El país del caos: razones para sostener la defensa de los DD.HH. en Venezuela

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43 organizaciones de la sociedad civil venezolana de 15 estados del país que realizan labores de defensa de derechos humanos en una gran diversidad de áreas y sectores, realizaron un informe conjunto para alertar sobre los patrones del régimen para violar estos derechos y destacaron la importancia de su defensa, en aras de rescatar a Venezuela de la crisis. Curadas tuvo acceso a ese informe.

Las organizaciones denunciaron que Venezuela experimenta desde hace dos décadas un contexto de inestabilidad política, destrucción del Estado de Derecho y desmantelamiento de las instituciones, que ha generado graves y múltiples violaciones de los derechos humanos.

Además, han prevalecido leyes y sentencias que socavaron el orden democrático, prácticas excluyentes y discriminatorias, políticas de criminalización, censura y persecución contra la sociedad civil, partidos políticos de oposición y medios de comunicación independientes.

Los niveles a los que han llegado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela tienen profundas consecuencias para la sociedad que debilitan sus posibilidades de recuperarse de los efectos de la emergencia de la COVID-19 y limitan su plena incorporación a un proceso de transición para volver a la democracia, restablecer el Estado de Derecho y reconstruir las estructuras institucionales, económicas y sociales del país.

Es, por lo tanto, una cuestión de sobrevivencia y seguridad humana en este momento de gran afectación para la sociedad venezolana, el resguardo de la defensa de los derechos humanos como obligación del Estado venezolano y requerimiento fundamental para que los esfuerzos de apoyo de la comunidad internacional logren ser efectivos, tanto en el campo político y económico como en el social y humanitario.

De este propósito se concluye la necesidad de varias exigencias urgentes que debe cumplir el Estado venezolano y todos los poderes públicos en los ámbitos de gobierno nacional, regional y municipal.

Las razones

1. Reconocer, facilitar y asegurar el trabajo legítimo de los defensores y las defensoras de derechos humanos en Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en la Declaración sobre el Derecho de los Defensores de Derechos Humanos de 1998 y la Constitución de 1999 en sus artículos 19 a 31 (Título II, Capítulo 1) y artículo 132. Tanto el Estado como la sociedad venezolana deben reconocer el trabajo de todas las personas defensoras de derechos humanos. Los ataques hacia defensoras también pueden constituir actos de violencia de género que propicia la impunidad.

2.Respetar la Constitución de 1999 y los Tratados Internacionales, adoptar todas las recomendaciones y las medidas cautelares de los sistemas internacionales de protección como base del Plan Nacional de Derechos Humanos para su implementación inmediata, incluyendo las emitidas por la ACNUDH, CIDH y otros órganos de las Naciones Unidas y la OEA; e igualmente aceptar las visitas solicitadas por relatores y mecanismos especiales en ámbitos de derechos que muestran patrones graves de violación.

3.Acabar con la política de criminalización, difamación y desprestigio del trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo activistas, abogados y abogadas, personal de salud y líderes comunitarios, y periodistas, como uno de los principales orígenes de los patrones de ataque, instruir a los cuerpos de seguridad para que cesen estas prácticas, investigar sus denuncias y sancionar a los responsables.

4.Desmantelar de forma inmediata los sistemas, organizaciones y grupos responsables de la represión, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales, facilitar la construcción de un mecanismo de justicia independiente para investigar y juzgar estos crímenes y formar a efectivos policiales y militares en derechos humanos. Esto también incluye, poner fin al uso de civiles para labores de inteligencia y seguimiento, represión y hostigamiento, en combinación con órganos del Estado, así como para la delación y el control social que tiende a agudizarse, poniendo en riesgo la vida e integridad de defensores y defensoras.

5.Garantizar la libertad de asociación y los actos de registro que requieren las organizaciones que defienden derechos humanos, así como la libertad de reunión y manifestación pacífica, retirando a las fuerzas militares del control del orden público y creando normas para la gestión democrática de estas funciones a cargo de cuerpos civiles. Garantizar el libre acceso de los defensores y defensoras de derechos humanos a todas las instalaciones que dependen del Estado, a nivel nacional, estadal y municipal, incluyendo cárceles, centros de salud, escuelas, lugares de acopio, distribución y entrega de alimentos, refugios para las personas retornadas; así como el libre desempeño de actividades en los espacios públicos.

6.Garantizar el pleno acceso a la información pública y su máxima divulgación a todos los sectores y estados del país, al igual que la libertad de expresión y de prensa, el libre ejercicio de la labor periodística y de los medios de comunicación independientes, y la accesibilidad a los servicios de telefonía e internet.

7.Garantizar el aceleramiento de una respuesta humanitaria internacional en las proporciones y con la urgencia necesaria en todo el territorio nacional y la seguridad de todos los actores nacionales e internacionales que contribuyen a esta respuesta, para reducir las brechas de privación causadas por la emergencia humanitaria en el país.

8.En los esfuerzos para detener la propagación de Covid-19 y garantizar la salud de la población, adoptar las recomendaciones de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, la ACNUDH y la CIDH en la aplicación de medidas extraordinarias que garanticen todos los derechos humanos, y la consulta y contribución de la sociedad civil.

9 Con base en la Constitución de 1999, restablecer el orden democrático respetando la separación e independencia de los poderes públicos, la integración de las instituciones del Estado con apego a los procedimientos constitucionales y el establecimiento de acuerdos para llevar adelante una transición con métodos democráticos, plurales y ciudadanos.

Redacción Curadas.com

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