(Continuación)
En este quinto Artículo consecutivo, cuya finalidad ha sido la de presentar al lector a través de este proceso investigativo, algunos de los hechos colaterales manejados por Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas sobre el litigio territorial correspondiente al espacio geográfico integral del Esequibo, aunado a la necesidad de hacerle conocer a los venezolanos, la posición asumida tanto por Gran Bretaña como por Guyana desde el momento en que el Gobierno de Venezuela formalizó por primera vez dicha reclamación ante el Organismo internacional señalado en la década de los sesenta, recordando que ello se inició con varias dificultades y obstáculos interpuestos por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a pesar del impulso adoptado por el Estado venezolano una vez que se iniciaron los preparativos para los actos concernientes a la independencia de la República Cooperativa de Guyana.
Cuatro meses después de haberse firmado el Acuerdo de Ginebra de 1966, se inició la negociación del Gobierno de Venezuela con el de Guyana, estando en pleno conocimiento la Organización de las Naciones Unidas, en la que se iniciaron las actividades concernientes a la Comisión Mixta contempladas en dicho Acuerdo. En esta primera reunión con la participación del Primer Ministro de Guyana, Forbes Burham, se manifestó abiertamente la necesidad de lograr un entendimiento para la celebración de la primera reunión de la Comisión Mixta. Allí comenzaron de entrada las evasivas, dado que aun cuando el Gobierno de Guyana estaba consciente de esta actividad de nivel político y diplomático para la fecha establecida, aunado al claro interés de Venezuela en atender esta problemática a la brevedad, éste expresó el inconveniente surgido ante la ausencia del Jefe de los miembros guyaneses que participarían en la Comisión Mixta, Sir Donald Jackson, quien no estaba precisamente en Georgetown, capital de Guyana, motivado a que participaría en las sesiones de la Corte de Apelaciones del Caribe.
Aun estando claro de la reunión que se iniciaría ese día, el Primer Ministro de Guyana demostró a mi juicio una falta absoluta de respeto ante la Comisión venezolana, al preguntarle a ésta sobre el objeto de la reunión, a lo que se le explicó que se elaboraría conjuntamente entre ambos Gobiernos el plan de trabajo acompañado de los procedimientos y protocolos a seguir, además de otros misceláneos basados en la fijación de la sede y fecha de la siguiente reunión en la cual se iniciaría realmente el planteamiento de fondo sobre la reclamación venezolana, en la que Guyana había previsto designar como asesor a un historiador y jurista que sería sustituido posteriormente por un economista.
Ya este señalamiento demostraba desde ese entonces, que el Gobierno de Guyana había querido utilizar la participación de la Comisión Mixta, para darle a la brevedad posible, un giro al proceso de entendimiento sobre el litigio territorial existente, a propósito de aprovechar el ofrecimiento de apoyo dado por el Gobierno de Venezuela para el desarrollo económico de Guyana una vez alcanzada su independencia, tema que había estado en el tapete durante el proceso de entendimiento tanto en Gran Bretaña como en Ginebra, es decir, ya existía la premeditación del Gobierno de Guyana sobre la actuación que vendría de parte de la Comisión mixta, de manera que el tema principal pasase a ocupar una posición secundaria.
Por otra parte, se decidió luego de la primera reunión realizada con el Primer Ministro Forbes Burham, que después del 5 de mayo de 1966, Guyana conformaría tres misiones diplomáticas en América, precisó que en definitiva serían creadas la Embajada para Centro América con sede en San José de Costa Rica, una para el Caribe con sede en Barbados y una para Suramérica con sede en Caracas; así mismo, la ocasión fue aprovechada para advertir que en la declaración oficial sobre el reconocimiento de la independencia de la República Cooperativa de Guyana, se incorporaría una reserva con el objeto de salvaguardar la posición venezolana en relación con la reclamación territorial, además del reconocimiento que el Estado venezolano haría del nuevo Estado vecino, en el que ello bajo ninguna circunstancia implicaría la renuncia o disminución de los derechos de soberanía sobre el territorio reclamado como resultado de la contención venezolana, en el que el Laudo Arbitral de París de 1899 es nulo e írrito.
Como cada cabeza es un mundo universal, mientras Venezuela preparaba el terreno más adecuado para abordar posteriormente el tema de fondo sobre la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo, el Primer Ministro de Guyana manifestó en esa primera reunión que Venezuela no debía limitarse, como seguramente lo harían otros países, a regalar una bandeja de plata o algo similar, sino que dicho regalo debía consistir en algo más permanente y útil para un país pobre como Guyana, y sugirió así la posibilidad de donarse un hospital para atender una de las carestías más apremiantes de la población, a pesar que Venezuela ya tenía previsto ofrecer una escuela; así mismo el Gobierno de Venezuela tomó la iniciativa de plantear la posibilidad de enviar a Georgetown luego de su independencia, una misión venezolana con el objeto de elaborar los planes requeridos en el contexto del apoyo económico ofrecido.
