¿Busca el Gobierno de Donald Trump aplicar el modelo de transición a la democracia de España en Venezuela? ¿Sería esto viable en el actual contexto venezolano? El análisis de Ramón Cardozo.
Varios indicios sugieren que la estrategia de la Casa Blanca para encauzar la transición venezolana toma como un referente importante el modelo español de transición pactada tras la muerte de Franco: un proceso de apertura gradual, conducido desde el propio aparato estatal y articulado a través de los Pactos de la Moncloa.
Estos acuerdos, suscritos a finales de la década de los setenta entre la élite gobernante que sobrevivió al franquismo y los líderes de la oposición democrática, permitieron impulsar la liberación política, estabilizar la economía y sentar las bases de una transición negociada hacia la democracia.
Esta hipótesis se sostiene no solo en las referencias explícitas que el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo durante su comparecencia ante el Comité de Política Exterior del Senado el pasado 28 de enero, sino también en las declaraciones recientes de Donald Trump, del propio Rubio, de María Corina Machado y de Jorge Rodríguez, que en su conjunto parecen apuntar en esa dirección.
Reformas graduales bajo amenaza del uso de la fuerza
Durante su comparecencia, Rubio explicó a sus antiguos pares del Senado que la estrategia de Washington para Venezuela está estructurada en tres fases —»estabilización”, «recuperación y reconciliación», y «transición política»—, con reformas graduales, verificables en el tiempo.
Las reformas se implementan, por ahora, a través de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien la Casa Blanca mantiene una relación abiertamente pragmática. «Ellos son los que mantienen los elementos de control en el país, la gente con las armas y las instituciones del Gobierno”, sostuvo Rubio, añadiendo que «estamos convencidos de que sus propios intereses se alinean con nuestros objetivos más importantes».
El esquema incluye un tutelaje operativo sobre las autoridades interinas, o mejor dicho de facto, con metas verificables cuyo incumplimiento podría acarrear consecuencias económicas y políticas, e incluso —advirtió el Secretario de Estado— reabrir la posibilidad del uso de la fuerza.
España o Paraguay como precendentes
Para justificar ante el Comité del Senado esta estrategia gradual y flexible, —basada no en una ruptura, sino en reformas impulsadas desde dentro del propio sistema—, Rubio apeló expresamente al modelo de transición español.
«Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y tomó tiempo», señaló, enfatizando que estos procesos suelen registrar «tropiezos» y que no avanzan de forma lineal.
Otra señal que refuerza la idea de que la referencia al modelo español no fue mera retórica, es el hecho de que, aunque en un inicio Washington pareció relegar a la oposición democrática durante las primeras fases del proceso, recientemente se aprecia un giro en la postura.
Tras los encuentros de María Corina Machado con Donald Trump y con el propio Rubio el 15 y el 28 de enero respectivamente, tanto el presidente como el secretario de Estado han señalado que la dirigente opositora podría desempeñar un papel en el proceso.
La posibilidad de reunir al chavismo y a la oposición
A esto se suman las declaraciones de Trump del 1 de febrero, en las que sugirió que su administración podría «quizás juntar a las partes y hacer algo». Estas declaraciones fueron seguidas al día siguiente por las de Machado, quien afirmó que no descarta reunirse con Delcy Rodríguez «si es necesario» para definir un cronograma de transición.
Por su parte, Jorge Rodríguez, —presidente de la Asamblea Nacional chavista— acaba de anunciar este 5 de febrero el inicio de una «agenda estratégica de diálogo para la paz y la convivencia democrática».
En conjunto, estos indicios dan pie a pensar que Washington podría estar contemplando, como parte de su estrategia para Venezuela, empujar al oficialismo y a la oposición hacia un proceso de conversaciones formales que, de concretarse, pudiese desembocar en acuerdos de élites funcionales a una transición ordenada, semejantes a los Pactos de la Moncloa.
Aunque es pronto para sostener con certeza esta interpretación, resulta válido preguntarse —al menos como una aproximación inicial— si la aplicación del modelo español sería viable en el actual contexto venezolano. A continuación, presentamos algunos de los principales desafíos que serían enfrentados en un proceso de este tipo.
No existe dentro del chavismo una élite auténticamente reformista
A diferencia de la transición española, que contó con figuras como Adolfo Suárez o Torcuato Fernández-Miranda, dispuestas a impulsar reformas y desmontar desde adentro las estructuras autoritarias del franquismo, el chavismo —tras más de 26 años en el poder— no exhibe hoy en su seno un auténtico sector reformista con legitimidad suficiente para liderar un viraje político.
Si bien Delcy Rodríguez ha dado señales de pragmatismo económico, al distanciarse parcialmente del discurso antimercado de Hugo Chávez, en el terreno político, sus posiciones no revelan, hasta ahora, una voluntad real de avanzar hacia un modelo de democracia liberal.
Las medidas adoptadas tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, —como las excarcelaciones de presos políticos y el proyecto de ley de Amnistía— han sido parciales, reversibles, y responden, fundamentalmente a la presión norteamericana y a una lógica de supervivencia: conservar el poder mientras se administran cambios que no lo socaven realmente.
