Los agentes federales ya no pueden realizar arrestos sin circunstancias excepcionales en y alrededor de tres edificios de Manhattan donde se llevan a cabo procedimientos de inmigración, dictaminó un juez este lunes.
La decisión del juez de distrito de EE. UU. P. Kevin Castel pone un freno abrupto a una práctica iniciada durante la administración Trump que permitió a los agentes poner bajo custodia a personas que cumplen con los requisitos de presentarse ante jueces de inmigración.
Los arrestos han dado lugar a escenas dramáticas en los pasillos de los tribunales, ya que a quienes eran detenidos a veces se los llevaban lejos de familiares emocionados.
Castel señaló en una decisión por escrito que, si bien había “un fuerte interés gubernamental en hacer cumplir las leyes de inmigración”, también existía un serio interés en permitir que las personas asistieran a los procedimientos de deportación y presentaran solicitudes de asilo ante un juez “sin temor a ser arrestadas”.
Señaló que los agentes federales aún pueden detener a personas en lugares alejados de los tribunales de inmigración y también pueden realizar arrestos en los juzgados de inmigración cuando existan amenazas graves para la seguridad pública.
El juez indicó que los límites establecidos en la política federal hace cinco años pueden seguir vigentes, pero que era probable que un caso judicial ante él resultara en una conclusión de que la retirada de esa política después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo fue “arbitraria y caprichosa”.
Castel también señaló que los abogados del Gobierno recientemente revirtieron su postura, diciendo que han sabido que las políticas de 2025 sobre arrestos en y alrededor de los tribunales establecidas por la administración Trump no se aplicaban a los tribunales de inmigración después de todo.
El juez, que el año pasado se había negado a prohibir la práctica, apuntó que la nueva postura de los abogados del Gobierno significaba que era necesario “corregir un error claro y evitar una injusticia manifiesta”.
El fallo se produjo en una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Make the Road NY y otros.
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Amy Belsher, directora de Litigio de Derechos de los Inmigrantes de la NYCLU, alogió el veredicto. Lo calificó como “una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus procedimientos en el tribunal de inmigración”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a los mensajes solicitando comentarios.
Un portavoz de los abogados del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
La decisión de Castel, que no se aplicaba a todo el país, se refería a los tribunales de inmigración en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway en Manhattan.
La sede del FBI en Nueva York también se encuentra en 26 Federal Plaza, un gran edificio frente a dos tribunales federales cerca del Ayuntamiento.
Las organizaciones presentaron por primera vez la demanda el pasado agosto en nombre de los grupos de defensa de inmigrantes African Communities Together y The Door.
“Ante el continuo señalamiento de nuestros jóvenes miembros por parte de esta administración, esta decisión nos trae esperanza”, declaró Beth Baltimore, subdirectora del Centro de Servicios Legales de The Door.
“Nuestro personal sigue trabajando incansablemente para apoyar a los miembros de Door que estaban aterrorizados de acudir a sus comparecencias judiciales obligatorias. Estamos con nuestros miembros para luchar por quienes se han visto afectados por los arrestos en los tribunales, incluidos aquellos que siguen detenidos, y otras políticas crueles”, manifestó Baltimore en un comunicado.
Con información de AP