La administración Trump busca equiparar las actividades del Cartel de los Soles en la región con las de organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico, contra las cuales Washington ha llevado a cabo operaciones militares extraterritoriales sin el consentimiento de los gobiernos locales
El presidente Donald Trump sugirió el lunes que Estados Unidos estaba considerando golpear rutas terrestres del narcotráfico en Venezuela, afirmación que desató un debate inmediato sobre la legalidad de extender ataques más allá de las operaciones navales que se han ejecutado en el Caribe.
En respuesta a una pregunta sobre los recientes bombardeos a embarcaciones cargadas con drogas, Trump no descartó la posibilidad de que Washington pase a una fase más agresiva: atacar laboratorios, rutas de transporte e infraestructura usada por los carteles de la droga dentro del territorio venezolano.
La insinuación del mandatario coincide con reportes recientes de medios como The New York Times y la cadena NBC, que han documentado discusiones en la Casa Blanca y el Pentágono para utilizar drones y otros recursos militares con el fin de destruir objetivos vinculados al narcotráfico en Venezuela.
La idea, según estas fuentes, está sobre la mesa y cuenta con apoyo de altos funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe, y el asesor para la seguridad Interna, Stephen Miller, que ven al régimen de Nicolás Maduro como un obstáculo directo en la lucha contra las drogas y una amenaza a la seguridad nacional.
«Maduro no es el líder legítimo de Venezuela; es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses. Queremos que sea llevado ante la justicia. Estados Unidos está llevando a cabo una operación específica contra los cárteles de la droga”, dijo el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, poco después de las declaraciones del mandatario republicano.
Hasta ahora, Estados Unidos ha reconocido al menos cuatro ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe, operaciones que oficialmente se presentan como parte de la interdicción marítima y golpes a los carteles de la droga. En particular, el Cartel de los Soles, que según Estados Unidos encabeza Maduro y que acaba de ser declarado grupo terrorista.
Sin embargo, expertos en esta materia han elevado serias preguntas sobre su validez en derecho internacional y doméstico.
En los casos tradicionales de interdicción, las tripulaciones son arrestadas, sus embarcaciones confiscadas y los sospechosos procesados en cortes estadounidenses o en tribunales de países aliados.
En cambio, los ataques recientes habrían resultado en la destrucción de naves y la muerte de tripulantes sin que mediara captura, interrogatorio ni debido proceso.
“El marco legal de estas acciones es muy ambiguo. Estados Unidos no está en guerra con Venezuela ni con los carteles como actores estatales. Atacar embarcaciones o laboratorios en otro territorio plantea dudas serias sobre soberanía y uso de la fuerza”, explicó a EL TIEMPO un exfuncionario del Departamento de Estado que pidió reserva de su nombre.
La administración Trump argumenta que los carteles del narcotráfico no son simples organizaciones criminales, sino grupos terroristas transnacionales que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos.
Con esa narrativa, se busca equiparar sus actividades con las de organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico, contra las cuales Washington ha llevado a cabo operaciones militares extraterritoriales sin el consentimiento de los gobiernos locales.
En documentos internos y declaraciones públicas, funcionarios han defendido que destruir rutas de drogas o laboratorios no es solo un asunto policial, sino un acto de defensa preventiva frente a un flujo constante de cocaína y fentanilo que llega a ciudades estadounidenses.
El salto militar de Estados Unidos a territorio venezolano
El paso de operaciones en aguas internacionales a ataques dentro de Venezuela marcaría, sin embargo, una escalada cualitativa con implicaciones jurídicas mucho más complejas.
El derecho internacional establece que ningún país puede usar la fuerza en el territorio de otro sin su consentimiento o sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, salvo en casos de legítima defensa inmediata. Washington difícilmente podría alegar defensa propia frente a laboratorios en Zulia o Apure, por ejemplo, lo que deja a la administración en terreno resbaladizo.
Pero no sería la primera vez que Trump recurre a este tipo de medidas. En junio, Estados Unidos bombardeó tres centrales nucleares en Irán -Fordow, Natanz e Isfahan- en la confrontación de Israel con Teherán.
Ese episodio se ha convertido en referencia inevitable al evaluar hasta dónde podría llegar la administración en Venezuela pese a que la amenaza nuclear, al menos en el papel, luce más directa que el narcotráfico.
Según fuentes consultadas por The New York Times, un argumento adicional gira en torno a la legitimidad del régimen venezolano tras las elecciones de 2024. Washington y gobiernos de la región y del mundo desconocen a Maduro -por su clara manipulación de los comicios- y ven a Edmundo González como el presidente titular.
Bajo esa tesis, Estados Unidos podría sostener que cuenta con el consentimiento del “gobierno¨ para actuar dentro de Venezuela.
En otras palabras, si González -hoy fuera del país- autoriza operaciones militares estadounidenses contra laboratorios o campamentos de narcotráfico, Washington argumentaría que no estaría violando la soberanía venezolana.
Pero expertos no coinciden con este raciocinio.
“El derecho internacional y la Carta de la ONU son muy claros: el uso de la fuerza solo es lícito en defensa propia o cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de la ONU. Un líder opositor o un presidente en el exilio que no represente al gobierno internacionalmente reconocido no puede dar un consentimiento legal para una intervención militar. De lo contrario, cualquier uso de la fuerza seguiría siendo una violación de la prohibición establecida en la Carta de la ONU”, le dijo a EL TIEMPO Santiago Cantón, exsecretario Ejecutivo de la CIDH y hoy secretario general de la Comisión Internacional de Juristas.
Más allá de tecnicismos jurídicos, el debate sobre ataques en Venezuela refleja una estrategia de política exterior que privilegia la acción directa sobre la diplomacia. Sus críticos advierten que podría sentar un precedente peligroso: si Washington se arroga el derecho de bombardear laboratorios en Venezuela con base en su propia definición de amenaza, otros países podrían invocar la misma lógica para actuar unilateralmente.
“Hoy es Venezuela por las drogas, mañana podría ser otro país con cualquier justificación de seguridad nacional”, advirtió un ex asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional.
Por ahora, el escenario sigue siendo incierto.
Aunque Trump ha dejado la puerta abierta, los medios estadounidenses reportan planes concretos en estudio, y la oposición venezolana en el exilio insiste en que la “comunidad internacional debe actuar”, la administración republicana no ha dado luz verde y persisten fuertes dudas sobre el impacto local, regional y mundial que este tipo de maniobra podría desatar.
*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece El Nacional, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.
Somos Curadas.com Tu compañía en información
Únete a Curadas en tus redes sociales y aplicaciones favoritas
Nos alegra que te guste Curadas y quieras unirte a nosotros. Tienes varias formas de ser parte de Curadas:
- Síguenos en las redes sociales
- Entra a un grupo de Telegram o WhatsApp
- Recibe nuestro boletín en tu correo electrónico
Aquí tienes los enlaces a las redes sociales de Curadas
Recibe nuestro boletín por correo
Si quieres decirnos algo:
- Comenta al final de cualquiera de nuestras publicaciones
- Menciónanos en las redes sociales
- Escríbenos a [email protected]