«La sociedad aspira a mayor celeridad en la implementación, menos formalismo y mayor efectividad. Y creo que esto, desde el punto de vista político, sería una buena señal para la reconstrucción social que todos tenemos la esperanza de que se comience a dar de forma efectiva”, indica el abogado
La ley de amnistía promovida por el gobierno nacional no es suficiente para la reconstrucción social del país, pero es un buen inicio. Así lo asegura el abogado Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos, quien reconoce avances, advierte sobre confusión en los tribunales y pide interpretar la norma con amplitud jurídica.
Aunque reconoce que la ley de amnistía podría perfeccionarse, insiste en que el balance debe hacerse desde el pragmatismo: hoy hay presos políticos que han sido excarcelados y que ya se reencontraron con sus familias.
«Desde el punto de vista jurídico, evidentemente tienes un balance positivo desde el punto de vista numérico. Hay un número importante de presos, de privados de libertad por razones políticas de los últimos años, quienes han sido acreedores o beneficiados en los últimos tiempos. No son todos, también es verdad, pero hemos avanzado algo desde el punto de vista de la liberación», dice Medina Roa en conversación con El Nacional.
Sostiene que las organizaciones no gubernamentales y familiares de los presos políticos esperan que los procesos de liberación sean mucho más expedito. «La sociedad aspira a mayor celeridad en la implementación, menos formalismo y mayor efectividad. Y creo que esto, desde el punto de vista político, sería una buena señal para la reconstrucción social que todos tenemos la esperanza que se comience a dar de forma efectiva”, indica.
Recuerda que «la amnistía no es perdón, sino olvido». Es decir, en la ley de amnistía «lo que se quita es el carácter de ilícito al hecho. El hecho deja ser deja de ser de interés para el derecho penal. Y por supuesto, como insisto, la consecuencia inmediata es la extinción de la acción penal».
Desde el pragmatismo que plantea, también considera que se está dando un primer paso hacia una eventual justicia transicional y de reparación. Sin embargo, es cauto con los tiempos: sostiene que habrá que esperar el paso de los días para dimensionar con claridad el verdadero alcance de la ley.
“Yo creo que va a haber unos días, una semana, un poco más, para que se formalice la implementación de la ley. Conforme a la ley de amnistía, por supuesto, debe cesar cualquier medida cautelar impuesta a un procesado o inclusive a los penados que están disfrutando de alguna forma alternativa al cumplimiento de la pena; también debe extinguirse la acción».
—¿Cuál es el balance que hace sobre la ley de amnistía hasta el momento?
—El balance al día de hoy desde el tema de la ley de amnistía es que aún hay mucha confusión en los tribunales de la República sobre la implementación de esta ley. Muchas de las liberaciones, o la mayoría de las liberaciones, se han dado de oficio; es decir, los tribunales, por diferentes razones -más que todo de carácter político-, han ordenado de oficio la liberación de un número importante de privados de libertad, particularmente los post 28 de julio. Sin embargo, en la mañana de hoy, que recorrimos varios tribunales de la República acá en el área metropolitana de Caracas, todavía hay muchas confusiones en cuanto a la implementación.
Hoy estuvimos indagando sobre el caso conocido como la Operación Aurora, y en el tribunal desconocían la forma de implementación de la ley en ese caso en particular. Hemos visto algunos casos donde hay otros militares vinculados y, de igual forma, también prevalece la confusión sobre la implementación.
—¿Qué pasará con casos como los de los policías metropolitanos o la Operación Gedeón?
—El alcance de la ley no está definido desde el punto de vista de la narrativa social. Sin embargo, si interpretamos el artículo 3 de la referida ley, donde nos habla sobre un conjunto de principios que debe regir el proceso, la igualdad es uno de esos principios: la preeminencia o la preferencia del respeto por los derechos humanos, lo que conocemos como el derecho del favor libertatis.
Son principios que establece la misma ley en el artículo 3. De tal manera que esta ley hay que interpretarla con total amplitud en su conjunto, no solo quedarnos en el tema de lo que pudiera estar excluido. Porque si bien es cierto que hay una exclusión taxativa conforme a ley, conforme a nuestra Constitución, que son los delitos de corrupción, los delitos de lesa humanidad y el delito de homicidio, no hay una expresión tácita completa o suficiente para excluir, por ejemplo, a los militares que están presos por causa política.
Hay una limitación de uno de los ordinales con respecto a la exclusión de los que están procesados por el delito de rebelión militar del año 2019.
No hay una generalización que todas las personas que desde el 99 al día de hoy están siendo procesadas por el delito de rebelión militar sean excluidas. Si leemos bien la ley, la referencia es a las personas que están vinculadas o procesadas por el delito de rebelión militar en el año 2019.
Pero además, si revisamos cuántos militares o cuántos civiles están siendo procesados por el delito de rebelión militar, el número es bastante bajo, porque el mayor número de militares que fueron procesados ante los tribunales militares fueron juzgados o acusados por el delito de instigación a la rebelión y no por rebelión militar.
