Varias organizaciones y cientos de personas están convocadas para este miércoles frente al imponente edificio del Tribunal Supremo en Washington D. C. para apoyar a los migrantes.
Dentro, los jueces del alto tribunal celebrarán una audiencia cuya resolución afectará a más de un millón de personas.
La Corte debatirá sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), del que dependen cientos de miles de ciudadanos de Haití y de Siria.
Un fallo en contra del Supremo abriría la puerta para la deportación de haitianos y sirios, pero también de ciudadanos de otros países, como Venezuela o El Salvador.
“La decisión del tribunal determinará el futuro del TPS para 1,3 millones de personas procedentes de los 17 países designados para dicho programa. La Administración está solicitando a la Corte Suprema que declare que las decisiones relativas al TPS no sean objeto de revisión judicial”, explica Megan Hauptman, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP).
El programa TPS, promulgado en 1990 bajo la presidencia de George H. W. Bush, se creó para acoger temporalmente a los ciudadanos de países que estuvieran atravesando situaciones de crisis.
A diferencia de los estatus de asilo y de refugiado el TPS puede activarse con rapidez. Abarca a muchas personas simultáneamente. La vigencia es de entre seis y 18 meses, pero está sujeta a renovación.
Siria y Haití
Haití fue designado para el TPS por primera vez por la Administración de Barack Obama en 2010. Lo hizo a raíz de un devastador terremoto que afectó a casi un tercio de su población. La Administración de Joe Biden prorrogó el programa en varias ocasiones.
En el caso de Siria, Obama le concedió el TPS por la crisis que sufrió el país con la represión dictada por el expresidente sirio Bashar al-Assad contra las protestas antigubernamentales.
En el caso de Haití, la jueza de distrito Ana Reyes dictaminó en febrero que la decisión de Noem estuvo motivada por una animosidad “antinegra y antihaitiana”. Se refirió a las declaraciones de Trump en las que calificó a Haití de “país de mierda”. También acusó a sus ciudadanos que viven en Springfield, Ohio, de comer las mascotas.
La Administración Trump solicitó la revisión del Supremo después de que sucesivos tribunales de apelaciones se negaran a suspender los fallos a favor de los migrantes.
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Incongruentes
Los abogados de los demandantes dicen que la Administración es incongruente al determinar que esos países ya no tienen las situaciones por las que se les concedió el TPS. Pero, a la vez que desaconseja a los estadounidenses que no viajen a esos países por los secuestros, la actividad terrorista y la inestabilidad.
Una situación similar se ha producido con Venezuela, El Salvador o Afganistán y forma parte del proyecto de la Administración de sacar a los migrantes del país. Para ello atacó varios programas que los protegen, como el asilo, el de refugiados, o DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
Con información de El País