Trípoli, 16 feb (EFE).- Diez años después del inicio de la revuelta que acabó con la dictadura de Muamar al Gadafi, el dominio de las distintas milicias que se rebelaron y la impunidad de los crímenes que cometieron y han seguido cometiendo son uno de los principales problemas de Libia, junto a la presencia de mercenarios extranjeros y el pulso de las potencias internacionales.
Así lo denuncia Amnistía Internacional en un comunicado difundido con motivo de la conmemoración, este miércoles, de la protesta popular en las calles de Benghazi que desató el alzamiento en el contexto de las «primaveras árabes».
«Una década después, aún no se ha hecho justicia a las víctimas de crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y secuestros cometidos por milicias y grupos armados», subraya AI.
«Las autoridades libias han promovido y legitimado a los líderes de las milicias que han sido responsables de atroces actos de abuso, en lugar de garantizar la rendición de cuentas y la reparación por las violaciones cometidas tanto desde la caída de Al Gadafi como bajo su gobierno», agregó.
El dictador puso en marcha entonces todo su aparato represivo para acabar con la revuelta, pero la intervención en marzo de 2011 de la OTAN, que bombardeó el país, cambió el signo de los acontecimientos y permitió que los rebeldes tomaran en agosto Trípoli y capturaran en octubre a Al Gadafi, asesinado a golpes por una turbamulta en su ciudad natal de Sirte.
UN ESTADO FALLIDO
Desde entonces, Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, en el que han muerto más de 8.000 personas en los distintos conflictos que han ensangrentado el país a lo largo de la década pasada.
El último, librado entre abril de 2019 y junio de 2020, enfrentó al Gobierno de Acuerdo Nacional sostenido por la ONU desde 2016 en Trípoli (GNA) y las fuerzas bajo el mando del mariscal Jalifa Hafter, tutor de Ejecutivo no reconocido en el este y hombre fuerte del país.
La semana pasada, el Foro de Diálogo Político para Libia (FDPL), un organismo formado «ad hoc» por la ONU en su nuevo intento por fomentar la paz y acabar con la división, eligió un nuevo presidente, dos vicepresidentes y un primer ministro de transición que deberán formar un nuevo gobierno nacional de unidad (GNU) encargado de preparar las elecciones legislativas previstas para diciembre de este año.
«Los sucesivos gobiernos libios han prometido defender el Estado de derecho y respetar los derechos humanos, pero ninguno de ellos ha logrado controlar a los perpetradores», denunció AI.
“Durante una década, la rendición de cuentas y la justicia en Libia se sacrificaron en nombre de la paz y la estabilidad. Ninguno de las dos se logró. En cambio, los responsables de las violaciones han gozado de impunidad e incluso han sido integrados en instituciones estatales y tratados con deferencia”, agregó la nota, firmada por Diana Eltahawy, directora adjunta para Oriente Medio y África del Norte en AI.
Por ello, instó a «las partes en el conflicto en Libia y al gobierno de unidad entrante a garantizar que los sospechosos de cometer crímenes bajo el derecho internacional no sean nombrados para puestos en los que puedan continuar cometiendo abusos y afianzar la impunidad».
«Las personas que han sido acusadas de crímenes de guerra deben ser suspendidas de puestos de autoridad a la espera del resultado de investigaciones independientes y efectivas”, concluyó la organización pro derechos humanos.
Curadas / Vía Agencia EFE