El hombre que voló los cielos en un helicóptero sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quedó en la memoria de todos los venezolanos luego de su asesinato el 15 de enero de 2018.
Óscar Pérez era funcionario y ex-piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuando comenzó a pronunciarse en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Fue uno de los que llamó a la rebelión por medio de la aplicación del artículo 350 de la Constitución Nacional de Venezuela.
El lunes 15 de enero de 2018 el mundo miró asombrado y horrorizado el asesinato de Óscar Pérez producto de la «Operación Gedeón», un procedimiento llevado a cabo por funcionarios de inteligencia militar comandados por GNB, SEBIN, DGCIM y PNB en el kilómetro 16 de El Junquito.
Allí se dio captura al expiloto del CICPC, quien era uno de los hombres más buscados por la inteligencia venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro.
Aquella mañana, alrededor de las cuatro de la madrugada, los funcionarios cercaron un chalet blanco que se encontraba en el sector El Cujicito de la urbanización El Araguaney. De acuerdo con vecinos de la zona, «una persona quien se mantenía al tanto de la situación», dio aviso a los funcionarios quienes los acorralaron hasta dejarlos sin signos vitales.
A las 6:46 am de ese día, Pérez había dado un mensaje por sus redes sociales Twitter e Instagram para informar que había sido sitiado por funcionarios de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana PNB y la Guardia Nacional GN.
Por más de cuatro horas, desde varias zonas de El Junquito, se escucharon las detonaciones provenientes del sector El Cujicito, en el que alrededor de las 10:30 am se produjo una explosión provocada por un lanzacohetes antitanque RPG-7.
A pesar de que Óscar Pérez había manifestado su deseo de entregarse y finalmente rendirse ante el ataque, los funcionarios continuaron con el bombardeo violando todos sus derechos humanos y el de sus compañeros sin piedad alguna.
Según sospechan especialistas en la materia, esta detonación derrumbó la estructura y cubrió de escombros los cadáveres de las siete víctimas entre los que se encontraban Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Israel Agostini y Andreína Ramírez y Óscar Pérez.
También fallecieron dos funcionarios policiales y el líder de un colectivo chavista, Heiker Vázquez, quien según información extraoficial tenía el uniforme de las FANB, Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando murió.
PROVEA Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, suministró información en la que afirmaba que «(…)el cuerpo de Óscar Pérez había ingresado a la morgue de Bello Monte a las 6:30 de la tarde del 15 de enero.
Más tarde, las Fuerzas de Acciones Especiales FAES confirmaron la muerte de Pérez que luego fue informada oficialmente por el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol.
Posteriormente, el 18 de enero, llamaron a un familiar de Óscar Pérez para que reconociera los restos. La presunta cremación de los cuerpos señalada por el gobierno nacional fue desmentida por una abogada del Foro Penal Venezolano quien aseguró que sólo les vieron el rostro, ya que el cuerpo no estaba en descomposición como sostenía la versión oficial del ministro Reverol.
Fuentes oficiales señalaron luego que los cuerpos «(…) se encontraban refrigerados y tenían un precinto de seguridad para que no se filtraran fotos ni vídeos».
Las fotografías del acta de defunción también fueron publicadas. En ellas se leía que la causa de las muertes habían sido por: «Hemorragia subdural, fractura de cráneo, herida por arma de fuego con proyectil único a la cabeza». A Pérez le otorgaron el certificado de defunción N° 3368758.
El 18 de enero de 2018, Amnistía Internacional emitió un comunicado donde condenó «(…) una ejecución ilegal del piloto rebelde Óscar Pérez en Venezuela por fuerzas de seguridad del gobierno». Una vez más, los actos de violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo crímenes prohibidos por la legislación internacional quedaron en evidencia.
Según el informe de Amnistía Internacional «(…) en la operación, los funcionarios utilizaron un arma militar que no sólo estaba diseñada para matar, sino que también dejaba poco probabilidades de supervivencia, (…) el uso de esta arma puso en peligro la vida de las personas alrededor».
La Organización de Estados Americanos OEA y Human Rights Watch por su parte, comparó el caso Óscar Pérez en Venezuela con las masacres de otras dictaduras latinoamericanas.
José Miguel Vivanco, director de la organización para la región, señaló que lo ocurrido en El Junquito es similar a lo que sucedió en las dictaduras de Argentina y Chile, en las que «(…) aparecían frecuentemente noticias sobre terroristas muertos en enfrentamientos y muchas veces se trataba de ajusticiamientos».
@rocafranc
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