(Continuación)
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Asumir el rol de un crítico a través de los múltiples lectores que participan mediante opiniones y reparos sobre los artículos presentados por el suscrito, ya sea con fines constructivos u otros que pretendan descollarse sobre fundamentos que conforman un abierto juicio de valor, es algo relativamente fácil de hacer cuando se observan los toros detrás de la barrera y con claro conocimiento sobre la materia, lo cual es y debe ser bien recibido, por lo que el suscrito tiende a evaluarlo con el mejor espíritu posible, a propósito de ir optimizando cada vez más el marco analítico de la disputa territorial sobre el Estado venezolano denominado Guayana Esequiba, pero intentar la sátira con miras a una censura mediante la colocación de una etiqueta en la que se pretenda reducir el statu que debe ocupar dicho tema, exacerbando comentarios basados en la pasión y no en la razón, en el que se demuestre que no se ha comprendido que este tema es un asunto muy profundo de Estado y no de gobierno, ni de colores partidistas, ni de ideologías, ni nada por el estilo, es un argumento henchido de oquedades y sinuosidades, dependiendo por supuesto, de quien emita la diatriba sobre la que pretenda sustentar su supuesta cordura y discernimiento.
He allí el supremo error en el que no deben caer los venezolanos, al encontrarse hoy en día en un escenario envuelto de grandes desafíos para el país, pero también, con la presencia de algunos oportunistas de oficio del ámbito internacional, y otros incluso del medio nacional por la usanza y el desconocimiento demostrado sobre el tema objeto de estudio, involucrando mitómanos de oficio y de oportunidad. A la luz de la realidad que enmarca la disputa territorial sobre el Estado Guayana Esequiba, destaca hoy por hoy la particular situación que se ha manejado en un ámbito de presuntas legitimidades con certidumbres, pero también de entelequias que se han venido acumulando y cimentando sobre líneas distintas por forzamientos y coyunturas enlazadas hacia intereses de diversos ámbitos, que ameritan apuntalarse sobre fundamentos establecidos con aciertos e interpretaciones tanto geohistóricas, como jurídicas, geográficas y geopolíticas, en las que el Estado venezolano debe procurar el alejamiento cada vez más, de las perversas manipulaciones que se han tratado de esgrimir por parte del Gobierno de Guyana y actores contrarios a Venezuela, aun estando éstos en conocimiento de las realidades y las desalmadas maniobras.
La citada situación se ubica en primer lugar, al enfocarse en la actuación de una mayoría de Magistrados del Tribunal Internacional de La Haya, quienes se han manejado hasta ahora sobre las cuestiones de forma sobre la disputa territorial, dándole el mayor peso no a los hechos reales, sino a la interpretación naciente de la relativa disquisición, enlazada al juego de palabras que se han circunscrito a cada uno de los escritos presentados anteriormente. Asumiendo que dichos escritos surgidos por parte del Gobierno de Venezuela, se impregnaron posiblemente de algunos errores de forma cómo lo han manifestado eventualmente algunos profesionales del Derecho, se espera que en el proceso de evaluación del fondo sobre el asunto, el citado organismo jurídico internacional utilice la balanza de la justicia, y se afinque más en las evidencias existentes, y no solo en el juego pernicioso, relacionado con la relativa y manipulada interpretación de las palabras utilizadas para emitir su pronunciamiento, que quedaría enmarcado además, sin el derecho de apelación, en el que el Gobierno de Venezuela no ha reconocido la competencia jurídica de la citada instancia judicial, y Guyana por su parte, a través de la demanda interpuesta contra nuestro país, ha pretendido enmarcar el litigio como “cosa juzgada”.
