La Haya (EFE).- Una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “la captura y detención inmediata” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.
“Por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela”, dijo a EFE el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte.
Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
“Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único expresidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero”, destacó Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la CPI.
“Violaciones generalizadas de derechos humanos”
Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), denunciaron en su informe jurídico “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “los crímenes de lesa humanidad”, del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de “terrorismo de Estado”.
Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.
En noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.
Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
El “núcleo” del informe jurídico presentado por los exlíderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.
Estado militar
“Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar”, señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es “directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional”, así como los demás cargos, ya que “la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones”.
“Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente de la República”, sentenció Pastrana, quien ofreció a la Corte Penal Internacional la cooperación del grupo IDEA para conseguir “evidencias, pruebas, respaldo legal” para que pueda actuar “rápido” en la causa contra Venezuela.
En su reunión con el equipo del fiscal Khan, Pastrana también quiso “llamar la atención de lo que estaba pasando” en el país y de la “preocupación” por la seguridad de los líderes opositores colombianos Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es “muy frágil”, así como de los “más de 1.200 detenidos políticos”.
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No es abogado de Maduro. Es el abogado de oficio de las cortes de derechos humanos que representa al estado de Venezuela en defensa es un trámite legal sin implicación personal. Ni Maduro ni nadie está señalado por el momento, pero está en el último trámite de imputaciones individuales.
En ese momento serán imputados los individuos, y en ese momento es cuando se les acusará y contrataran sus abogados.
El turno de oficio se refiere al servicio prestado por un abogado de oficio o abogado de turno a un ciudadano, defendiéndole ante un Tribunal de Justicia de forma gratuita para el ciudadano.
Es un servicio financiado por el Estado a los ciudadanos con el objetivo de satisfacer el derecho de estos a tutela judicial y a un proceso con las máximas garantías de igualdad e independencia, respetando el derecho a la defensa de todo acusado ante la Ley, así como la asistencia necesaria para iniciar un proceso judicial.
Así se cubren las necesidades del ciudadano sin recursos económicos, bajo tutela policial o penitenciaria o en un proceso penal de recibir una tutela judicial efectiva.
Formaría parte de la asistencia jurídica gratuita, que además incluiría excepciones al pago de tasas o la asistencia de un procurador (procurador de oficio), por ejemplo.
Sin embargo, existe gran diferencia en el alcance de estos servicios dependiendo del país e incluso la región.