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CIDH responsabilizó al Estado por muerte de jóvenes en el INAM de Bolívar

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Quince años han pasado desde la tragedia suscitada en el Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM) en San Félix, estado Bolívar. El 30 de junio de 2005 un incendio cobró la vida de cinco jóvenes en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico “Monseñor Juan José Bernal”, adscrito al ente gubernamental.

Las víctimas fueron identificadas como José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristián Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa. Según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) desde donde se dedicaron a investigar el hecho desde el momento en que ocurrieron.

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Tras 15 años de trabajo, el caso, representado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, fue elevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cual efectuó un informe de fondo y posteriormente fue admitido por la CorteIDH.

El viernes 11 de diciembre del 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reconoció la responsabilidad del Estado en el lamentable hecho.

José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristián Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa, murieron a causa de asfixia mecánica. Además de sofocación, quemadura en 90% de su cuerpo, según explicó Luis Manuel Guevara, coordinador del OVP en el estado Bolívar. 

“De allí el OVP comenzó una lucha con los familiares, quienes al principio no creían en el trabajo que veníamos haciendo, con el tiempo se dieron cuenta que el trabajo era realizado con transparencia, seriedad y sobre todo con mucha responsabilidad”, expresó Guevara.

Además manifestó que hoy han transcurrido más de 15 años de lo ocurrido y tan solo existió la imputación en el momento del director del INAM, Nerio Antonio Moreno. Los guías José Luis Chirinos, Francisco Javier Gómez y también se encontraba para ese momento la auxiliar de servicio, Brígida Hurtado.

Tras la lucha incansable del equipo del OVP, en ese momento y durante muchos años dirigido por su fundador Humberto Prado, se logró el acto de acusación a los imputados pero a la fecha no existe una sentencia firme, mucho menos una fecha para la continuación de un juicio. 

De igual manera, el abogado y coordinador del estado Bolívar aseguró que el expediente del caso de los cinco adolescentes fallecidos en el INAM de San Félix fue pasado a un tribunal en funciones de juicio itinerante y como consecuencia de la pandemia por COVID-19 estos tribunales cesaron sus funciones en el estado Bolívar.

“En los actuales momentos no posee juez, no tiene un tribunal que lleve a cabo el presente juicio, nosotros de alguna manera vamos a buscar la forma de que este expediente sea redistribuido al tribunal de origen en este caso al Tribunal 5to de Juicio,  para que se le dé continuidad al proceso judicial de Venezuela”.

Venezuela es responsable

En otro orden de ideas, Guevara lamentó que en Venezuela aún estas familias no hayan podido conseguir justicia. Pero se siente contento y satisfecho porque el viernes 11 de diciembre del 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hizo justicia reconociendo la responsabilidad del Estado en el lamentable hecho. 

Es un caso que ha llevado 15 años de lucha, pero que ahora se están viendo los frutos gracias a la valentía y persistencia de los familiares junto al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones. 

“Esperemos que este caso sea una lección para el Estado, para los familiares y para todo el sistema de justicia, para que sean garantizados los derechos de todas las personas privadas de libertad en Venezuela tanto hombres, mujeres y adolescentes”, puntualizó Luis Manuel Guevara.

Por su parte Carolina Girón, directora general del OVP, agregó que en Venezuela el caso del INAM de San Félix tuvo 60 diferimientos, no existe un juicio y “aunque hubo imputados hasta allí llegó”.

La abogada y defensora de derechos humanos detalló que el caso fue elevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cual efectuó un informe de fondo y posteriormente fue admitido por la CorteIDH. “Hemos estado durante todos estos años junto con la comisión que es parte actora en el juicio, llevando toda la sustanciación del juicio ante la Corte IDH”.

Girón también agradeció la colaboración de dos bufetes pro bonos, Cyrus R. Vance Center y White&Case, “quienes fueron nuestros colaboradores en todo este largo trajinar ante la CorteIDH”. 

Asimismo, la directora del OVP confesó que la audiencia oral y pública de este juicio que estaba prevista para el mes de diciembre fue suspendida ante la declaración de pandemia por el COVID-19. Pero la Corte aceptó por primera vez escuchar a los familiares de las víctimas de forma virtual, la abuela y una hermana de los fallecidos fueron las encargadas de hablar ante los 13 jueces. 

Redacción Lohena Reverón/Curadas.

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