De tal manera que esas personas que fueron procesadas, que están siendo procesadas por el delito de instigación a la rebelión, podrían ser amparadas por la ley, en atención -como te refería anteriormente- a ese principio de igualdad, ese conjunto de principios que rige la ley.
—En casos recientes, como el de Perkins Rocha, que fue excarcelado pero mantiene medidas cautelares, ¿cree que la ley debería dejarlo en libertad plena?
—Creo que va a haber unos días, una semana, un poco más, para que se formalice la implementación de la ley. Conforme a la ley, por supuesto, debe cesar cualquier medida cautelar impuesta a un procesado o inclusive a los penados que están disfrutando de alguna forma alternativa al cumplimiento de la pena; también debe extinguirse la acción.
Recordemos, como te refería al principio, que la amnistía olvida el hecho, extingue la acción penal. La amnistía no es un perdón. En la amnistía lo que se quita es el carácter de ilícito al hecho. El hecho deja de ser de interés para el derecho penal. Y, por supuesto, la consecuencia inmediata es la extinción de la acción penal.
—Voceros del gobierno hablan de arrepentimiento como condición. ¿Eso tiene efecto jurídico? ¿Y qué ocurre con los exiliados?
—El arrepentimiento yo lo veo como parte de la narrativa política. No tiene ningún efecto desde el punto de vista jurídico y la ley de amnistía no se puede condicionar desde el punto de vista jurídico a un tema de arrepentimiento o pedir perdón como tal. Eso no tiene cabida dentro del mundo jurídico.
Porque es un acto legislativo propio donde el órgano legislativo, la Asamblea Nacional, dicta el acto con un fin político, que es el reencuentro social, la reconstrucción de la sociedad que se ha visto perturbada por diferentes razones. Entonces, eso no tiene cabida desde el punto de vista jurídico; ese tema del arrepentimiento yo lo interpreto única y exclusivamente como parte de la narrativa política.
En cuanto a la posición de los exiliados, de las personas que están en el exterior y tienen conocimiento de un proceso penal en su contra, evidentemente mi recomendación es esperar unos días a que se normalice la situación. Recordemos que la prioridad en este momento es el tema de la libertad de los que se encuentran privados de libertad.
Una vez superado o resuelto el tema de los privados de libertad, posiblemente los tribunales de la República se podrán ocupar del tema de aquellas personas que se encuentran en el exilio o aquellas personas que puedan solicitar ser amparadas por la ley de amnistía.
—¿Y qué ocurre con quienes están exiliados por la persecución pero no tienen un proceso penal abierto?
—La amnistía como tal no tiene un alcance sobre el hecho incierto. Sobre la amenaza, por ejemplo, no lo tiene. La amnistía va a generar un efecto para aquellas personas que tienen el proceso como tal, porque es una forma de extinguir la acción penal. Si no hay acción penal, si el Estado no ha ejercido formalmente una acción penal en contra de uno u otro individuo, no puede de una u otra manera invocarse la amnistía, porque no se puede invocar sobre una figura procesal inexistente. Recordemos lo que te refería anteriormente: una cosa es la narrativa política y otra cosa es la narrativa jurídica. El efecto como tal es totalmente jurídico.
—¿Qué mensaje le enviaría a los familiares de los presos políticos que siguen a las afueras de los centros de reclusión a la espera de más liberaciones?
—Sé que desde afuera es difícil pedir un poco de calma porque evidentemente son ellos los que están privados de libertad. Pero hay que dar un margen de tiempo o unas horas para que se pueda implementar de forma efectiva la ley.
Recordemos, como lo hemos referido desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en los últimos meses, eran más de 1.000 personas privadas de libertad por razones políticas, y además a lo largo y ancho del país. No es un conflicto que solo vemos en la ciudad de Caracas. Por supuesto que esperamos que sea mucho más expedito. La sociedad aspira a mayor celeridad en la implementación, menos formalismo y mayor efectividad. Y creo que esto, desde el punto de vista político, sería una buena señal para la reconstrucción social que todos tenemos la esperanza de que se comience a dar de forma efectiva.
—¿Es optimista con respecto a que esta ley pueda contribuir a la convivencia de los factores políticos en el país?
—Soy pragmático. ¿Qué tenía hace 15 días? ¿Qué tengo ahora? Hace 15 días no tenía nada. Hoy tengo una ley en marcha. Cientos de familiares hoy se reencontraron con sus familiares. De tal manera que, desde la óptica del pragmatismo, del hecho real, del hecho fáctico, hay un beneficio.
Evidentemente no es suficiente para la reconstrucción social, pero sí es un buen inicio. Podríamos aspirar a una justicia de reparación de las víctimas, podríamos esperar un tema de justicia transicional o todos aspiramos a un tema de reinstitucionalización de los poderes, pero ya comenzamos a transitar el camino.
Curadas / Vía El Nacional
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