La justicia vuelve a estar en la mira de las autoridades. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció hace más de 1 mes su intención de construir «un nuevo sistema de justicia» que no criminalice la pobreza, que sea menos corrupto y más eficiente que el actual.
Esto aseguró Rodríguez durante su intervención en el acto de inicio de actividades judiciales 2026 celebrado el pasado 30 de enero en el auditorio presidencial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ):
«Vamos por un nuevo modelo de justicia, [un sistema] que enfrente los desafíos del sistema, como lo es el acceso a la justicia, el retardo judicial, la corrupción judicial, que la hay y la estamos persiguiendo y castigando (…) tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de la República»,
La presidenta encargada encomendó la tarea a la Comisión para la Revolución Judicial, que preside el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
La instancia, según Rodríguez, llevará adelante una «gran consulta nacional» para incorporar «las formas alternativas para la justicia penal e integrar otras formas de justicia para los ámbitos civil, mercantil, comercial y social».
La mandataria, sin embargo, no informó cuándo comenzará la consulta, cuánto durará ni quiénes podrán participar.
Una historia conocida
Más allá de los detalles que Delcy Rodríguez no precisó, un repaso por las hemerotecas ofrece elementos que invitan a la cautela frente a esta nueva reforma.
En primer lugar, la Comisión para la Revolución Judicial fue creada por Nicolás Maduro hace casi 5 años precisamente con el propósito de sacudir todo el sistema de administración de justicia en un plazo de 60 días.
«Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país», declaró Maduro al anunciar la iniciativa en junio de 2021.
A lo anterior habría que sumarle que desde 1999 la justicia venezolana ha sufrido al menos cinco grandes procesos de reestructuración.
Sin embargo, problemas como el hacinamiento carcelario, el retardo procesal, la corrupción o la falta de independencia se mantuvieron intactos más de 1 año después de la puesta en marcha de la última «revolución judicial», tal y como han denunciado la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la Organización de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Delcy Rodríguez justificó su propuesta destacando que 75,55 % de los condenados que hoy están en las prisiones admitieron los hechos, es decir, reconocieron su culpa antes de someterse a un juicio y recibir su sentencia. «Ante el retardo procesal y los costos del proceso, la solución es admitir los hechos para cortar tiempo de privación de libertad», se lamentó.
Tras revelar que 68,8 % de los presos pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos, la mandataria acusó al actual sistema judicial de «criminalizar la pobreza».
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La Comisión para la Revolución Judicial
Esta fue creada el 21 de junio de 2021 por Maduro y estaba integrada por los entonces diputados Diosdado Cabello (presidente), Cilia Flores (vicepresidenta) y Tania D’Amelio (secretaria en su condición de presidenta de la Sala Constitucional).
Su tarea era revisar y decidir los casos de las 38.736 personas que en ese momento se encontraban detenidas en calabozos policiales, y junto con las cuales la población reclusa venezolana superaba las 81.000, de acuerdo con los datos que manejaba la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020. Se trataba de la resurrección del Plan Cayapa implementado en 2012 por primera vez. Sin embargo, una huelga carcelaria ocurrida en junio de 2024 develó el fracaso del plan. De allí, no se supo más al respecto.
Por otra parte, a la creación de la comisión le siguieron reformas aprobadas por el Parlamento al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Código Orgánico de Justicia Militar y Código Orgánico Penitenciario, adoptadas entre septiembre y octubre de 2021.
A finales de 2023, se produjeron las intervenciones de centros penitenciarios y anuncios como la resurrección de iniciativas tales como las casas de justicia, que buscaban acercar la justicia a las comunidades. En diciembre de 2024, también se reformó la legislación sobre la justicia de paz comunal y luego, se eligieron los jueces respectivos.
No obstante dichas reformas, la justicia venezolana continúa siendo la peor calificada del mundo según la organización World Justice Project. Esto tiene sentido si se considera que no se han atacado en reforma alguna los problemas estructurales que la aquejan. Así, por ejemplo, el TSJ en octubre de 2025 emitió una resolución para regular la carrera judicial de los jueces provisionales sin resolver esta situación, más bien pretendiendo normalizarla.
Datos extraños
«La gestión del Poder Judicial se distinguió por un incremento sustancial en sus indicadores de productividad», aseguró la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Rodríguez, durante su rendición de cuentas.
Acto seguido, la funcionaria anunció que en 2025 el máximo juzgado dictó 6.292 sentencias, lo que representa un aumento del 24,37 % con relación al 2024. Asimismo, dijo que el resto de los juzgados dictó 781.403 decisiones, lo que supone un incremento del 47,67 % frente a las 529.334 decisiones adoptadas en 2024.
Sin embargo, la magistrada Rodríguez aseguró que la justicia emitió en los últimos 12 meses 832.763 «pronunciamientos». Esta cifra llama la atención, porque si se totalizan los fallos emitidos por el TSJ y los demás juzgados, la suma es de 787.695.
Como en años anteriores, la funcionaria omitió informar el número de casos ingresados, los que están pendientes por decidir, los tiempos que demoraron los jueces en decidir los asuntos que resolvieron, el tipo de decisiones tomadas: de trámite, resolutorias o de fondo.
Al hablar de los tribunales móviles, Caryslia Rodríguez aseguró que en 2025 se alcanzaron «hitos sin precedentes», como la realización de más de mil jornadas en 267 municipios y 3.535 comunas, donde se realizaron 213.928 trámites a 680.696 beneficiados. No obstante, no precisó si alguno de esos trámites estuvo relacionado con procesos judiciales en marcha. Aunque este programa nació con el objeto de llevar a los jueces a las cárceles y comunidades alejadas para decidir en el sitio, en los últimos tiempos se ha destinado para otros propósitos.
La presidenta del TSJ aseguró que 5.538.980 ciudadanos fueron «impactados y beneficiados» por el Poder Judicial, de los cuales 3.897.921 salieron favorecidos por las decisiones de todos los tribunales del país, incluido el TSJ; y 1.641.059 más se beneficiaron de «otros servicios del Poder Judicial», pero no detalló cuáles fueron estos.
La magistrada Rodríguez anunció que en 2025 la Comisión Judicial designó a 764 juezas y jueces, pero no informó en qué áreas ni tampoco reveló cuántos fueron destituidos en el mismo período, menos aún el número total de jueces o su condición en el cargo. En consecuencia, se mantiene una de las principales fallas estructurales del sistema de justicia: la provisoriedad de los jueces, los cuales no cuentan con estabilidad y pueden ser removidos con un simple acto (sin motivación), afectando así su independencia.
Otra cifra que la funcionaria aportó sin contexto fue la del número de tribunales inaugurados el año pasado. Caryslia Rodríguez informó que fueron 30; sin embargo, gracias a que las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV) enfocaron una pantalla, los venezolanos pudieron conocer que estos juzgados fueron abiertos en 10 estados del país, aunque quedaron con la duda de qué tipo de tribunales se trataban y cuántos hay en total. La última cifra fue la presentada por el Estado venezolano con ocasión del Examen Periódico Universal (EPU) 2022, en el que señaló que para marzo de 2020 existían 2.059 juzgados.
Con información de Acceso a la Justicia