a favor de la línea fronteriza sobre la conformación geográfica de la Guyana Inglesa, y así evitar que fuese reclamada una decisión unánime, despojándole a Venezuela todo el área del Esequibo hasta el río de su mismo nombre.
La manipulación de hoy en día ha sido tan abierta y tan desesperada por parte del país vecino, que éste ha pretendido señalar la desventaja de los países con reclamación de territorios en el caso de América, dadas las limitaciones del habla que se manejan en la Corte Internacional de La Haya, en la que solo se utiliza el inglés o el francés, donde el idioma inglés de Guyana frente al castellano de Venezuela, advierte ventajas absurdas e inexistentes. Así mismo, la presunción del Gobierno de Guyana en señalar que el uso de las armas circunscritas a los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, se visualizan como forma escalonada tendiente al conflicto, lo cual es totalmente contrario a la actuación internacional del país, quien siempre ha demostrado que el uso del conflicto no puede utilizarse como soporte atractivo para alcanzar el fin.
Lo cierto de todo, es que a pesar de la pretendida manipulación de Guyana ante la comunidad internacional, buscando descalificar a Venezuela, no ha logrado su cometido, y cada vez más, se exteriorizan nuevos indicios que favorecen al Estado venezolano ante la opinión pública internacional, dado que los principios que deben regir la presente disputa territorial, están apuntalados sobre una base geohistórica irrefutable. Venezuela ha ejercido una notable influencia sobre el Derecho Internacional Americano, que se ha infiltrado en el Derecho Internacional Público, ayudando a la creación de grandes principios fundamentales tendientes a la solución pacífica de controversias, y no precisamente por la vía de las armas. Así mismo, la creación del Derecho Internacional Público nació en América y no en Europa, basado en el Pacto Kellog-Briand de 1928, así como en el Pacto Saavedra-Lamas de 1933, en el que se condenaba las guerras de agresión y se propugnaba el arreglo pacífico de las controversias internacionales de cualquier clase que fuesen.
La Dúplica de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia está pautada para el 9 de agosto del 2025, fecha definitiva para complementar y contrarrestar los continuos falsos positivos que el Gobierno de Guyana ha utilizado como artimaña, por cierto muy mal asesorada, para desarticular las pretensiones del país en recuperar el territorio que le fue usurpado con falsificaciones, manipulaciones y engaños. La reversibilidad jurídica-matemática del país se enfila cada vez más en positivo, debilitando a su vez la irreversibilidad guyanesa bajo el intento de esta en repetir un Laudo Arbitral de París, parte II, por lo que el avance jurídico del Estado venezolano podría describirse en superlativo como el anticipo a lo que se espera bajo un acertado paso jayán, lo cual no puede dar tregua a la continuidad desplegada en materia jurídica.
Sin embargo, no luce racional que a la par de las acciones jurídicas manejadas, continúa reinando la actuación arbitraria del Gobierno de Guyana en el desarrollo de las actividades geoeconómicas, con el silencio del Estado venezolano limitado a notas diplomáticas. Si éste último había manifestado el no reconocimiento de la competencia jurídica del Tribunal de La Haya, y aun así, entregó debidamente la Contramemoria venezolana, podría de la misma manera solicitar una medida cautelar ante los continuos atropellos violatorios por parte de Guyana del Acuerdo de Ginebra de 1966, y como la Corte no abordó la demanda contra Venezuela sino hasta antes de la firma del citado Acuerdo, podría introducirse No una contrademanda, sino Una demanda contra Guyana como caso aparte, por todos los actos ilícitos que ha venido cometiendo contra el país.
No hacer lo anteriormente señalado, sigue dando pie a la conformación de la extraña política exterior venezolana, que no encaja bajo ninguna lógica con las actividades desplegadas antes y después de la Reunión de Argyles, careciendo de sentido racional varias de las acciones emprendidas actualmente, que pueden de por sí, estar sujetas a diversas interpretaciones, razón por la que es sano y prudente culminar este vacío bajo un doble discurso con los venezolanos, quienes tienen el derecho y de por sí reclaman claridad, pero no bajo la lupa de un paso cíclope, sino bajo la realidad actual, que luce un tanto antagónica a las acciones establecidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966, soporte único por excelencia para confrontar y reafirmar una vez más, que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Guayana Esequiba”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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