Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, la Misión de la ONU podría advertir este jueves que la norma corre el riesgo de ser un «saludo a la bandera» si persiste la arquitectura judicial que mantiene a cientos de civiles bajo jurisdicción militar
Andrés no es soldado. Es profesor de bachillerato en Catia, pero hace tres años un capitán le habría dictado sentencia en un salón donde los crucifijos fueron reemplazados por retratos marciales. Su «delito», según el expediente que aún arrastra, fue un «ataque al centinela» que nunca ocurrió durante una protesta por servicios básicos.
Hoy, con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ya aprobada, Andrés aún sentiría el peso de los pasos en el pasillo de Fuerte Tiuna. Para él, y para cientos de civiles procesados bajo el código de justicia militar, la libertad podría no ser un decreto automático, sino un laberinto de expedientes que el uniforme se negaría a soltar.
Este jueves 12 de marzo de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFMV) presentará su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En este escenario de «tensa calma», los expertos podrían poner el dedo en la llaga: la posibilidad de que no haya reconciliación genuina mientras el mazo de la justicia lo sostenga un brazo castrense.
El mazo de los cuarteles
Desde 2017, el Estado ha perfeccionado un mecanismo de asfixia: desplazar a los ciudadanos de su «juez natural» para llevarlos ante cortes marciales. La ONU podría detallar cómo se habría violado el artículo 49 de la Constitución, convirtiendo el derecho a la protesta en una supuesta afrenta de guerra.
Cargos como rebelión o «ataque al centinela» —con penas que podrían oscilar entre los 14 y 20 años— habrían funcionado como una guillotina preventiva. Se esperaría que la Misión señale que este esquema no ha sido un error administrativo, sino una pieza clave de una maquinaria para asegurar condenas desproporcionadas en juicios opacos, donde la defensa sería, a menudo, un simple trámite sin voz.
La celada del «terrorismo»
El «zoom» del expediente también apuntaría a la justicia ordinaria, donde el patrón podría haber sido el camuflaje: acusar a la disidencia de delitos comunes o «terrorismo» para despojarlos de su condición de perseguidos políticos. Es aquí donde la Ley de Amnistía encontraría su mayor escollo.
Si la norma se limitara a perdonar «delitos políticos», podría dejar en el limbo a quienes cargan con expedientes de terrorismo fabricados bajo coacción. La Misión advertiría, como ya lo ha hecho, que una amnistía defectuosa correría el riesgo de legitimar las violaciones del pasado, especialmente cuando los tribunales antiterrorismo ni siquiera habrían sido creados por ley, como mandaría el artículo 261 constitucional.
El peso del silencio
En esta Venezuela que ensaya un pragmatismo extremo bajo la mirada de Washington, la actualización de Ginebra actuaría como un cable a tierra. La Misión podría insistir en que la estructura que permitió el horror seguiría intacta. Jueces y fiscales que habrían validado capturas sin orden o ignorado rastros de tortura continuarían en sus despachos, a la espera de que el olvido administrativo haga su trabajo.
La sesión del jueves recordaría que la transición no podría ser solo un cambio de retórica. Sin el desmontaje de la justicia militar para civiles y la anulación de procesos que podrían estar amañados, la amnistía no pasaría de ser un barniz sobre una viga podrida.
La paz social en 2026 no se firmaría con tinta si el papel permaneciera manchado de arbitrariedad. Para el profesor Andrés, la justicia seguiría pareciendo un uniforme que todavía le aprieta el cuello.
Curadas / Vía El Nacional
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