La OIT desmonta el mito de un «gobierno obrerista» en Venezuela

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«En casa de herrero cuchillo de palo». Este refrán popular ilustra a la perfección la paradójica situación en la que se hallan los trabajadores de Venezuela. Todo, pese a que Nicolás Maduro se desempeñó en el  mundo sindical y se califica por ello como el «presidente obrero».

Lo cierto es que su administración no ha hecho nada bueno en favor de los trabajadores, y así lo denunció al mundo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el mes de marzo del año en curso, reseñó la ONG, Acceso a la Justicia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el 27 de marzo un duro informe en el que acusó a la administración de Nicolás Maduro de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical, a la libre asociación,  a la contratación colectiva y a la participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional, entre otro incumplimientos a convenios ratificados ante la OIT por  la República.

La decisión adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, en su reunión 341, no solo se denunció las acciones ilegales de Maduro contra de empleadores y trabajadores, sino que además se decidió mantener la presión para lograr que cese la persecución contra el movimiento sindical y que retomen el diálogo tripartito roto desde hace casi dos décadas.

Como parte de esa presión, la instancia instruyó a su director general, Guy Ryder, para que el próximo 3 de mayo le informe si el Gobierno venezolano ha tomado alguna medida para cumplir la lista de tareas que le encomendó, entre las cuales destaca iniciar un diálogo con las agrupaciones de empresarios y los sindicatos.

Además, debe tomar las medidas necesarias para lograr «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión» contra empleadores y trabajadores no afines al Estado y para evitar que «tales actos no se repitan en el futuro».

En 2015, Fedecámaras presentó una queja contra el Gobierno venezolano, al que acusó de crear un clima de intimidación y persecución contra empresarios y trabajadores, que violaba los convenios de la instancia internacional y que fue apoyada por los trabajadores.

En 2019, la Comisión de Encuesta de la OIT corroboró los señalamientos e instó al Ejecutivo a «respetar la libertad sindical» e impulsar «un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social». No obstante, las autoridades venezolanas hicieron caso omiso de estas recomendaciones.

Abriendo otro frente

La respuesta de las autoridades gubernamentales a la decisión del Consejo de Administración de la OIT ha sido hasta ahora patear la mesa. Así, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, anunció que el Gobierno de Maduro no reconocerá el fallo del organismo ni sus posibles consecuencias.

El funcionario dijo que: «El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión adoptada el día de hoy (27 de marzo)».

Además, acusó a la OIT de haberse convertido «en un escenario (…) nada agradable, hostil y mezquino, plagado de intereses políticos contrarios a mi Gobierno».

¿Cuáles son las consecuencias de no acatar las decisiones y recomendaciones de la OIT?  El artículo 29 de la Constitución de la OIT abre las puertas para que un Estado que no desee acatar las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Encuesta pueda someter la queja ante la Corte Internacional de Justicia.

Asimismo, el artículo 33 estipula que: «en caso de que un miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la Comisión de Encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones».

La OIT decidió incluir en el orden del día de su 343ª reunión, prevista para noviembre próximo, un punto titulado «Consideración de todas las medidas posibles, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, necesarias para garantizar que la República Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Investigación dentro del plazo requerido».

A los trabajadores que se los lleve…

El anuncio del ministro Piñate de que el Gobierno no acatará el informe de la OIT es otra muestra de la intolerancia de las autoridades venezolanas frente a la crítica y ante una decisión adversa proveniente de un organismo multilateral del cual el Estado venezolano forma parte.

Cabe esperar que en los próximos días Miraflores vuelva a recurrir a su consabida receta de aumentar el salario mínimo nacional sin consultar con los otros sectores afectados, al no activar el sistema de participación tripartita para la fijación del salario mínimo tal como ha venido ocurriendo en casi veinte años; con lo cual ni trabajadores ni empresarios podrán expresar sus pareceres y propuestas, transgrediendo el artículo 91 de la Constitución, el Convenio 131 de la OIT y las recomendaciones técnicas establecidas por el referido organismo multilateral.

Sin embargo, esto no debería sorprender, porque Maduro; así como antes el del fallecido Hugo Chávez, han ignorado sistemáticamente las recomendaciones y decisiones del grueso de las instancias internacionales, incluida la OIT.

Con información de Acceso a la Justicia

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