El esfuerzo de alto perfil del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para transferir migrantes de EE.UU. a la base naval de la bahía de Guantánamo, Cuba, está siendo sacudido por preocupaciones dentro y fuera de su Gobierno sobre las condiciones de vida allí, y el arduo y costoso proceso de convertirlo en un lugar adecuado para los deportados.
La intención del presidente Trump de habilitar un centro de detención en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo inquieta a expertos, en un contexto de hostilidad hacia los migrantes.
Más de dos décadas después de que Guantánamo recibiera en 2002 a sus primeros reos, esa prisión estadounidense en territorio cubano arrastra con el paso del tiempo la dificultad de hacer justicia y la posibilidad de que algún día llegue a cerrarse es, como su ubicación, remota.
El autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S), Khalid Sheij Mohamed (KSM), y tres de sus supuestos cómplices se enfrentan esta semana en la Base Naval de Guantánamo a una nueva comparecencia ante la comisión militar que decidirá su juicio.
“Esta sesión es para decidir si Mohamed Rahim sigue bajo custodia de EE.UU., no sobre la legalidad de su detención”, dice una voz masculina, mientras que el último preso enviado a Guantánamo escucha hierático dieciséis años después de su arresto en Pakistán, sin haber recibido cargos ni haber sido juzgado.
«Una docena de años después, mientras se dispone a entrar en la Casa Blanca como presidente, Biden tiene la oportunidad de hacer realidad aquellas palabras. No debe dejarla pasar», dijo AI en su informe