De acuerdo con el politólogo Benigno Alarcón, la Ley de Amnistía que se impulsa desde la presidencia encargada y la Asamblea Nacional, refleja dos posibles escenarios en el chavismo que no son excluyentes: el de asegurar la viabilidad política del proyecto socialista o el de dar concesiones para evitar una posible persecución judicial en caso de una transición hacia la democracia
Los cambios en el panorama político venezolano se mantienen después del 3 de enero. Más allá de una nueva figura en la presidencia de la República, y de la reanudación de relaciones económicas con Estados Unidos, ahora desde el oficialismo se impulsa una Ley de Amnistía que, si bien tendrá límites, podría significar la libertad para la gran mayoría de los presos políticos del país.
Es poco lo que se sabe sobre lo que será el contenido de esta ley, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional (AN), y ahora en discusión para definir sus artículos. Sin embargo, en la exposición de motivos de este texto se dejó constancia de lo que prometen está detrás de este proyecto: la importancia de una reconciliación nacional para entrar en una nueva etapa política en el país. Claro está, guardando ciertos criterios para apegarse a la Constitución.
“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación. No obstante, en estricto acatamiento del mandato constitucional (artículo 29) y los compromisos internacionales de la República, este proyecto de Ley establece salvaguardas claras. Quedan excluidos de sus beneficios aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”, refleja la exposición de motivos del proyecto de ley.
Durante el “debate” –en realidad fue un trámite sin que nadie se opusiera o criticara el proyecto-en el parlamento, el diputado Jorge Arreaza calificó esta ley como “pertinente” y “necesaria”, y agregó que “quizás el 3 de enero nos ayudó a madurar y a asumir esta nueva etapa en la política venezolana”. Sin embargo, lanzó una advertencia de que la misma no puede ser vista como “debilidad” o espacio para “alimentar mezquindades”.
“En el chavismo y en la oposición debemos tener sabiduría del momento político que afrontamos. Que nadie confunda esta iniciativa del Ejecutivo con impunidad y cartas blancas. Hagamos con la Ley de Amnistía la suma de todos los bienes al pueblo que tanto se lo merece”, comentó.
Ahora bien, dejando a un lado lo explícito de los discursos y del contenido de la ley, es necesario también analizar el contenido implícito de esta iniciativa que, después de la operación militar de Estados Unidos, causó un viraje de 180 grados en la postura chavista respecto a los presos políticos.
Dos escenarios que no son excluyentes
El politólogo Benigno Alarcón expresó que la intención de la ley se centra al menos en dos escenarios que no han sido o serán reconocidos por el oficialismo, escenarios que además no son excluyentes entre ellos: el primero sería dar viabilidad a la continuidad del chavismo como proyecto; y el segundo sería tratar de evitar represalias o responsabilidades judiciales en caso de una transición a la democracia.
“Al no conocer el contenido de la ley, yo creo que hay dos escenarios que no son excluyentes. A qué me refiero. Si las personas que están frente al gobierno encargado pueden estar buscando su viabilidad política futura, como se ha visto con a otros gobiernos salientes en procesos de transición, tratar de reconciliarse con el país para que de alguna manera su espacio en la política se vuelva viable de cara al futuro. El otro escenario es distinto, pero no excluyente al anterior. Es tratar de establecer un esquema de convivencia para tratar de evitar de alguna manera que los responsables del gobierno sean perseguidos judicialmente el día de mañana”, explicó.
Para Alarcón la discusión se centra en eso: en el motivo real de la Ley de Amnistía, de si es un proyecto creado por la presión estadounidense, o si en realidad busca evitar una persecución si se abandona el gobierno. “También pudiera, sin problemas, ser una mezcla de las dos cosas”, agregó.
El también profesor universitario afirmó que desde el chavismo se observan además dos posturas claras: una en la que se apoya la Ley de Amnistía porque “sienten que es la única manera de salvarse”, mientras que hay otros, que se sienten más vulnerables y que no ven que un beneficio de esta ley los arrope a futuro, no están tan convencidos de la iniciativa.
El politólogo destacó que es innegable que existe una intencionalidad detrás de lo que se ha manifestado, y destacó el énfasis que se ha hecho en los límites del alcance de esta ley, de los cuales dijo pueden servir para evitar la participación política-electoral de alguna persona en específico.
Al preguntársele si esa persona sería María Corina Machado, Alarcón respondió: “Independientemente, yo veo imposible que Machado no participe si hay una elección, creo que no va a pasar. Si hay una elección les van a imponer que ella participe para evitar que se transforme en un contrapeso para un próximo gobierno”.
Postura de los defensores de derechos humanos
Si bien las organizaciones de derechos humanos en el país han manifestado su interés por ver el alcance que pueda tener la Ley de Amnistía, también han destacado críticas a la manera en la que se pretender “vender” este proyecto.
En el caso de Cofavic, en un comunicado esta ONG “apoya de manera decidida la liberación plena, inmediata y sin condiciones de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como el sobreseimiento de todas las causas penales pendientes de las personas ya excarceladas”, sin embargo, han destacado que esto no puede significar la impunidad para las violaciones de los derechos de los ciudadanos por parte del Estado.
Ahora bien, destacan que “la reconciliación debe ser principalmente un proceso de restauración de derechos, y la justicia es una condición para ello. La reconciliación auténtica no se construye sobre el borrón y cuenta nueva, sino que debe basarse en verdad, justicia y reparación”.
De igual forma, Cofavic asegura que “una ley de amnistía debe reconocer de manera expresa la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos cometidas, y no debe presentarse como un acto de generosidad o producto de una concesión”.
Esta postura es similar a la señalada por Provea en un comunicado propio en el que expresan que “una eventual amnistía no debe ser concebida como un perdón ni una medida de gracia otorgada por el Estado”, ya que “estas personas fueron encarceladas por ejercer derechos protegidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en las leyes venezolanas”.
“Un número significativo de personas detenidas en los últimos años, y especialmente tras la escalada represiva post-electoral, ha sido víctima de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de violaciones sistemáticas y generalizadas al debido proceso y al derecho a la defensa”, añade el texto de Provea.
Por los momentos, la Ley de Amnistía se encuentra en una fase de consulta pública, en la que resta por ver cuáles sectores de la sociedad venezolana serán verdaderamente consultados. Pero, nada más la exclusión de los exiliados políticos y la ausencia de un reconocimiento expreso de los abusos cometidos por el Estado, así como de la promesa de justicia por estos, refleja que la Ley de Amnistía propuesta desde el Miraflores de Delcy Rodríguez podría quedarse corta.