(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
El cuadro actual de entendimiento sobre la disputa del espacio geográfico integral del Esequibo, en el que se ha venido vislumbrando analíticamente en el tiempo, la probabilidad de una total manipulación de la Corte Internacional de Justicia, a propósito de atender los intereses creados por el trinomio conformado por el Secretario General de las Naciones Unidas, las afinidades y necesidades de algunos países del primer mundo, y de las corporaciones transnacionales en materia energética global que operan actualmente en los espacios acuáticos y terrestre del país, bajo la pretendida y falseada administración del Gobierno de Guyana, ha resaltado hoy en día, que además de la nefasta sentencia de 1899 contra Venezuela en la que se pudiese propiciar un Laudo Arbitral de París, Parte II, como parte del proceso judicial que se maneja sobre la demanda de Guyana contra Venezuela, se le agrega también a raíz de la reunión entre los Cancilleres de Venezuela y Guyana en Brasilia, la probable apertura hacia una repetición del Acuerdo de Ginebra de 1966, Parte II, considerando que los puntos abordados en la reciente Reunión, en la que se hizo hincapié sobre la centralización del asunto limítrofe en el mencionado Acuerdo, hayan constituido un mero saludo a la bandera, al dejar abiertas sin precisión alguna las futuras actuaciones, hecho que ha generado un desconcierto en las expectativas que se les sembró a los venezolanos.
De hecho, en la citada reunión de Brasilia no se abordó el grosero y delictivo hecho en cuanto a las concesiones ilegítimas otorgadas por el Gobierno de Guyana tanto en los espacios acuáticos como continental del Esequibo, ni la construcción de la carretera acordada entre Brasil y Guyana que atraviesa longitudinalmente el Esequibo cuando Brasil firmó el Tratado de delimitación con Venezuela en 1859, reconociendo que el Esequibo es venezolano, ni las inversiones en planes y desarrollos otorgados unilateralmente por el gobierno del país vecino. Ud. estimado lector podrá preguntarse el por qué de esta insistencia y afirmación realizada en cuanto al inicio de un Acuerdo de Ginebra de 1966, Parte II.
De hecho, Peña (2024), en su reciente escrito sobre los acontecimientos luego de la firma del Acuerdo de Ginebra, resalta que una vez efectuada la instalación de la Comisión Mixta venezolana-guyanesa en 1966, en su segunda reunión, el Gobierno de Guyana argumentó de mala fe, que antes de ir a la discusión de fondo sobre la solución práctica y satisfactoria para ambas partes, era necesario demostrar primero las pruebas venezolanas sobre la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, hecho que expuso las turbias intenciones de Guyana en dejar sin efecto el citado Acuerdo de Ginebra, a pesar que el marco de actuación de la Comisión Mixta era de carácter diplomático y no jurídico.
Posteriores reuniones de la Comisión Mixta se realizaron a propósito de presentar proyectos de desarrollo conjunto, y Guyana se limitó a manifestar que evaluaría la propuesta realizada por Venezuela, insistiendo en la discusión sobre la validez del Laudo de París de 1899, y tras interminables discusiones, quedó el compás abierto sobre la disputa territorial y los proyectos de desarrollo conjuntos, sin determinarse los plazos requeridos. En 1968, la posición guyanesa se limitó a manifestar cínicamente, que Guyana pretendía obtener de Venezuela un préstamo para saldar sus deudas, sin avanzar en el Plan de Desarrollo propuesto, es decir, que el panorama se enmarcaba en una continua evasión e intransigencia, razón por la que el 14 de mayo de 1968, se emitió un comunicado Oficial del Gobierno de Venezuela, en el cual se declaraba públicamente que el Estado venezolano no reconoce ningún tipo de concesión otorgada por el Gobierno de Guyana sobre la Guayana Esequiba para la explotación de bosques, tierras o minas, hecho por el que el Gobierno de Guyana envió nota de protesta al Gobierno de Venezuela con la acusación de violar el Acuerdo de Ginebra y de conformar un medio de agresión económica.
