Caracas, 6 de abril de 2026
La reciente promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2026, ha generado un sabor agridulce en la sociedad civil.
Mientras el gobierno de transición celebra la liberación de más de 8,000 personas, una sombra persiste sobre los cuarteles:
- La mayoría de los presos políticos militares han sido excluidos de los beneficios de esta ley, quedando atrapados en un limbo jurídico que muchos califican como una «venganza política» extendida.
Un perdón con «letra pequeña»
Aunque la ley abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2025, el texto legal establece exclusiones severas que parecen diseñadas quirúrgicamente para mantener tras las rejas a los uniformados. Según expertos y defensores de derechos humanos, la normativa deja fuera a quienes fueron procesados por delitos de «rebelión militar», «traición a la patria» o aquellos vinculados a la supuesta instigación de intervenciones extranjeras.
«La ley es ‘chucuta’ (incompleta) y discriminatoria. Se ensaña con el sector militar porque el sistema judicial sabe que ellos representan el mayor riesgo de fractura interna», denuncian fuentes cercanas a la defensa de los uniformados.
¿Por qué los militares siguen siendo el blanco?
La exclusión de los militares de la amnistía responde a tres factores estratégicos que el chavismo consolidó durante décadas y que aún permean en las estructuras judiciales actuales:
- El fantasma de la rebelión: Los casos de militares, como el del Teniente Coronel Marín Chaparro —sentenciado por instigación a la rebelión tras denunciar el hambre en la tropa—, son utilizados como recordatorios para el resto de las Fuerzas Armadas. Liberarlos implicaría admitir que su disidencia era legítima.
- Control mediante el miedo: Mantener a 187 militares tras las rejas (según cifras de Foro Penal) sirve como un mecanismo de contención. Mientras haya uniformados presos, el resto de la estructura militar lo pensará dos veces antes de cuestionar el orden establecido.
- Causas «fabricadas» de difícil reversión: A diferencia de los civiles, muchos militares enfrentan juicios en tribunales castrenses donde los delitos (terrorismo, posesión de armas de guerra) se redactan para ser excluidos automáticamente de cualquier beneficio de perdón general.
Cifras que no cuadran
A pesar de que el diputado Jorge Arreaza informó que 8,146 personas han recibido libertad plena, el contraste es evidente cuando se mira hacia las cárceles militares como Ramo Verde o las celdas de la DGCIM:
| Categoría | Situación bajo la Ley de Amnistía |
| Civiles Liberados | Miles (incluyendo estudiantes y activistas) |
| Militares Excarcelados | Apenas un puñado (casos aislados o medidas cautelares) |
| Presos Políticos actuales | 490 (de los cuales 187 son militares) |
El costo humano de la excepción
Para las familias de los uniformados, la amnistía ha sido una decepción. Denuncian que, incluso cuando los jueces no encuentran pruebas, los procesos se dilatan o se abren nuevas causas para evitar que crucen la puerta del penal. La exclusión no es solo legal, es simbólica: el militar que se rebela no es un preso político común, es un «traidor» que debe pagar el precio más alto.
Mientras Venezuela intenta avanzar hacia una reconstrucción institucional, la pregunta queda en el aire: ¿Puede haber una verdadera reconciliación nacional si quienes juraron defender la Constitución siguen siendo los rehenes de un sistema que los castiga por cumplir su juramento?
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