(Continuación)
Por: José Chachati Ata
En esta nueva fase que se inició el pasado mes de noviembre 2022, con las excepciones preliminares expuestas por el Estado venezolano en contra de la demanda interpuesta por Guyana, aunado al pronunciamiento requerido por parte de la Corte Internacional de Justicia, dado que es oportuno precisarle al lector, que a diferencia de la posición adoptada por la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) y de varios Estados en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) reconoce al actual Gobierno Nacional, y por consiguiente, dicho reconocimiento aplica para todas las organizaciones afines, lo que incluye obligatoriamente a la Corte de La Haya.
En otro plano, los ámbitos geopolítico, geoeconómico y geoestratégico que se mueven como piezas fundamentales en el tablero estratégico de este nuevo orden mundial originado a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que Europa ha venido ventilando abiertamente algunas limitaciones primordiales
frente a las acciones y medidas tomadas por Rusia, se proyectan escenarios que apuntan cada vez más a la proliferación de una nueva guerra fría, pero no solo entre Rusia y los Estados Unidos de América como ocurrió luego de la segunda guerra mundial, sino que también en esta ocasión se inserta China, aunque con un potencial bélico en materia nuclear más reducido, hecho que obliga a colocar sobre el tapete de la ecuación matriz del conflicto, incluyendo a la ecuación actual manejada para la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo, muchos factores inmersos en el marco tecnológico sustentados en la innovación sobre diferentes campos de la ciencia, así como las disponibilidades energéticas y los costos para la obtención de la materia prima disponible en grandes cantidades en los países del tercer mundo, además del manejo de éstos en el mercado global a través de los productos obtenidos y todo cuanto involucra a la competitividad; particularmente la obtención controlada de energía petrolera y gasífera, así como las acciones tendientes a la transición de estas energías, y las posibilidades de generar e incrementar sólidas capacidades financieras, constituyen variables de primer orden, prevaleciendo por encima de todo el orden de los intereses de los Estados como puntales que sustentan la plataforma futura de corto y medio plazo del planeta.
Y en materia energética petrolera, siendo ésta la variable que ha conformado la razón fundamental de los cambios suscitados por el Gobierno de Guyana hacia Venezuela desde el 2015, resulta que hace poco, la empresa Británica BP International Limited fue aprobada por el vecino país, como encargada de comercializar una cuota importante del petróleo ubicado frente al Esequibo, que por ende le pertenece a Venezuela, el cual sería transportado por buques de producción, almacenamiento y descarga. Así mismo, la citada compañía petrolera británica, apuntó que proporcionará apoyo y orientación al Gobierno de Guyana en todo cuanto concierne a las actividades operativas y administrativas de la gestión de ventas del crudo, facilitando al mismo tiempo las operaciones de crudo oportunas y rentables, hecho que amerita el reclamo inmediato del Gobierno de Venezuela al Gobierno de Gran Bretaña y de Guyana.
Con estas acciones, el Gobierno de Gran Bretaña está desconociendo frontalmente el Tratado de Ginebra de 1966, firmado entre ella con Venezuela, a la cual se anexó el Gobierno de Guyana una vez alcanzada su independencia, hecho que sigue gozando del silencio complaciente de la Organización de las Naciones
Unidas, de su Secretario General, de la propia Corte Internacional de Justicia, del Gobierno Norteamericano, del propio Gobierno de Guyana y de los organismos internacionales, así como de los supuestos países aliados a Venezuela. Esta política hipócrita manejada sobre este tema en sí, suponemos que tiene beneficios de una manera u otra que deberían repercutir en positivo para Venezuela a raíz del alivio de sanciones y de la licitación otorgada a la empresa Chevron en Venezuela por parte del Gobierno norteamericano, pero aun así, no se justifica bajo ningún concepto la irrespetuosa decisión del Gobierno
Británico en apoyar las acciones geoeconómicas ya señaladas en contra de los intereses de Venezuela.
Pero el asunto petrolero en el caso de Venezuela es más amplio y merece una ampliación sobre su realidad, dado que hay muchas otras variables que debieron tomarse en cuenta, como lo ha sido el retiro de la empresa petrolera de Noruega Equinor, así como la Total Energies, y la japonesa Inpex, aunado a las
cuarenta y cuatro empresas que migraron a las empresas mixtas desde el año 2018, en el que algunas cedieron sus participaciones, y otras simplemente se fueron dejando un número considerable de proyectos inactivos, mientras que Guyana está en un proceso de licitaciones a los campos petroleros off shore y abriéndose a la inversión extranjera, incluyendo los espacios acuáticos del Atlántico frente al Esequibo; sin embargo, es oportuno señalar que el Gobierno norteamericano le negó hace poco a Guyana un crédito por setenta (70) millones de dólares para inversiones en el área petrolera, considerando los eventos ocurridos ante la Corte Internacional de Justicia, en el que habría que esperar la decisión del citado organismo jurídico internacional sobre las excepciones preliminares presentadas por Venezuela.