Dicho comunicado fue calificado como una agresión económica a Guyana, cuyo Gobierno pretendía desde ese entonces de manera unilateral, dar cabida a inversiones extranjeras y Venezuela se estaba convirtiendo en una pieza incómoda a las pretensiones del país vecino. Fue así, que durante el Gobierno del Presidente Raúl Leoni en Junio de 1968, se elaboró el Memorándum sobre la delimitación del mar territorial de Venezuela en el Atlántico, derivado del Territorio Esequibo y del Delta del Orinoco, recordando que para ese entonces por el concepto establecido en el Derecho Internacional del Mar, dicho espacio acuático abarcaba una distancia de doce millas náuticas, mientras que en la legislación guyanesa, abarcaba tres millas náuticas, hecho que conllevó luego de la novena y evasiva posición guyanesa en la reunión de la Comisión Mixta, a que el Gobierno venezolano firmase el Decreto de Línea de Base Recta, trazado entre Punta Araguapiche y la línea divisoria del río Esequibo, reivindicando con ello, la soberanía de Venezuela sobre el espacio marítimo correspondiente, lo cual fue calificado por el Gobierno de Guyana como un acto de piratería internacional.
Tiempo después, la delegación Guyanesa le envió al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas una nota de protesta, exponiendo la supuesta agresión venezolana, a lo cual se le sumó posteriormente el comunicado emitido por el Gobierno de Canadá, con el reclamo respectivo, adoptando incluso éste, una posición hostil y amenazante a la posición venezolana, lo cual era totalmente inaceptable.
Y precisamente adoptó dicha inclinación como principal inversionista en Guyana, al contar con la presencia de diversas empresas anglo-norteamericanas. El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aprovechó la coyuntura en ese entonces, para que el Gobierno de Canadá con el apoyo de los Estados Unidos de América, consolidase su posicionamiento geoeconómico no solo en el Esequibo, sino también en el área angloparlante del Caribe, razón por la que una vez más en lugar de haber iniciado un proceso de entendimiento entre los Gobiernos de Venezuela y Guyana, se rechazó públicamente cualquier tipo de concesión de parte del Gobierno de Guyana, lo que generó obviamente un escalamiento de tensiones y alejamiento de llegar por lo pronto a un entendimiento adecuado.
De hecho, lo anterior apuntó claramente a la nefasta intención del Gobierno de Guyana, en evitar la conformación de un escenario propicio establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, sumatoria de factores y hechos que llevaron luego de varias reuniones sin resultado alguno, a que en 1970 se llevase a cabo la firma del Protocolo de Puerto España, lo cual congeló las negociaciones por doce años, culminando el efecto de la turbia pasividad en 1982, cuando el Gobierno de Venezuela decidió reanudar el proceso de entendimiento, hecho que generó de entrada, las acusaciones del Gobierno de Guyana contra Venezuela ante la comunidad internacional. Y hoy en día, prácticamente cuarenta y dos años después, año 2024, el esquema sigue siendo el mismo, girando en una parodia absurda, dado que nos encontramos nuevamente en la reciente aceptación evasiva del Gobierno de Guyana, quien manifestó en la reciente reunión efectuada en Brasilia, que se ajustaría al Acuerdo de Ginebra de 1966, considerado por el suscrito como Parte II.
Y en lo particular, incluyo con el mayor sarcasmo la Parte II, dado que el Gobierno del país vecino, mientras aceptó su convenio amoldado al citado Acuerdo de 1966, manifestó claramente que continuaría por la vía judicial ante la Corte Internacional de Justicia para dirimir la disputa territorial y que abordaría temas enmarcados en el contexto del desarrollo integral de la región. Y mientras Guyana continúa con las labores de exploración, explotación y comercialización petrolera a costillas de los venezolanos, incluyendo las actividades mineras y forestales, en la que participan empresas transnacionales de Canadá, China, Estados Unidos, entre otros, beneficiándose unilateralmente, Venezuela manifiesta su preparación, exposición y ejecución de un supuesto plan estratégico multifacético, lo cual coloca al país por ahora, en una inercia enmarcada en la conformidad y displicencia ya conocida, en la que pareciese que el tema en cuestión pasó a ocupar una posición secundaria.
