El panorama que se vive en el Táchira es de tristeza, anarquía y humillación. Las calles parecen estacionamientos, por lado y lado, llenas de filas interminables de carros que pasan hasta semanas esperando combustible.
La vida del tachirense se convirtió en una tortura. La rutina de las personas ha cambiado a tal punto que hasta los horarios de los colegios fue modificado por la escasez del hidrocarburo.
Desde 2002 este estado fronterizo no volvió a tener un suministro normal de gasolina. En ese año aparecieron las colas en las estaciones de servicio, colas que se convirtieron en la pesadilla de nunca acabar.
Todos saben dónde está el problema
En la región se han aplicado más de 10 mecanismos de control para poder abastecer: el chip, el terminal de placa, censo automotor, código de barras y un sinfín más que han sido un fracaso y que no han acabado con las mafias que manejan el contrabando de extracción.
«Todos sabemos cuál es la raíz del problema: el contrabando. Y si la gasolina pasa a Colombia es porque los uniformados y las autoridades la dejan pasar. Esto no es un secreto para nadie», expresó Adolfo Rodríguez, comerciante de 52 años, quien añadió que está cansado de que el gobierno se burle de los tachirenses y pisotee sus derechos.
«Aquí somos tratados como ciudadanos de quinta. Lo que se vive en nuestra región con la gasolina no se vive en ninguna parte de Venezuela. Esto es un drama, una angustia, un castigo, una desgracia», dijo Rodríguez a Curadas.
Actualmente los ciudadanos pueden surtir dos veces por semana, de acuerdo al terminal del número de placa. La medida nunca se cumple, pues como no llegan las gandolas todos los terminales se mezclan en una gran cola.
Escasez e inseguridad
En el interior del estado la situación es mucho más calamitosa, pues hay municipios de la zona sur o de la montaña adonde la gasolina llega cada 15 días.
Los ciudadanos han tenido que reinventarse para poder sobrevivir en medio de la crisis.
José Farías, un productor agropecuario de 77 años, debe ir al menos una vez a la semana a su sustento, su finca, ubicada a dos horas y media de San Cristóbal. Este ingeniero jubilado tuvo que incluir dentro de los gastos operativos de su unidad de producción, el costo en el mercado negro de la pimpina de gasolina.
«Para no parar mi trabajo debo comprar dos pimpinas de 60 litros para ir y venir, esto equivale a 250.000 pesos semanales, es decir unos 80 dólares. Me estoy descapitalizando por culpa de las malas políticas de este gobierno que ha acabado con todo», indicó con rabia e impotencia.
Nunca pensó que su vejez la iba a pasar en esto. Asegura que todas las semanas es una preocupación, pues hay momentos en los que no se consigue gasolina ni siquiera en el mercado negro.
«Soy un viejo y no me quiero morir infartado en una cola, aguantando el atropello de los uniformados. Las colas provocan un desgaste emocional terrible y además con la inseguridad nos exponemos a que nos maten como ha pasado con muchas personas en el Táchira», indicó Farías.
La gran mayoría no tiene cómo pagar la gasolina en dólares o pesos y por eso deben programar sus diligencias y turnarse entre los miembros de la familia para hacer la cola con la esperanza de poder surtir.
Juana López logró abastecer este lunes de combustible, pero permaneció en la cola todo el fin de semana.
«Me siento triste, humillada. No puede ser que nos sometan a esto en un país petrolero. Soy madre soltera de dos niñas y tuve que dormir dos noches dentro del carro. A ellas las dejé con mi mamá para poder tener 20 litros de gasolina que es lo que le echan a uno», señaló esta mujer que sostiene su hogar realizando masajes terapéuticos.
Recientemente las autoridades anunciaron un nuevo censo automotor para llevar el control y eliminar los chips falsos, supuestamente usados por los contrabandistas.
«Eso no va a solucionar nada, esos censos son un fracaso. Ellos quieren mantenernos en colas y colas para que el pueblo esté ocupado y no salgamos a protestar», apuntó López.
Los ciudadanos también denunciaron la matraca y el abuso por parte de los uniformados apostados en las estaciones de servicio, quienes estarían cobrando entre 20.000 y 50.000 pesos por pasar VIP y surtir sin hacer cola. También hay quienes apartan 10 y 20 puestos para luego comercializarlos en moneda extranjera. La crisis ha generado la proliferación de mafias y de nuevos modus operandi.
La inseguridad es otro de los dramas que acompaña a los ciudadanos en las colas: el robo de baterías, computadoras de carros y otros accesorios ya es algo común.
Muchas personas han sido incluso asesinadas por resistirse al robo de noche y a plena luz del día. Mujeres han sido violadas y hasta han atropellado a personas en las colas. Los ciudadanos esperan que esta tragedia llegue a su fin, aunque aseguran que solo un cambio político le devolvería a Venezuela la prosperidad, justicia, paz y el respeto a los derechos ciudadanos.
Redacción @Curadas