Venezuela calificó este lunes de «secuestro» la intervención de Estados Unidos para separar a una niña de dos años de su madre durante un proceso de deportación, en el que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense asegura haber actuado para «proteger» a la pequeña.
El sábado, la oficina de seguridad nacional informó en su web sobre esta separación señalando que los padres de la niña pertenecían a la temida banda venezolana Tren de Aragua y que actuaba por su «seguridad y bienestar».
«Venezuela denuncia ante el mundo el secuestro por parte de autoridades estadounidenses de la niña venezolana Maikelys Antonella Espinoza Bernal, de dos años de edad», dijo en un comunicado la cancillería venezolana.
«Incurren nuevamente en el gravísimo expediente de separar familias y de sustraer a un menor de edad de su entorno afectivo y especialmente de su madre biológica», añadió el texto.
Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, la niña está bajo «el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados y actualmente se encuentra con una familia de acogida».
La oficina de Seguridad Nacional acusó a la madre, Yorely Bernal Inciarte, de supervisar «el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución».
Lea también: Indicadores económicos
Tren de Aragua
El padre, Maiker Espinoza Escalona, por su parte, fue acusado por el DHS de ser «teniente» del Tren de Aragua y de supervisar «homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, tráfico sexual», así como una «casa de tortura».
Venezuela dijo que Espinoza fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a la que el gobierno de Donald Trump ha expulsado a migrantes que considera criminales en medio de la ola de deportaciones masivas lanzada tras su llegada al poder.
En el Cecot se encuentran más de 250 migrantes venezolanos también señalados de pertenecer al Tren de Aragua.
Venezuela exigió la devolución «inmediata» de la niña y aseguró que recurrirá a todos los mecanismos «legales, políticos, diplomáticos y de acciones multilaterales» para que se respete la integridad de las familias.