Los presos políticos presentan “signos severos de desnutrición, debilitamiento físico, desorientación cognitiva y afectación psicológica, presuntamente asociados a condiciones de reclusión y alimentación insuficiente”, señala la ONG Laboratorio de Paz
La organización Laboratorio de Paz advirtió este viernes sobre el deterioro crítico de la salud y las condiciones de reclusión de 32 presos político que las autoridades vinculan con el caso Operación Gedeón, tras denuncias de familiares que fueron autorizados para visitarlos en El Helicoide.
Madres y allegados reportaron un estado alarmante de los detenidos tras seis meses sin información sobre su paradero, dijo la organización en un comunicado.
Presentan “signos severos de desnutrición, debilitamiento físico, desorientación cognitiva y afectación psicológica, presuntamente asociados a condiciones de reclusión y alimentación insuficiente”, denuncia la ONG.
Los testimonios describen temblores, deterioro físico evidente y alteraciones mentales. Familiares calificaron la situación de estado crítico que, aseguran, requiere atención inmediata y sin interferencias.
Laboratorio de Paz recordó que la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe la tortura y los tratos crueles, y advirtió que la falta de alimentación adecuada, atención médica o contacto familiar puede constituir trato inhumano o degradante, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado.
Subrayó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a proteger el derecho a la vida, prohíbe la tortura y establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto a su dignidad.
“La tortura, los tratos crueles inhumanos y degradante, así como la desaparición forzada como forma sistemática de infligir daño contra personas que disienten constituyen crímenes de lesa humanidad por razones de persecución política”, señala.
Solicitan revisión médica y liberación humanitaria
La organización se sumó al llamado de los familiares y solicitó medidas urgentes a las autoridades, entre ellas evaluación médica independiente y el acceso regular a alimentos y visitas.
La ONG se une a los familiares para solicitar la intervención de la presidenta interina, Delcy Rodríguez; al gobierno de Estados Unidos, representado por Marco Rubio, y la encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu.
Entre las acciones que les solicitan figuran garantizar evaluación médica integral con especialistas en nutrición y salud mental, permitir visitas periódicas sin vigilancia intimidatoria y el traslado de familiares a Caracas para facilitar la asistencia continua.
El comunicado pide que el caso sea considerado urgentemente para una “libertad inmediata por razones humanitarias”, ante el daño prolongado a la integridad física y mental y el riesgo para la vida de los detenidos.
La organización hizo un llamado al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, así como a la Organización Mundial contra la Tortura, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otros mecanismos especializados para que activen canales formales de intervención y seguimiento.
Solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares urgentes, al considerar que existe riesgo inminente para la vida e integridad de los detenidos y recordar antecedentes de muertes bajo custodia que pudieron prevenirse.
“La información pública disponible sugiere riesgo real e inminente para la vida e integridad de las personas detenidas”, advierte la ONG, que insta a actuar bajo el principio de prevención del daño irreparable del derecho internacional de los derechos humanos.
“Nuestra profunda indignación y el respeto y solidaridad con madres, familiares y los 32 Gedeones, sometidos hoy a condiciones inhumanas contrarias a cualquier tratado en materia de derechos humanos”.
El comunicado de Laboratorio de Paz concluye: “No puede existir transición, convivencia y reconciliación mientras las torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes y la persecución por razones políticas sigan aplicándose en el país y sus responsables se mantengan en custodia de los más vulnerables, los presos políticos y desaparecidos en Venezuela”.
Curadas / Vía El Nacional
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