Tal como lo había manifestado el Primer Ministro Burham, el primer miembro conocido personalmente por la Delegación venezolana y que conformó la Comisión Mixta designada por Guyana, fue el señor Mohamed Shahabuddeen, historiador y jurista, de profesión abogado, descendiente de raza hindú y musulmán de religión, quien ocupaba en ese entonces el cargo de Procurador General, e influenciado por el señor Breeze, siendo este último funcionario de la Oficina del Gobernador Británico, quien además de pertenecer como agente de la Inteligencia británica, persuadió al Señor Shahabuddeen para cambiar su parecer sobre la celebración de la primera reunión de la Comisión Mixta en Caracas, fue abordado posteriormente y simplemente manifestó que como funcionario del gobierno no podía opinar sobre el tema. Esta actuación constituye otra estocada adicional a lo que se visualizaba en el futuro inmediato a Venezuela a través de la posición camaleónica adoptada por este personaje, lógicamente alineado con las intenciones del Gobierno de Guyana. Y yo me pregunto, cómo es que éste funcionario no podía opinar si ya era miembro designado para conformar la Comisión mixta?
Y mayor descaro demostró éste funcionario cuando se refirió a que desde su punto de vista, la Comisión Mixta se ocuparía fundamentalmente de la cooperación venezolana para el desarrollo de Guyana, aunado a que fue de la opinión en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 representaba un esfuerzo para alcanzar una solución honorable para la controversia. Una respuesta cargada de una fragilidad tan superficial, con un vacío poco alentador que no podría dar cabida a dualidades de interpretación, ni a conformar falsas expectativas para los venezolanos bajo el supuesto de un falso positivo, en procura de alcanzar un resultado que debió manejarse adecuadamente bajo principios éticos, tal como lo fue precisamente la firma del Acuerdo señalado.
A lo mencionado en el párrafo anterior, se agrega que de acuerdo a la información suministrada por el señor Paul Persaud, quien ejercía el cargo de Oficial de Prensa en el Consulado venezolano en aquel entonces, meses atrás, se produjo una discusión entre el señor Shahabuddeen y el Canciller del Gabinete de Burham, señor Shridath Ramphal, en el que el primero de los mencionados sostuvo el criterio sobre el litigio territorial, expresando que Venezuela tenía la razón sobre el tema. Para el martes 3 de mayo de 1966, el Gobernador de la Guayana Británica, Sir Richard Luyt, quien actuaba como representante de la Reina de Inglaterra, manifestó también que el asunto sobre el litigio territorial existente no le concernía ya que se trataba más bien de una decisión que estaba en manos del Gobierno de Guyana, y que la posición británica sería la de poner en práctica lo que se había acordado en Ginebra.
Dicho representante de la Reina de Inglaterra, en compañía con el sr. Breeze reiteró también, que no veía ninguna dificultad en que la Comisión Mixta se reuniera en el lugar y la fecha propuesta por Venezuela, y el Gobierno de Guyana estaba de acuerdo, en que no habría problema alguno; sin embargo, éste confirmó su intención de tratar el tema con el Primer Ministro y aseguró que haría lo que estaba a su alcance para que se fijara la fecha definitiva. En este combinado de expresiones y de informaciones manejadas colateralmente, donde el uso del poder y del interés se manejaron bajo un discurso doble, el Gobierno de Venezuela para ese momento quedó claro en que a pesar de todo lo que se había dicho, eran realmente los británicos quienes estaban monitoreando el litigio y tratando de impedir que la reunión de la Comisión Mixta en concordancia a lo establecido con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, se efectuara antes de la proclamación de la independencia de la República Cooperativa de Guyana.
Hasta aquí está más que claro, que con las informaciones de primera mano suministradas por los actores venezolanos que participaron en este proceso de iniciación de las actividades propias de la Comisión Mixta, y en conocimiento propio de la Organización de las Naciones Unidas, ni Gran Bretaña ni Guyana tuvieron intención plena desde el principio, en afrontar la controversia territorial sobre el espacio geográfico integral del Esequibo con la seriedad y el compromiso adquirido con la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, y más de medio siglo después, el Gobierno guyanés decidió darle otro giro a la reclamación venezolana, mediante su actuación combinada lógicamente con la
repetida participación de los países principales que conformaron el Tratado de Washington de 1897 (Gran Bretaña y los Estados Unidos), aunado al silencio corresponsable de Rusia, en el que se generó la nefasta, viciada y perversa sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899.
Ello amerita ineludiblemente una revisión y profunda evaluación del proceder que debió y sobre todo, el que debería seguir hoy en día Venezuela, al involucrarse adicionalmente a los Gobiernos antes señalados, tanto la misma Organización de las Naciones Unidas a través de su Secretario General, como la misma Corte Internacional de Justicia, quien manifestó su competencia jurídica en este litigio territorial. Un cuadro cerrado, que no admite nuevamente el cometimiento de errores y complacencias definitivamente erradas bajo el concepto del uso de la diplomacia transformada desde el principio en un descaro, ofensa y desconsideración frontal hacia el gentilicio venezolano.
Por: CA (r) Dr. José Chachati Ata
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