El señalamiento anterior obedece a la interpretación que le han querido dar a la disputa territorial, que por un lado ha sido mediante el peso asignado al juego relativo, empuñado e interpretativo de las palabras que encierra la corresponsabilidad establecida en el Acuerdo de Ginebra de 1966, la cual ha sido prácticamente descalificada por el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, quien se involucró en ese entonces, intentando engañar nuevamente a Venezuela, al haber manifestado antes de la firma del citado Acuerdo, su desligamiento de las colonias anglosajonas a partir del momento de haberse alcanzado la independencia de éstas, olvidando que el mencionado Acuerdo se firmó entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el Gobierno de Guyana se incorporó posteriormente, lo que sumado al haberse descubierto los recursos energéticos, mineros y forestales existentes en el espacio geográfico integral en disputa, conllevó a que se alejase cada vez más del proceso de entendimiento con Venezuela, a pesar de la vigencia del citado Acuerdo firmado en 1966.
Debe tomarse también en consideración, que con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, los países que contrajeron el compromiso allí establecido, adquirieron derechos, pero también obligaciones, que han sido eludidas particularmente tanto por el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como el de Guyana, en el que además, la duración del Acuerdo en sí, no fue determinada, permaneciendo vigente en atención al Derecho Internacional, el cual señala que el consentimiento de un Estado en obligarse mediante la firma de un Tratado, no podrá impugnarse sino mediante la aplicación del Artículo 42, párrafo 1 de la Convención de Viena.
En este contexto, no pueden haber dualidades interpretativas, a menos que la intención indebida y la perversidad conformen el norte de una actuación jurídica determinada, razón por la que en este caso, la existencia de la obligación claramente establecida para las Partes, en cuanto al cumplimiento de la decisión del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre los medios designados para el arreglo a utilizar en aras de alcanzar una solución satisfactoria, práctica y aceptable para ambas partes, no implica en ninguna parte del escrito, que obligatoriamente los medios establecidos en el citado Acuerdo, se implementen sin el consentimiento de ambas Partes. Pero la realidad manejada hasta ahora ha sido contraria a lo señalado, dado que la Corte Internacional de Justicia no consideró en absoluto la manifestación inequívoca de la voluntad de las partes para el uso del mecanismo judicial. De hecho, el Juez Bennouna, al momento de su pronunciación, manifestó: “…La corte infiere alegremente, que las Partes han consentido en su jurisdicción…”. (El subrayado es nuestro)
Adicionalmente, es importante considerar que el Acuerdo de Ginebra de 1966, ha enmarcado claramente que la solución final, debe ser acordada entre ambas partes a entera satisfacción de éstos, y no impuesta por un tercero, y en esta disputa territorial sobre el Estado venezolano Guayana Esequiba, a la Corte Internacional de Justicia por su organización y funcionalidad jurídica, se le dificultaría cumplir con ello, por lo que al estar obligada a enmarcar su pronunciamiento final en una viabilidad aceptable, práctica y satisfactoria, tendría que reajustarse jurídicamente al señalamiento efectuado, y ello debería conllevar prioritariamente a un proceso de entendimiento bilateral bajo condiciones especiales que podrán abordarse más adelante. Y el suscrito reafirma con mayor contundencia lo antes señalado, dado que Peña (2024) se suma en su observación, haciendo referencia al Párrafo 86 de la sentencia de diciembre del año 2020, donde la Corte Internacional de Justicia había observado lo siguiente: “…una decisión judicial que declare la nulidad del Laudo de 1899 sin delimitar la frontera entre las Partes, podría no conducir a la resolución definitiva de la controversia, lo que sería contrario al objeto y fin del Acuerdo de Ginebra”. (El subrayado es nuestro)
En este último contexto, queda reafirmado y entendido una vez más, que la instancia jurídica internacional no podrá pronunciarse ajena al Acuerdo firmado en 1966, aunado a que en la actualidad el Estado venezolano ha consignado numerosas pruebas que sustentan no solo la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, sino también, los derechos soberanos del país sobre el territorio en disputa, en el que el límite original y real, se ubica sobre la medianía del río Esequibo, sin dejar de lado, que no fue sino hasta el 6 de abril del año 2023, que el Tribunal Internacional de La Haya determinó su competencia jurídica para dirimir sobre el caso. Sin embargo, es importante para el lector, estar al tanto que la reciente consignación de pruebas por parte de Venezuela ante la instancia judicial internacional el pasado 8 de abril del 2024, no constituye el argumento oficial que se está presentando a nivel internacional por primera vez, dado que la mecha que encendió la centella fulminante que condujo a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, nació al presentarse sustentos jurídicos ante la Organización de las Naciones Unidas, en el que se detallaron los títulos históricos que datan desde la colonia española, aunado al reconocimiento de la frontera venezolana en el río Esequibo por parte del Reino Unido de Gran Bretaña, en el que éste último no presentó documentación alguna que refutase el derecho a la soberanía e integridad territorial de Venezuela sobre el Estado Guayana Esequiba. Este señalamiento es más que contundente para demostrar la nulidad del Laudo pronunciado en 1899, soporte que por sí solo anula de entrada las pretensiones falsamente esgrimidas por el Gobierno de Guyana.
