Quince años le ha tomado a un gobierno colombiano pedir perdón por uno de los capítulos más oscuros de su historia: los conocidos como “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de jóvenes inocentes que hicieron pasar por guerrilleros para inflar los logros contra la guerrilla de las FARC.
Ocho exmilitares del Ejército colombiano admitieron en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ante víctimas del conflicto su participación en el asesinato y la desaparición forzada de 49 personas que fueron presentadas como “falsos positivos” entre 2002 y 2006 en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste).
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles por los llamados «falsos positivos» en el departamento de Casanare, entre 2005 y 2008, cuando 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros.
Veintiún militares y un civil que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia por actos de crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en el asesinato de hasta 247 jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate, en el caso conocido como «falsos positivos».