Sin piso mínimo compartido y con escasa voluntad de construirlo
En España, las élites reformistas y la dirigencia opositora reconocían tácitamente el agotamiento del franquismo. Compartían el diagnóstico de que el statu quo era insostenible y debía ser reformado. Ese diagnóstico —reforzado por el temor a que, tras la muerte de Franco, la incertidumbre abriera las puertas a un retroceso golpista o al regreso a la violencia— constituyó el piso mínimo desde donde, pese a las distancias ideológicas, se negociaron los Pactos de la Moncloa.
En Venezuela, ese piso no existe. El chavismo no acepta el fracaso y agotamiento de su modelo y se presenta aún como una «revolución en curso». Sus élites enquistadas en el poder aspiran a preservar un modelo de país con apertura en algunos ámbitos económicos, pero bajo el control político de la Revolución, mientras que, por otro lado, los sectores opositores democráticos exigen precisamente el desmontaje de ese andamiaje para reconstruir en el país una democracia liberal con libre mercado.
¿Quién garantizaría los acuerdos alcanzados?
En España, la transición se apoyó en un andamiaje institucional relativamente cohesionado: una jefatura de Estado con capacidad de arbitraje, unas Fuerzas Armadas con mando unificado y la ausencia de organizaciones paramilitares con suficiente capacidad para disputar el control estatal del territorio. Este entorno permitió que los pactos alcanzados por las élites contaran con garantía de cumplimiento incluso frente a intentos golpistas como el del 23-F.
En Venezuela, la situación es bastante distinta. El poder coercitivo está fragmentado entre mandos militares con lealtades cruzadas, servicios de inteligencia, facciones chavistas, milicias bolivarianas, colectivos armados urbanos, redes del crimen organizado y grupos paramilitares colombo-venezolanos, que operan con bastante autonomía en amplias zonas del territorio nacional.
En un escenario así, ningún actor —incluida Delcy Rodríguez— puede contar con certeza total de que sus decisiones serán acatadas. Sin un control efectivo y unificado de los medios de coerción, cualquier acuerdo alcanzado corre el riesgo de volverse intrascendente por el desconocimiento de sectores armados no satisfechos con los compromisos suscritos.
El rol de Estados Unidos: una palanca y un riesgo
La transición española fue impulsada fundamentalmente por las elites internas. Los pactos alcanzados no dependían de fuerzas externas para cumplirse. Aunque Estados Unidos y Europa Occidental respaldaron el proceso —en el contexto de la Guerra Fría— su papel fue de acompañamiento y no de tutelaje.
En Venezuela, el rol de Estados Unidos es cualitativamente distinto. Hoy, la presión estadounidense es el principal incentivo que empuja al chavismo a introducir reformas en el sistema.
Si esa presión disminuye —porque la situación venezolana se complica al punto de que mantenerse involucrado tenga un costo político alto, o si Trump pierde las elecciones de medio término y sus amenazas de usar la fuerza se diluyen, o si simplemente Washington prioriza otros temas en su agenda—, la elite chavista tendrá muy pocos motivos para respetar reformas que nunca creyó necesarias.
El problema se hace más complejo porque Washington ejerce su tutelaje orientado por su propia agenda estratégica: la apertura del mercado petrolero venezolano a empresas estadounidenses, la preservación de la estabilidad política del país y la contención geopolítica de potencias extrahemisféricas. La democratización aparece en esta agenda como un objetivo deseado, pero no inmediato.
Dentro de este contexto, en una eventual mesa de negociación, es muy probable que el chavismo optase, como lo ha hecho hasta el momento, por satisfacer «formalmente» las prioridades norteamericanas, mientras en la práctica ralentiza o manipula las reformas para que no afecten en demasía sus fuentes reales de poder, ganando tiempo a la espera de que eventualmente la presión norteamericana se atenúe.
¿Un nuevo dialogo a la medida del chavismo?
En definitiva, el análisis preliminar de la posibilidad de aplicar al caso venezolano una estrategia similar a la española, pone al descubierto factores que condicionan —y pueden sabotear— cualquier estrategia de salida: la ausencia de elites auténticamente reformistas dentro del chavismo; la falta de un diagnóstico mínimo compartido entre oficialismo y oposición; la fragmentación del poder coercitivo que afectaría la implementación de cualquier acuerdo; y la dependencia en exceso de una presión externa, que es necesariamente temporal y, por tanto, siempre está latente el riesgo de un retroceso antes de que se logre alcanzar y consolidar la transición.
En este contexto resulta especialmente preocupante la «agenda estratégica de diálogo para la paz y la convivencia democrática» que está promoviendo Jorge Rodríguez con sectores minoritarios de la oposición. Es el mismo patrón documentado en, al menos cinco procesos fallidos desde el 2013: apropiarse de la narrativa negociadora para simular apertura y reconciliación mientras se gana tiempo y se preservan intactos los resortes de poder del régimen.
Si el llamado de Washington al diálogo y a la negociación termina siendo secuestrado y administrado unilateralmente por el régimen, los desafíos aquí señalados serán insuperables y la transición quedará reducida a un espejismo.