Y como sustento para el fortalecimiento de lo anteriormente señalado, recordemos una vez más, que en el ayer, el Laudo Arbitral de París de 1899, no generó motivación jurídica alguna en el que se justificase la forma fraudulenta de aprobación de dicha sentencia, ni ha existido sustentación alguna que demuestre de dónde se obtuvieron los títulos de Gran Bretaña para otorgarle en 1966 a la República Cooperativa de Guyana, los 159.542 kilómetros cuadrados despojados fraudulentamente a Venezuela a finales del siglo XIX. Adicionalmente, la citada sentencia de 1899 es nula, dado que fue dictada contraria a lo establecido en el Tratado de Washington de 1897, al haberse pronunciado el Tribunal de París con plena y sustentada violación del proceso, incluyendo el exceso de poder sobre asuntos no establecidos, sumatoria de razones entre otras adicionales, que bajo ningún concepto pueden otorgarle a Guyana la pretensión unilateral y arbitraria de enmarcar la disputa territorial como cosa juzgada.
Y hoy por hoy, Guyana ha venido escalonadamente evadiendo su corresponsabilidad establecida en el Acuerdo de Ginebra de 1966, a pesar de haber manifestado recientemente su compromiso con dicho Acuerdo, lo cual continúa en franco y soez incumplimiento, otorgando licitaciones ilegítimas a varias empresas transnacionales para la explotación de los recursos naturales energéticos, mineros y forestales existentes en el espacio geográfico integral de la disputa. Lo que el Gobierno de Guyana le ha hecho y continúa haciéndole a Venezuela, merece el incremento de loables acciones del Estado venezolano, en son de detener de una vez por todas, las acciones delictivas que se están cometiendo por el Gobierno del país vecino, aunado a que con los mecanismos establecidos desde 1966 a propósito de manejar un adecuado proceso de entendimiento entre ambas partes, no evidenciaban ni ameritaban la demanda unilateral introducida contra Venezuela por parte del país vecino ante la Corte Internacional de Justicia, quien además de su obscena actuación internacional, ha dado muestras irrespetuosas y continuas en el tiempo con una total ingratitud hacia el gentilicio nacional, quien precisamente apoyó el otorgamiento de la independencia de ese país en 1966.
