“Si no tienes un conocido dentro del hospital que te ayude, es muy complicado que te admitan para la atención de tu parto. Puedes quedarte en un pasadizo desangrándote y nadie hará nada”, cuenta Reymar Pinillos, de 21 años de edad, en la casa de su madre mientras le da de comer a su hijo de apenas seis meses, en el barrio de la parroquia de Caricuao, al suroeste de la ciudad de Caracas.
Cuando Reymar se enteró que estaba embarazada, lloró por varios días. No estaba en sus planes ser madre, pero dice que nunca pensó en abortar. “Si llego a tener otro hijo, será planificado porque en esta ocasión mi esposo pensó que me iba a morir. Yo también lo pensé”, dice. Ella llevó algunos de sus controles prenatales en el hospital Materno Infantil de Caricuao y en el programa Barrio Adentro de su zona, como se le conoce al programa creado por el expresidente Hugo Chávez para brindar servicio médico gratuito a las personas más pobres.
En sus últimas evaluaciones, Reymar fue informada de que debía someterse a una cesárea debido a que su pelvis era estrecha y su bebé grande. Con ayuda de su pareja y su familia, compró el kit de cesárea (guantes, antibióticos, inyecciones, gasas y otros) para la operación en un hospital de Caracas que la admitiera. Este kit cuesta el equivalente a 100 dólares a la tasa del mercado paralelo. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas 1.800 bolívares (unos 6 dólares), devaluados sin cesar por la inflación.
En el estado de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, los pacientes deben llevar a los centros de salud públicos todos los medicamentos, e instrumentos médicos, si quieren ser atendidos.
Sin embargo, para muchas mujeres embarazadas el problema se presenta desde el proceso de admisión en un hospital. Son sometidas a un ruleteo, como se le conoce al recorrido de gestantes por varios hospitales o maternidades hasta encontrar el lugar donde puedan dar a luz. Los primeros casos de ruleteo comenzaron a registrarse antes incluso de la muerte de Hugo Chávez. Pero en los años de mandato del presidente Nicolás Maduro y la crisis económica, el fenómeno se volvió endémico.
Sin reconocer las precariedades de la salud pública, en julio 2017, el Gobierno anunció un plan de ayuda financiera denominado “parto humanizado”, dirigido a las futuras madres, a quienes ofrecía 700.000 bolívares mensuales por cada embarazo. Se buscaba atender a unas 460.000 beneficiarias de los programas asistenciales del gobierno, pero más de dos años después, Maduro reconoció que no dio resultados.
Cuando Reymar Pinillos ya estaba en proceso de parto, recorrió tres centros de salud pública, pero fue rechazada: el Materno Infantil de Caricuao, la Maternidad Santa Ana y el Hospital General José Ignacio Baldó, también conocido como Hospital El Algodonal, ubicados al oeste de Caracas. En todos, la razón fue la falta de anestesiólogos. Unos 800 de 1.300 médicos con esta especialidad emigraron por la crisis entre 2014 y 2018, según la Sociedad Venezolana de Anestesiólogos.
Finalmente, Reymar fue atendida en el Hospital Pérez Carreño, uno de los más grandes de Caracas, gracias a que su tío conocía a un enfermero que trabaja en este servicio médico. Esta sería la primera batalla superada, pero vendrían otras más para salvar su vida y la de su bebé de un sistema de extremas precariedades de atención.
Se han dado casos de mujeres que dieron a luz en sus casas y hasta en la calle al no ser recibidas en los centros médicos estatales. A inicios de noviembre de 2019, una mujer fue grabada teniendo a su hijo en cuclillas junto a un árbol frente al hospital de Guaiparo, el más grande de Bolívar.
Venezuela fue el primer país en América Latina que incluyó la violencia obstétrica como un delito en el 2007 en la Ley Orgánica Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Según esta norma, el personal de salud incurre en violencia obstétrica cuando no atiende de manera oportuna las emergencias obstétricas; obliga a las mujeres a parir en posición horizontal y con las piernas levantadas, pese a que existen las condiciones para ofrecerle un parto de cuclillas o vertical; se obstaculiza el contacto de la madre y el niño apenas ocurre el parto y sin causa médica justificada; y se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento informado de la mujer.
Sin embargo, en un estado de emergencia humanitaria compleja, la promoción de una cultura de parto respetado se desvanece no solo por el colapso del sistema de salud, sino también porque encuentra resistencia en médicos que siguen poniendo en práctica procedimientos invasivos y no consentidos (maniobra de Kristeller o presión en el vientre para inducir la salida del bebé, medicinas para acelerar el parto, episiotomía o corte en el perineo) pese a que la evidencia científica muestra que provocan daños para la mujer y el bebé.
Los avances solo se dan en algunos servicios de atención privada donde se han incorporado doulas, una persona no médico que acompaña y facilita el trabajo de parto. “Antes hubo un esfuerzo del Estado para que las mujeres se empoderen, como se intentó con las promotoras que acompañaban a las parturientas en las barriadas, pero no se masificó. Se usó como bandera política. Por eso ahora vemos casos como el ruleteo, donde van remitiendo a la mujer de un centro a otro, que es un gran problema en este país y se considera violencia obstétrica”, dice la obstetra Carmen Mujica, de la clínica AquaMater ubicada al este de Caracas.
Vía RunRun.es
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