La política negociadora que había impulsado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sufrió un duro revés el lunes 10 de noviembre, cuando el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas lanzar un ataque aéreo contra posiciones de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, que se han ganado fuerza en la región del centro-sur del país.
Una fuente militar citada por la agencia de noticias AFP aseguró que este último bombardeo fue el más letal de los siete realizados este año por decisión del presidente. El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó este miércoles (12.11.2025) que la operación dejó «19 terroristas muertos», tres personas capturadas, tres menores de edad rescatados de manos de la guerrilla y numeroso material de guerra incautado.
Según Cubides, la ofensiva aérea fue ordenada por el mandatario porque había «un ataque inminente» contra las fuerzas militares desplegadas en la zona.
Un ataque inminente, un bombardeo aéreo con 19 muertos, constantes atentados contra instalaciones civiles y militares… ¿Es posible todavía sacar adelante la agenda de «paz total” impulsada por el presidente Petro?
Estrategia que cambió
«La estrategia de paz total del presidente Petro ha evolucionado”, dice a DW Elizabeth Dickinson, analista sénior de International Crisis Group para Colombia. «Obviamente, cuando asumió la presidencia el propósito fue negociar y bajar el nivel de operaciones militares, inclusive con cese al fuego al principio», recuerda la especialista.
Sin embargo, el lento avance de las conversaciones ha llevado al gobierno «a retomar poco a poco la iniciativa militar, con el reconocimiento de que hay que mezclar las dos estrategias: zanahoria y garrote», apunta Dickinson.
«El problema es que no se han concretado acuerdos claros con ningún grupo, no ha habido acuerdos transformadores», explica a DW Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la fundación alemana Friedrich Ebert, vinculada al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).
«La política de paz del gobierno no logró articular incentivos suficientes para que los grupos realmente pensaran en someterse o desmovilizarse, o en cumplir con los acuerdos a los que se llegara, lo que ha debilitado el proceso», apunta la experta.
Dickinson, en tanto, sostiene que este giro «tiene sentido porque el contexto de seguridad se ha deteriorado hasta el punto de que se requiere una intervención más puntual y contundente en contra de las amenazas que afectan sobre todo a la población civil». Para ella, «es muy claro que el gobierno quiere mandar un mensaje muy contundente de que las asonadas o las bombas en estaciones policiales e instalaciones militares no pueden ser tolerados».
Normalización de la violencia
Si bien los bombardeos aéreos contra posiciones de la guerrilla son una herramientas que históricamente han usado las fuerzas colombianas, dado el contexto de conflicto interno que sufre el país, el de la madrugada del lunes causó especial impacto por la magnitud del ataque y el número de bajas provocadas. Pese a ello, Dickinson piensa que se trata de una estrategia que no tiene la efectividad que tuvo en el pasado.
«Muy pocas veces las organizaciones armadas y criminales están dentro de campamentos; en realidad, no están agrupados. En muchos casos viven entre la población civil, andan sin uniformes. Lo más adecuado -y esto ha sido el desafío de los últimos años- sería armar una estrategia de seguridad ante una amenaza que está más atomizada e integrada dentro de la misma sociedad», sostiene.
«Lamentablemente, en Colombia hemos normalizado unos altos niveles de violencia, y la actual preocupación de muchos sectores por el empeoramiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas hace que, desde la población, se vea menos grave que el gobierno haya tomado la decisión de hacer bombardeos contra un grupo de insurgentes», apunta Niño, quien menciona como ejemplos de esa creciente inseguridad los atentados en Cali y el derribo de un helicóptero policial en agosto de este año, que dejaron 19 muertos, además de la grave situación que se vivió en Catatumbo a comienzos de este año, tras una ofensiva del ELN contra las FARC-EP.
Si bien la ofensiva militar ordenada por Petro no implica una renuncia al diálogo, para Niño es evidente que la falta de resultados y la proximidad de las elecciones juegan un rol preponderante en la nueva política contra la guerrilla. «Ha habido un incremento de la inseguridad en muchos territorios, lo que suena muy mal en un contexto electoral», afirma.
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