Bolivia y México están experimentando una «guerra diplomática» debido a un grupo de nueve miembros del gobierno del expresidente Evo Morales que se refugió en la embajada de México en La Paz.
Desde el 23 de diciembre, la policía y las fuerzas de seguridad bolivianas han estado alrededor del edificio, incluso controlando los automóviles que acceden a la embajada para evitar que las nueve personas huyan.
El gobierno de Jeanine Áñez, que se hizo cargo de Bolivia después de la renuncia de Morales, se niega a otorgar una conducta segura para que el grupo abandone el país. Esto se debe a que la Justicia boliviana tiene la intención de demandarlos junto con Morales. La Paz dice que la operación policial en la embajada es una solicitud de protección hecha por el propio México.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México definió la situación como «un verdadero acoso», lo que violaría la Convención de Viena sobre la sede diplomática. Al respecto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció la intención del país de llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, en Holanda. En respuesta, el ministro presidencial boliviano, Yerko Núñez, respondió que la decisión mexicana de llevar al Tribunal de La Haya «no tiene sentido».
«Queremos brindar seguridad a la embajada mexicana, pero también queremos que todos los que han cometido actos de terrorismo y sedición, que han alentado disturbios, sean llevados ante la justicia», dijo.
El día 26 de diciembre, el subsecretario de Asuntos Exteriores de México, Maximiliano Reyes, propuso a la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, una reunión en un país neutral para discutir el caso. Bolivia aceptó la oferta, pero exigió que el negociador fuera Ebrardo Reyes. En el grupo de refugiados de la embajada hay cuatro ex ministros de Morales: Juan Ramón Quintana (Interior), Javier Zavaleta López (Defensa), Félix César Navarro Miranda (Minas y Energía) y Wilma Alanoca (Cultura).
Redacción Curadas
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