InSight Crime revela cómo el ELN opera en Venezuela- CURADAS

Cuando el ELN se fundó a comienzos de la década de los sesenta, sus líderes presumían de una “pureza revolucionaria” enmarcada en la teoría marxista-leninista y la Teología de la Liberación

InSight Crime: Era el mediodía del pasado 25 de julio cuando un tiroteo rompió la tensa calma en las calles de La Fría, un pueblo tachirense pegado a la frontera colombiana. Una camioneta negra con hombres armados avanzó a toda velocidad hasta posicionarse frente a otro vehículo e iniciar la balacera.

Entre los protagonistas había hombres vestidos de civil y otros con uniformes de militares venezolanos. El hecho quedó grabado con las cámaras de los celulares de los vecinos. La tensión y confusión perduró.

Inicialmente, el gobernador Freddy Bernal minimizó el incidente alegando que se trataba de una banda de ladrones de carros de quienes nunca se dieron a conocer los nombres.

Pero una investigación de InSight Crime, una fundación especializada en el estudio del crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina, revela que la razón pudo haber sido otra: una confusión entre las fuerzas de seguridad venezolanas y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ELN controla La Fría desde hace unos seis años”, asegura la unidad de investigación de InSight Crime.

Ese control, sostienen, se consolidó cuando actuaron en coordinación con las autoridades venezolanas para expulsar a los grupos de paramilitares colombianos que antes dominaban la zona. De allí se produjo una “relación simbiótica” con el Estado venezolano que ha permitido al ELN operar y controlar territorios en al menos 8 de los 24 estados de Venezuela, de acuerdo con la investigación.

En ese contexto, La Fría es apenas un punto en un mapa mucho más amplio: el de la expansión hasta ahora imparable de un grupo guerrillero que encontró en Venezuela su santuario, su fuente de ingresos y una ventana de influencia política vinculada al crimen organizado en el país.

“La impunidad del ELN en Táchira es el resultado de años de complicidad y cooperación con fuerzas de seguridad locales y líderes afines al gobierno. En muchas zonas, el ELN ha logrado un control social tan profundo que la ciudadanía ve al grupo como una extensión del Estado. A veces incluso lo percibe más confiable que el propio gobierno de Nicolás Maduro, tanto en lo social como en lo económico”, se lee en el informe, titulado “La paz nunca fue una alternativa: el ELN de Colombia en Venezuela”.

Una expansión con refugio en Venezuela

Cuando el ELN se fundó a comienzos de la década de los sesenta, sus líderes presumían de una “pureza revolucionaria” enmarcada en la teoría marxista-leninista y la Teología de la Liberación. Esos principios, según sus miembros, los mantenía alejados de las actividades relacionadas con el narcotráfico, que consideraban una “aberración ideológica”. Así que sus operaciones rápidamente se entrelazaron con un sistema que ellos mismos denominaron “gramaje”, un impuesto cobrado bajo coacción a las personas que habitan en los territorios controlados por el grupo.

Pero pasó poco tiempo hasta que los guerrilleros descubrieron y se vieron tentados a romper sus dogmas por los altos volúmenes de dinero a los que podían acceder a través del tráfico de drogas. De esa manera, los miembros del ELN, que ya para entonces dominaban áreas de cultivo de coca en el Catatumbo colombiano, decidieron ampliar sus acciones a ya no sólo el cobro del “gramaje”, sino también a la administración de la producción de coca, el procesamiento y transporte de ésta, y finalmente la exportación de cocaína.

No luce casual, entonces, que el Catatumbo se haya convertido en uno de los ejes centrales de esta economía criminal. Las estimaciones de InSight Crime, basadas en un trabajo de campo de años, arrojan que 11 municipios de esa región montañosa y fronteriza con Venezuela concentra unas 55.000 hectáreas de cultivos de coca, con un potencial de producción de hasta 400 toneladas de cocaína al año.

“En Colombia, un kilo de cocaína se vende por 1.500 dólares, lo que significa que la producción de cocaína en el Catatumbo puede generar US$600 millones al año. El precio internacional promedio al por mayor es de 25.000 dólares por kilo, lo que convierte la producción del Catatumbo, una vez exportada, en un negocio de hasta 10.000 millones de dólares”, precisan los autores del informe.

Las cifras podrían servir para explicar por qué el ELN, en plenas negociaciones de paz con el presidente Gustavo Petro, lanzó una ofensiva sorpresa en enero de 2025 contra el Frente 33, una disidencia desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que controlaban la zona. El resultado: la muerte de al menos 80 personas y unos 50.000 desplazados.

El presidente Petro denunció que el ataque al Catatumbo tomó su impulso al otro lado de la frontera, en el estado Zulia, donde el ELN ha encontrado refugio con complicidad del Estado venezolano. Pero también, según dijeron fuentes a InSight Crime, forma parte de un plan del grupo para “establecerse como la autoridad hegemónica a lo largo de la frontera”.

El exmilitar detrás de la operación «Dinamita dorada», el plan secreto para sacar de Venezuela a María Corina Machado, habla con la BBC

Un acuerdo beneficioso para el ELN y el régimen de Maduro

Si bien los operativos militares colombianos para combatir a las fuerzas del ELN en territorio fronterizo han sido constantes, no han sido tan efectivos porque los guerrilleros han encontrado protección y ventajas para operar al otro lado de la frontera, en Venezuela, fuera del alcance estatal de Colombia, dice InSight Crime.

“Los continuos operativos contra laboratorios de procesamiento del ELN en Colombia han empujado a la guerrilla a instalar centros de producción en zonas remotas de Venezuela, como la localidad fronteriza de Jesús María Semprún, donde actúan como autoridades paraestatales”, precisa el informe de investigación.

Pero, ¿por qué el régimen venezolano permitiría esto?

Los autores alegan varias explicaciones. En primer lugar, la afinidad ideológica entre ambos actores que tiene sus raíces en Cuba y en el socialismo pregonado por la “revolución bolivariana”. En segundo lugar, ante el colapso económico venezolano, el acceso a las rentas criminales ha permitido al ELN fortalecer sus operaciones y al régimen de Maduro “mantener la lealtad de sus generales y altos funcionarios”. Y, en tercer lugar, los guerrilleros se han convertido en una fuerza paramilitar usada por el régimen venezolano para combatir cualquier vestigio de disidencia, hacer frente a potenciales ataques militares y administrar zonas en las que el Estado no tiene presencia.

Diez años del Acuerdo de París, ¿Cuál ha sido su impacto?

Ese sistema de cohabitación es lo que Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime y uno de los autores de la investigación, llamó en entrevista con El Nacional “una estructura de gobernanza criminal” que permite a Maduro aferrarse al poder mientras sostiene alianzas estratégicas con organizaciones e individuos que, a cambio de tener acceso a la rentas ilícitas, participan en la represión contra la oposición política. Para él, eso es lo que se conoce como el “Cartel de los Soles”.

Curadas / Vía El Nacional

Somos Curadas.com Tu compañía en información