Claves de la sentencia del TSJ que usurpa funciones de la AN

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La organización civil Súmate rechazó la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sentencia Nº 68 que declara la “omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional en la designación de la directiva del CNE.

Súmate rebeló las claves por las cuales este fallo empeorará la crisis institucional que afecta a Venezuela y que se hace más profunda en momentos en que ocurre la pandemia de la COVID-19.

Usurpa funciones

La sentencia trata de justificar la usurpación de la competencia que corresponde únicamente a la Asamblea Nacional (AN), de acuerdo a lo establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República.

El TSJ «viola el principio de separación de poderes, base del Estado de Derecho, que en particular la Constitución de 1999 quiso garantizar al elevar  la función electoral a Poder Público nacional independiente».

La usurpación «se ha vuelto en una práctica sistemática y flagrante, que evidencia la existencia de la intención de controlar este órgano del Poder Público, lo cual se traduce en una violación de los derechos fundamentales de todos los venezolanos».

Rectores nuevos, vicios viejos

La ONG asegura que se podría avizorar que el nuevo directorio del CNE que designará el TSJ podría tener el mismo o peor desempeño parcializado de los dos últimos directorios elegidos también por el máximo tribunal bajo las declaratorias de “inconstitucionalidad de la omisión legislativa” en diciembre de 2014 y de “desacato” en diciembre de 2016.

En todos los casos la decisión del TSJ se ha basado en la interpretación del artículo 336 constitucional, numeral 7. Considera que la interpretación errónea del artículo constitucional mencionado, ha permitido al TSJ convertirse en el gran elector de los titulares del Poder Electoral en cuatro de los ocho directorios que ha tenido el CNE.

En estos 20 años de la actual Constitución de la Republica, siempre que el PSUV no ha tenido los votos en la AN para nombrar unilateralmente los rectores del CNE ha acudido al TSJ para torcer el mandato constitucional, con el resultado de que solo dos de los ocho directorios que ha tenido el CNE han sido elegidos por la AN: el del 28 de abril de 2006 y el de su renovación parcial del 03 de diciembre de 2009, donde incluso se permitió la elección de militantes del PSUV en el Directorio, justo cuando el Parlamento nacional estuvo integrado totalmente por diputados oficialistas.

Lo que dice la ley

En la elección de un nuevo CNE deben participar todos los sectores de la sociedad (artículo 295), estableciendo como la principal instancia para ello la constitución de un Comité de Postulaciones Electorales (CPE).

A esta instancia le corresponde asegurar que los candidatos en representación de los únicos tres sectores que según la Constitución deben asumir la dirección del Poder Electoral (Sociedad Civil, Facultades de Ciencias Políticas y Jurídicas de las Universidades Nacionales, y Poder Ciudadano), cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, entre ellos el que sea integrado por “cinco personas no vinculadas con organizaciones políticas.” (Artículos 296 de la Constitución y 9 de la LOPE).

Aunque esta instancia se encuentra constituida desde 2019, con una representación plural de los factores políticos y de la Sociedad Civil, no ha podido concluir su trabajo por la persecución a la que ha sido sometido el Poder Legislativo y por la situación de confinamiento social que experimentamos los venezolanos como prevención ante la pandemia por COVID-19.

La sentencia del TSJ es también una intromisión en el curso de los procesos políticos y pretende cerrar la posibilidad de que el CPE culmine su trabajo y proporcione a los venezolanos un árbitro imparcial e independiente.

Atribuciones extras

La Sala Constitucional del TSJ en esta misma sentencia Nº 68, se excedió en sus atribuciones al ordenar al CNE “el desarrollo normativo” de algunos artículos de la LOPRE que desaplicó.

Aunque estos artículos hasta ahora son desconocidos, ya que la sentencia no ha sido publicada, pudieran ser los mismos sugeridos en el recurso introducido el pasado jueves 4 de este mes, con el fin de “garantizar mayor proporcionalidad” modificando los mecanismos de transformación de votos en escaños del sistema Mixto que desarrolla la LOPRE, donde se regula la elección de diputados nominales, lista y la elección de diputados indígenas.

Indica Súmate que legislar es competencia de la Asamblea Nacional según lo establecido en el artículo 187, numeral 1 de la Constitución y recuerda a la opinión pública que antes de la aprobación de la LOPRE en julio de 2009, tanto esta ONG, como muchos factores políticos, organizaciones y personalidades advirtieron que la misma violaba flagrantemente el principio constitucional de la Representación Proporcional para los cuerpos deliberantes, y desde ese momento hasta el presente los sectores democráticos del país han planteado su reforma para rescatar la constitucionalidad de este asunto, en un debate conducido por la Asamblea Nacional con la participación de todos los sectores políticos del país.

Redacción Curadas.com

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