EEUU investiga al empresario Wilmer Ruperti por importación de gasolina a Venezuela

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Estados Unidos investiga al magnate naviero Wilmer Ruperti por posiblemente violar las sanciones impuestas a personeros e instituciones venezolanas al importar gasolina que escasea en el país, según dos altos funcionarios estadounidenses.

La investigación se enfoca en un cargamento que Wilmer Ruperti, un excapitán de petrolero que ahora es un adinerado hombre de negocios, envió en abril desde Trinidad y Tobago, dijeron los funcionarios a Reuters.

El empresario de 60 años ha estado cerca del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela desde el gobierno de Hugo Chávez, ganando lucrativos contratos con la petrolera estatal Pdvsa.

Ruperti ha mantenido esa relación bajo el mandato de Nicolás Maduro, sancionado junto a varias decenas de sus más cercanos colaborados por Washington, que busca su salida del poder.

Ruperti se hizo hombre fuerte por haber fletado barcos en 2002-2003 para importar gasolina y ayudar a romper una huelga en Pdvsa, ganando una medalla de un agradecido Chávez.

Pero la razón de la investigación se centra en un hecho ocurrido en abril pasado, cuando el tanquero que transportaba el envío de alrededor de 150.000 barriles había señalado a Aruba como su destino, pero dejó de transmitir su ubicación antes de descargar en la terminal El Palito de Venezuela, según datos de Refinitiv Eikon y personas con conocimiento del asunto.

El enviado del presidente Donald Trump para Venezuela, Elliott Abrams, dijo que el Departamento del Tesoro, que supervisa la política de sanciones, determinará el curso de la investigación.

“Creo que las personas que hacen cumplir las sanciones estadounidenses están observando sus actividades”, dijo en una entrevista el 29 de mayo.

Ruperti dijo en una entrevista en abril con Associated Press que había enviado ese mes a Venezuela un cargamento de gasolina de 300.000 barriles y tenía la intención de enviar un millón de barriles más.

Fue citado describiendo la operación como un “trabajo humanitario” y que sus abogados habían informado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo, sin recibir ninguna objeción.

Los funcionarios estadounidenses han dicho que hay excepciones para bienes humanitarios como alimentos, medicamentos e, incluso en algunos casos, combustible, pero tales envíos requieren autorización explícita de Estados Unidos.

Abrams dijo que no estaba al tanto de ninguna aprobación de Estados Unidos para las actividades de Ruperti.

Un segundo alto funcionario de la administración Trump, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que Ruperti estaba siendo investigado y también dijo que no se había otorgado ninguna exención.

El funcionario calificó las transacciones de Ruperti como “definitivamente sancionables”, aunque no proporcionó un cronograma para acciones potenciales: “Siempre vamos a construir el mejor caso posible”.

El Departamento del Tesoro, cuya Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) supervisa las sanciones, no confirmó si está investigando a Ruperti.

Pero dijo que recibe muchas consultas cada semana a través de varios canales oficiales sobre si las actividades de individuos o entidades cumplen con las sanciones.

“Quienes presenten tales solicitudes no deberían concluir que su actividad es permisible o no sancionable bajo las autoridades de la OFAC sin recibir una confirmación formal de la OFAC”, dijo un portavoz del Tesoro.

El envío de aproximadamente 150.000 barriles, en el centro de la investigación estadounidense, dejó el puerto Pointe-a-Pierre, de Trinidad, a bordo del petrolero Aldan, de bandera de Liberia, el 20 de abril, señalando a Aruba como su destino, según datos de Eikon.

No obstante, el 22 de abril dejó de transmitir su ubicación, mostraron los datos. Según tres fuentes, el barco luego fue a la terminal de El Palito, en Venezuela, para descargar.

Ni Ruperti ni su compañía Maroil han confirmado públicamente todos los detalles de la transacción.

 Pero una factura de marzo vista por Reuters mostró una solicitud de anticipo de Maroil a Pdvsa por 12 millones de euros (13,7 millones de dólares) para el suministro de gasolina. Reuters no pudo confirmar si se completó el pago.

Después de entregar la gasolina, Maroil también recibió en mayo una carga de combustible de 270.000 barriles de Pdvsa en el buque Confidence P, según documentos internos de la compañía.

Eso sugiere que el acuerdo puede haber sido estructurado como un intercambio de la gasolina enviada desde Trinidad por combustible producido en el país.

Las autoridades estadounidenses consideran que tales intercambios son prácticas para evadir las sanciones, dijo el alto funcionario de la administración estadounidense. 

Algunos de los socios extranjeros de Pdvsa han evitado las transacciones en efectivo con la compañía debido a la prohibición de Washington del uso del sistema financiero de Estados Unidos y en su lugar han recurrido a esos intercambios.

Desde que Trump asumió el cargo en 2017, su administración ha impuesto sanciones a Maduro y a docenas de sus aliados.

Si Ruperti entre a esa la lista negra, cualquier activo estadounidense que posea se congelaría y los estadounidenses tendrían prohibido hacer negocios con él.

vía TalCual

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