No podemos tapar el sol con un dedo, dado que hoy en día, Venezuela está calificada como el tercer país en el mundo con más riesgos para hacer negocios, de hecho así lo registra el índice Doing Business del Banco Mundial, y en América Latina, lidera el ranking de los países que se consideran con mayor riesgo para las inversiones ante la elevada probabilidad de caer en impago, hecho que debe llamar a una prudente reflexión, y a la necesidad de tomar acciones propensas a cambios significativos, no sustentados en recepciones de migajas extranjeras ni en políticas que obedezcan única y exclusivamente a intereses partidistas, sino a verdaderas soluciones de Estado encuadradas en una verdadera Seguridad de la Nación, en el que la Defensa y el Desarrollo Integral de esta, como pilares fundamentales, abroguen todo aquello que realmente deba suprimirse o eliminarse, para dar cabida a una verdadera transformación
sustentada en las necesidades y realidades que padecen actualmente los venezolanos, además de elevar y fortalecer con resultados firmes y concretos nuestro sentido de integridad territorial, tal como se pudo visualizar y sentir en la actuación de Venezuela ante el Tribunal Internacional de Justicia, desenmascarando la farsa y el engaño descarado del Gobierno de Guyana.
En cuanto a la negociación del Gobierno de los Estados Unidos de América con Venezuela, el área que más nos compete en el contexto señalado es el relacionado con la actividad petrolera que por ahora sigue siendo la principal fuente de ingreso del país. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania, ha originado
la necesidad de efectuar algunas revisiones de las sanciones de parte de los Estados Unidos de América hacia Venezuela, en el que se venía negociando y recientemente se aprobó la licencia AG41, la cual le permite nuevamente a la empresa Chevron extraer y comerciar diferentes crudos en las empresas mixtas de Venezuela, lo cual fue percibido de acuerdo al contenido de algunas lecturas que recibí, como la posible recuperación de la industria petrolera venezolana, pero para ello, realmente se requiere conocer de entrada, que la empresa Chevron tiene en Venezuela la participación en cuatro empresas mixtas,
siendo estas Petropiar y Petroboscán con mayor peso en cuanto a importancia se refiere, y le siguen Petroindependiente y Petroindependencia.
Ahora bien, es necesario conocer que la licencia concedida a Chevron por el Gobierno norteamericano ha sido la de permitirle que se cobre la deuda que tiene actualmente PDVSA con Chevron, cuyo monto gira alrededor de los tres mil millones de dólares americanos, y para ello, se procederá a extraer y comercializar el crudo sin actividades de exploración ni de perforación, es decir, solo se tenderá a la activación y producción de los pozos inactivos, de manera que se eleve la extracción a más de cien mil barriles diarios dentro de unos seis meses. Para efectos de PDVSA, ésta podrá activar a empresas contratistas, generando por efecto, la mejoría y dinámica de la economía en áreas aledañas al
requerirse diferentes bienes y servicios, así como, podrá también vender algunos tipos de petróleo sin realizar descuentos, así como comprar algunos equipos e insumos requeridos en los Estados Unidos de América en USA. Más de eso, por ahora, no habrá.
Por otra parte, es importante aclarar que el permiso otorgado a Chevron por el Gobierno norteamericano, le prohíbe el pago de impuestos y regalías a dicha empresa, pero realmente quien cancela los impuestos es la empresa mixta. Esta potencial negociación aceptada por el Gobierno norteamericano se aceleró a raíz de la crisis energética de Europa, y está claro que con el permiso a Chevron, PDVSA apenas llegará a 800.000 barriles diarios durante varios meses, mientras que Guyana, con el statu quo actual a costillas de todos los venezolanos, en pocos años de no haber un importante cambio a favor del país sobre la recuperación de nuestro espacio geográfico integral del Esequibo, superará el millón de barriles.
Venezuela debe estar muy clara, que ese rol privilegiado de haber sido único país confiable en el continente para el suministro petrolero del norte, dejó de serlo, y por ello, debe actualizar y ajustar su política exterior, en aras de lograr entre tantos factores prioritarios, que el Tratado de Ginebra de 1966 vuelva a colocarse a flor de agua, en aras de buscar una solución aceptable, práctica y satisfactoria para ambas partes, en que las fronteras tanto terrestres como marítimas se puedan desarrollar con miras a un bien común, con reciprocidad en el marco de una justa cooperación, y en un proceso de integración que permita alcanzar el desarrollo justo para ambas partes, tomando en cuenta que ha quedado demostrado con la mayor transparencia ante los ojos del mundo y de la propia Corte Internacional de Justicia, que el límite de Venezuela con Guyana no fue el obtenido en el viciado y nulo Laudo Arbitral de París de 1899, sino el correspondiente legítimamente a la Capitanía General de Venezuela de 1777, y con ello, poder pregonar que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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