Por Marc Tecnólogo
El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Torres colapsaron en Los Palos Grandes. Edificios cayeron en Chacao. La Guaira quedó devastada. Es el desastre natural más letal que ha sufrido el país en más de un siglo.
En medio de este balance, empezó a circular en redes un documento fechado en marzo de 2005: el informe JICA Caracas, conocido oficialmente como el «Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas». Fue elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). No es casualidad que reaparezca ahora. El estudio pasó 21 años advirtiendo, con nombre y apellido, sobre la vulnerabilidad que la ciudad acaba de mostrar.
Qué es el informe JICA Caracas
La agencia japonesa ejecutó el estudio entre 2002 y 2005, a solicitud del propio Gobierno venezolano, con siete misiones de campo en la capital y participación de contrapartes institucionales locales. El equipo trabajó junto con Pacific Consultants International y OYO International Corporation. El reporte final fue entregado formalmente al entonces presidente Hugo Chávez en marzo de 2005.
No fue una predicción de terremoto. Fue un plan maestro de reducción de riesgo, construido sobre escenarios históricos y análisis técnico de vulnerabilidad urbana.
Las amenazas que identificó
El informe JICA Caracas partió de tres amenazas principales: terremotos, deslizamientos y flujos de escombros. Para el componente sísmico usó como referencia los sismos de 1812, 1878 y 1967, más un escenario adicional llamado «Ávila». Para sedimentos, tomó como base los flujos de escombros de 1951 y de diciembre de 1999, este último responsable de unas cien muertes en las quebradas de Catuche y Anauco.
La conclusión del diagnóstico era directa: la capital concentraba población, edificios e infraestructura crítica en una zona con historial repetido de terremotos severos, y no contaba con un plan regional de prevención plenamente formulado.
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Un plan con números concretos
El estudio no se quedó en el diagnóstico. Propuso veinte proyectos y priorizó siete: reforzamiento sísmico de edificaciones, refuerzo de puentes, estructuras de control de flujo de escombros, reubicación de familias en zonas de cauces, alerta temprana, un centro de comando de emergencia y fortalecimiento comunitario.
La estimación de factibilidad fue precisa. El plan calculaba reforzar unas 180.000 edificaciones de un universo de 310.000, y un sistema de alerta temprana para unas 19.000 personas expuestas a flujos de escombros. Según el propio texto, en un escenario tipo 1967, el reforzamiento podía bajar los edificios severamente dañados de 10.000 a 1.300, y las víctimas de 4.900 a 400. En un escenario tipo 1812, las víctimas bajarían de 20.000 a 2.300.
Un alcance limitado, ya advertido en el propio texto
El documento fue honesto sobre sus límites. Pese a llevar en el título «Distrito Metropolitano», el área de estudio cubrió solo tres de los cinco municipios: Libertador, Chacao y Sucre. Baruta y El Hatillo quedaron fuera, con la expectativa de que el lado venezolano extendiera la metodología después.
También señaló que el plan debía pasar por la estructura formal de Protección Civil para su aprobación final, y que, para la fecha de la evaluación, ese programa regional de prevención de desastres todavía no existía.
La entrega y el silencio institucional
Las fuentes disponibles confirman la entrega oficial en marzo de 2005, pero no hay registro de una respuesta política amplia ni de una hoja de ruta de ejecución sostenida en el tiempo. El patrón no es nuevo: después del terremoto de 1967, el país ya había revisado sus códigos sísmicos, pero la aplicación real de esas normas nunca fue prioridad institucional, según ingenieros civiles venezolanos que han documentado el tema.
El informe JICA Caracas de 2005 no inauguró una advertencia. La repitió, con más datos y más precisión, y con el mismo destino de archivo.
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Veintiún años después, la misma vulnerabilidad
El doblete sísmico de junio de 2026 no tuvo epicentro bajo el área metropolitana. Se originó en Yaracuy y Carabobo, a decenas de kilómetros. Y aun así, torres completas colapsaron en Los Palos Grandes, edificios cayeron en Chacao y La Guaira quedó con más de cien estructuras derrumbadas, según reportó el propio Ministerio del Interior.
Eso es, en realidad, el dato más incómodo. No hizo falta un sismo con epicentro en la falla de San Pedro, la misma que preocupaba al estudio japonés, para que la ciudad mostrara exactamente las debilidades que se describieron en 2005: construcción informal, edificios con planta baja flexible sin refuerzo estructural, y ausencia de una política sostenida de reforzamiento sísmico.
La prueba de fuego de una transición que apenas empieza
El terremoto golpeó a un país que llevaba apenas seis meses de transición política. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro en enero, con respaldo de Washington y el levantamiento de sanciones como principal activo político. Anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares para reconstrucción, con recursos del FMI. Estados Unidos autorizó transacciones para labores de socorro hasta octubre.
Pero la estructura de poder heredada del chavismo sigue operando con los mismos reflejos. Diosdado Cabello, como ministro del Interior, restringió el acceso a La Guaira y un funcionario amenazó con trasladar al SEBIN a un locutor que transmitía en vivo las labores de rescate. Entre las víctimas identificadas, medios locales reportaron la muerte de Richard Peñalver, señalado por disparar contra la marcha opositora del 11 de abril de 2002, sepultado en su propia vivienda.
La tesis
El informe JICA Caracas no fue una profecía. Fue un diagnóstico técnico robusto, entregado a tiempo, con cifras y proyectos concretos. La tragedia no es que nadie lo supiera. Es que la brecha entre el conocimiento y la ejecución, sostenida durante 21 años y tres gobiernos distintos, terminó midiéndose la semana pasada en casi dos mil vidas — y ahora es un problema que hereda una transición que todavía no cumple ni siete meses.