Agregado a lo anteriormente señalado, no debe olvidarse que en los peores y más adversos acontecimientos en materia económica por los que atravesó Guyana en el pasado lejano y reciente, el Estado venezolano dispuso de varios recursos económicos y financieros con la incorporación de programas y Acuerdos especiales para socorrerlos, incluyendo la comercialización del petróleo a través de PETROCARIBE, lo que permite agregar también, el apoyo brindado para el ingreso de dicho país a la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el suscrito se pregunta ¿a cambio de qué? La respuesta ha sido obvia, al encontrarse Venezuela en un panorama en el que ha reinado una serie continua de insultos, mentiras y señalamientos por parte del Gobierno de Guyana, en el que éste ha intentado descalificar a Venezuela ante la comunidad internacional, además de invadir espacios no delimitados, en el que se han asignado licitaciones con la consecuente exploración, explotación y comercialización de los recursos que le pertenecen a todos los venezolanos. ¿Esta paciente y relativa actuación pasiva de Venezuela en la actualidad, es realmente lo correcto, incluso enmarcándose en el marco de Acuerdo de Ginebra de 1966? Indiscutiblemente no lo es bajo ningún concepto.
Mientras tanto, la petrolera ExxonMobil que se inmiscuyó frontalmente con el Gobierno de Guyana desde el año 2019, le ofreció a ese país la oportunidad de elevar su calidad de vida, pero aún hoy en día, es decir, cinco años después, la excolonia británica a pesar de haber alcanzado un supuesto crecimiento económico exponencial a costillas de los recursos de todos los venezolanos, la transformación esperada no ha llegado a todos sus habitantes por igual, incrementándose los niveles de corrupción y de inseguridad, con cifras expuestas de baja confiabilidad. Adicionalmente, buena parte de los ingresos petroleros han ido a manos de la Exxon Mobil para compensar el elevado costo de inversión inicial, quedando disponible hasta ahora una regalía de oscila apenas entre el 1% y el 2% para Guyana. ¿Y cual es el marco actual del manejo y la intervención por parte del Estado venezolano frente al descalabro que se viene acumulando ante la actuación de la empresa Exxon Mobil en el bloque Stabroek, que no sea por la vía de los discursos y las protestas?
Venezuela a la par de las acciones prudentes en el marco de la diplomacia, debe continuar por un lado, con la atención, el comedimiento y respeto ante las actividades que se manejan colateralmente por la Corte Internacional de Justicia, sin generarle desatención ni desaire como parte de la estrategia jurídica internacional, enfatizando su continua actuación enarbolada y enmarcada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, la cual adquirió mayor peso con los Acuerdos de Argyle y de Brasilia, pese a que Guyana ha insistido en seguir caminos escabrosos, basados en ilegítimas acciones contrarias a sus obligaciones contraídas en 1966, menospreciando con sensible desconsideración al Estado venezolano frente a la comunidad internacional, que por cierto, ese ha sido su repetitivo mecanismo de actuación a lo largo de su existencia, de manera de descalificar en cada circunstancia posible a Venezuela, delegando sus problemas en manos de terceros, de manera que éstos sean quienes atiendan y resuelvan sus problemas, dando la cara por ellos. Un verdadero acto desenfrenado y hasta delirante en lo basilisco e iracundo.
Y reafirmo lo anteriormente escrito, dado que en el fondo está más que claro el verdadero temor que ha venido socavando la conciencia y el sentimiento político del Gobierno de Guyana, al verse éste más temprano que tarde confrontando una realidad que además de hacerle pasar la vergüenza de haberle mentido al mundo, tendrá que resarcir todo el daño generado a su nación vecina, en el que 159.542 kilómetros cuadrados de territorio usurpados tendrán que devolverse a su legítimo dueño, es decir, a Venezuela, propietario único y soberano de un territorio despojado mediante artificios creados para robarle al país lo que le pertenece, y en que el avance de las realidades situacionales que se conjugan en el tablero estratégico mundial, han emergido a flor de agua los cimientos geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos para poner a disposición de otros países, los recursos que les pertenecen al gentilicio nacional, cuyos ingresos han sido desviados ilícitamente por el Gobierno guyanés. Y bajo estas circunstancias de estropicio sin menoscabo del daño que se le está infringiendo al país, debe continuar exacerbándose hoy más que nunca la reafirmación ineludible por la que “el sol que brilla sobre Venezuela, nace en nuestro Estado Guayana Esequiba”.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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