La propuesta, subraya la opositora, excluye a ciertos grupos y no deroga instrumentos represivos como la Ley Simón Bolívar, la Ley Contra el Odio ni las causas de jurisdicción militar, manteniendo el marco legal que permitía persecución política
La dirigente opositora Delsa Solórzano advirtió este viernes que el proyecto de ley de amnistía, sancionado en primera discusión el jueves en la Asamblea Nacional, presenta vacíos significativos que podrían poner en riesgo los objetivos de justicia y reconciliación en Venezuela.
A través de un comunicado, Solórzano indicó: “Debemos advertir que se trata de un texto sumamente incompleto y potencialmente peligroso”.
Indicó que el proyecto consta de 13 artículos y limita de manera estricta su aplicación a diez momentos específicos, todos vinculados a hechos calificados de violencia política. Entre ellos destacan el golpe de Estado de 2002, el paro cívico y petrolero de 2002–2003, los hechos de febrero-marzo de 2004, manifestaciones entre marzo y agosto de 2017 y los actos vinculados a las elecciones presidenciales de 2024, tal como se detalla en el Artículo 6.
#ATENCIÓN #ACTUALIZACIÓN #AMNISTÍA
Leyendo en este momento el primer borrador de la propuesta de Amnistía.
Debemos advertir que se trata de un texto sumamente incompleto y potencialmente peligroso. En ese sentido, formulamos las siguientes observaciones:
El proyecto consta de…— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 6, 2026
Exclusiones y falta de garantías revelan insuficiencia para el proyecto
Solórzano subrayó que el proyecto excluye a ciertos grupos y no deroga instrumentos de represión, lo que limita su alcance:
“A quienes han sido condenados bajo la Ley Simón Bolívar y la Ley Contra el Odio, entre otros instrumentos de represión vigentes, las causas de jurisdicción militar, y cualquier derogatoria del marco legal represivo que permitió y sigue permitiendo la persecución por razones políticas”, señaló.
Añadió que al no derogarse expresamente estas leyes, “queda abierta la puerta para nuevas detenciones, incluso después de una eventual aplicación de la amnistía”.
Manifestó asimismo que el proyecto “no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación integral para las víctimas”.
Sobre los procedimientos para acceder a la amnistía, Solórzano señaló que no será automática, sino que dependerá de una solicitud formal y de la verificación judicial: “Su aplicación debe ser solicitada y queda sujeta a verificación judicial, manteniendo amplios márgenes de discrecionalidad en manos del mismo sistema que ejecutó la persecución”.
En consecuencia, considera que la propuesta “resulta insuficiente para avanzar hacia una solución integral que garantice justicia, reconciliación y la plena restitución del Estado de derecho y libertad para los presos políticos, con garantía de no repetición”.
Exigió la liberación inmediata y sin más dilaciones de todos los presos políticos, así como “el restablecimiento pleno e inmediato del orden constitucional, como condiciones indispensables para cualquier proceso serio de justicia y transición democrática”.