Sin embargo, no podemos olvidar que el tiempo en la actualidad es el factor que corre en contra del Estado venezolano, razón por la que la consolidación de la Contramemoria a entregarse ante la Corte Internacional de Justicia el 8 de abril del 2024, indistintamente de la participación o no de Venezuela en el proceso, debe realizarse sin dilación, a propósito de desenmascarar al Gobierno de Guyana, incluyendo al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte quien no ha participado en ninguna actividad a pesar de haber firmado el Acuerdo de Ginebra de 1966, y ante la farsa que el país vecino ha venido manejando al pretender validar el nefasto Laudo Arbitral de París de 1899, el cual es nulo en su esencia por múltiples violaciones al Tratado de Washington de 1897, siendo el primero de estos la violación al Arbitraje de Derecho en el que prevalecieron acomodos a los intereses de Rusia y Gran Bretaña.
En el contexto anterior, no debemos olvidar que el punto fundamental estriba en que debe demostrarse la actuación del Tribunal Arbitral de París, en el que se ha resaltado que éste no investigó la legitimidad de la titularidad de Venezuela sobre el Esequibo, sino todo lo contrario. A pesar que ello pareciese un asunto muy complejo era mucho más sencillo de lo que se pretendió mostrar y manejar, considerando que únicamente había que atenerse a los títulos que las partes pudiesen demostrar en el marco del Derecho, para así decidir conforme a los principios del Derecho internacional vigente en ese entonces. No debe olvidarse que el Profesor ruso Frederic De Martens, a pesar de los señalamientos efectuados sobre su ardua contribución en materia de Derecho, fue a mi criterio, un académico del Derecho, con una actuación manipuladora y vergonzosa, dado que se aprovechó de su posición para actuar infamemente atendiendo intereses políticos por encima de los derechos que debieron exacerbarse, que en este caso, lo hizo sin haber generado motivación alguna que justificase la decisión tomada.
El citado Profesor como Juez principal en conjunto con los jueces de ambas partes (Estados Unidos en representación de Venezuela y Gran Bretaña), tenían toda la obligación de analizar los títulos de las partes y abocarse a la concesión del territorio que pudiera ser legalmente reclamado por las partes. Si Venezuela tiene hoy en día las pruebas sobradas de titularidad y la corroboración a través de los mapas existentes, aunado a las falsificaciones realizadas por el geógrafo Schomburgk, quien alteró los mapas, dejando ver cuatro líneas diferentes, aumentando el territorio en favor de Gran Bretaña sin ningún tipo de sustentación, no debería dudar en presentarse la documentación requerida ante el Tribunal de La Haya.
Culmino el presente artículo manifestando que el escenario actual para Venezuela, se encuentra envuelto en una situación algo compleja, en el que ha ido mermando la efervescencia de la disputa territorial, al haberse activado el proceso de entendimiento a través del Acuerdo de Ginebra de 1966, Parte II, en el que el Gobierno de Guyana repitió nuevamente su irónica, cínica y patética actuación con el silencio complaciente de la comunidad internacional, tal como sucedió en la reciente reunión de Brasilia en enero del 2024, aunado a las actividades establecidas en el marco electoral de Venezuela, que conllevaron hace poco a un posible retroceso en las relaciones políticas y diplomáticas con los Estados Unidos de América, entendiendo que éste último tiene un peso significativo en el tema sobre la disputa territorial del Esequibo, incluyendo las inclinaciones del Tribunal Internacional de La Haya, variables preponderantes que tienden a una posible lasitud del interés nacional, razón por la que se requiere contundentemente un reajuste analítico del Estado venezolano, en aras de ir más allá de las palabras que reafirman que “el sol de Venezuela nace en nuestro Estado Esequibo”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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