«Las aguas internacionales cubren dos tercios del océano global. Eso es casi la mitad del planeta», explica a ‘Euronews Earth’ Nathalie Rey, asesora principal de estrategia en la High Seas Alliance.
Pero hasta enero de este año no existía ningún marco jurídico específico para proteger estas aguas internacionales y garantizar un reparto justo de sus recursos entre los países.
El Tratado de Alta Mar, oficialmente Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional, o BBNJ, entró en vigor el 17 de enero de 2026.
Es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante centrado específicamente en la protección de la biodiversidad en aguas fuera de la jurisdicción de cualquier país, y cubre una zona que supone dos tercios del océano mundial y casi la mitad de la superficie de la Tierra.
Las aguas internacionales empiezan donde terminan las aguas nacionales, más allá de las 200 millas náuticas, aproximadamente 370 kilómetros, de la costa. «Para hacerse una idea, es aproximadamente la distancia entre Londres y París», apunta Rey.
Esa inmensa extensión forma parte también de lo que Rey define como los bienes comunes globales. «Nos pertenece a todos», afirma. «Así que todos tenemos la responsabilidad de cuidarla».
Cada año se descubren allí unas 2.000 nuevas especies, y la alta mar desempeña un papel crucial en la regulación del ciclo del clima y del agua, además de sostener la seguridad alimentaria mundial.
Hasta ahora, la gobernanza de la alta mar estaba fragmentada. «Lo que hemos tenido es un mosaico de gobernanza oceánica, distintos organismos responsables del transporte marítimo o de la pesca», explica Rey, «pero cuyo mandato principal se ha centrado en la extracción y el uso, no en la protección de esta zona».
Las amenazas han aumentado a medida que avanzaba la tecnología. La sobrepesca, el arrastre de fondo, la contaminación química y por plásticos, la minería en aguas profundas, la geoingeniería y el cambio climático presionan sobre unas aguas que, hasta este año, no contaban con una protección jurídica global.
Las negociaciones para cerrar esa brecha se prolongaron durante más de dos décadas y en ellas participaron más de 190 países. «No creo que las negociaciones llegaran a romperse», señala Rey. «El cambio político lleva tiempo».
Una pandemia mundial retrasó además los avances varios años. El texto definitivo se acordó en 2023 y el tratado alcanzó las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor en menos de dos años, un ritmo rápido para los estándares del derecho internacional.
«Algunos pueden tardar una década en entrar en vigor», recuerda Rey. «Eso demuestra hasta qué punto hay apoyo político detrás de este tratado». En el momento de la entrevista, 89 países lo habían ratificado.
Francia desempeñó un papel destacado a la hora de generar impulso político, promoviendo que el tratado fuera uno de los principales resultados de la Conferencia de la ONU sobre los Océanos que acogió en 2025. «Hubo un verdadero impulso político por parte de Francia, pero también de muchos otros países», apunta Rey.
Lea también:
¿Qué cambia con el Tratado de Alta Mar?
El tratado ofrece una herramienta práctica para hacer realidad compromisos ya existentes, y cubre lagunas históricas en la gobernanza de los océanos al fomentar la cooperación entre marcos como el Convenio de Barcelona, los organismos regionales de pesca y las organizaciones marítimas.
Establece por primera vez procedimientos jurídicos claros para crear áreas marinas protegidas en alta mar, define cómo se elaboran, acuerdan y aplican las propuestas. También introduce evaluaciones de impacto ambiental obligatorias antes de que puedan iniciarse actividades potencialmente dañinas.
Pero Rey subraya una segunda vertiente, menos debatida, la justicia oceánica. En virtud del tratado, los países en desarrollo tendrán un acceso más equitativo a los beneficios de estos bienes comunes globales, incluidos los recursos genéticos marinos presentes en organismos de aguas profundas como las esponjas, que pueden dar lugar a avances farmacéuticos.
«Hasta ahora solo aquellos países o empresas que tenían recursos para explotar ese potencial veían los beneficios», señala. «Y esto forma parte de un bien común global».
El tratado también contempla reforzar las capacidades de los países en desarrollo para participar en la investigación científica marina y para aplicar ellos mismos el acuerdo.
Con información de EuroNews.com