Un cuarto de millón de venezolanos en Estados Unidos enfrentará la posibilidad de ser deportado tras la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protegía.
“No podemos regresarnos a Venezuela. Allá ya no queda nada para nosotros; prefiero quedarme en la clandestinidad”, declaró Oriana, una inmigrante venezolana de 38 años, en una entrevista telefónica con la agencia Efe.
Oriana quien es madre de una adolescente de 15 años, vivió en Florida durante más de cinco años, pero se mudó a otro estado tras la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por la administración anterior.
El TPS ofrecía a los beneficiarios protección frente a la deportación y un permiso de trabajo, que Oriana, así como otros venezolanos perderá a partir de este viernes.
“Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, indicó.
La inmigrante no quiso dar detalles sobre su nuevo lugar de residencia ni sobre cómo se mantendrá, pero aseguró que eliminará su número celular y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad, aún dentro de Estados Unidos.
A pesar de la situación, mantiene la esperanza.
“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”.
Batalla legal contra Trump
José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que lidera una demanda legal contra la administración de Trump, respaldó esta actitud.
“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advirtió.
La demanda busca proteger a dos grupos de venezolanos: los beneficiarios del TPS de 2021, unos 250.000 que pierden su amparo este viernes, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000 que quedaron desprotegidos desde el mes pasado tras un fallo de la Corte Suprema que permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la disputa continúa en tribunales inferiores.
Actualmente, el caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones, donde un panel escuchará los argumentos de ambas partes. El gobierno de Trump recurrió un fallo de un juez federal que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al finalizar el TPS y calificó su decisión como “arbitraria y caprichosa”.
Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán analizar el caso en su totalidad.
Sin embargo, no es la primera vez que Trump intenta eliminar este beneficio, durante su primer mandato buscó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, principalmente centroamericanos, pero perdió la batalla legal.
“Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, aseguró Palma.
Curadas / Vía El Nacional
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