Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo
Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo

Venezuela: Rumbo a la recuperación del Esequibo, VII Fase – 75ta. entrega

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(Continuación)

La actuación del Estado venezolano frente a Gran Bretaña y en concatenación posterior, con la República Cooperativa de Guyana desde que se inició este proceso de reclamación sobre el espacio geográfico integral del Esequibo, ha sido abiertamente mutilado ante la aceptación forzosa e interactiva que le fue impuesto a Venezuela en el siglo XIX a través de la firma del Tratado de Washington de 1897 y la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, seguido de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas a partir del siglo XX, y en el siglo XXI, se conformó la escabrosidad conformada por la actuación combinada de todos ellos en un solo bloque, dándole cabida en el tablero de su juego estratégico a la Corte Internacional de Justicia.

Pero la realidad, es que en el siglo XX, a través de la ONU se iniciaron las acciones de reclamación de Venezuela en el ámbito internacional, y a pesar de las acciones contundentes generadas por el Gobierno venezolano, ocurrieron varios tropiezos que de una manera u otra conformaron complejos escenarios que arrojaron sensibles dificultades, pero también, posibilidades eventuales de mayor acercamiento y entendimiento con Gran Bretaña, y posteriormente entre Guyana y Venezuela, y entre las propuestas consideradas en la reunión efectuada en el año de 1963, figuró que se llevase a buen término la aceptación de Gran Bretaña en cuanto a la invalidez del Laudo Arbitral de París de 1899 con el consecuente reconocimiento de la soberanía de Venezuela sobre la zona geográfica del Esequibo que reclamaba, y a partir de ello, se podría convenir una administración conjunta de Venezuela con el Reino Unido y la Guayana Británica, a propósito de impulsar el desarrollo de esa región; sin embargo, Gran Bretaña rechazó dicha propuesta.

Como contrapropuesta, el Gobierno Británico previa acepción del Primer Ministro de Guyana, Forbes Burnham, sustentó su planteamiento mediante la puesta en práctica de un procedimiento fundamentado en el Tratado de la Antártida, según la cual se permitiría el desarrollo económico en las zonas vecinas de ambos lados de la frontera fijada en la sentencia del Laudo Arbitral de París de 1899, y Venezuela debía comprometerse a no insistir en el tema de la reclamación por un período de treinta años. Lógicamente, esta contrapropuesta fue rechazada por el Gobierno venezolano. “…No encuentro ninguna conexión entre el caso de la Antártica y el de nuestro problema con el Reino Unido.

De hecho, el Canciller venezolano, Dr. Irribarren, manifestó en ese entonces:

La Antártica no forma parte de la unidad nacional o territorial de varios Estados signatarios de ese Tratado como es el caso de la Gran Bretaña. En cambio, el problema de Venezuela con el Reino Unido en relación con la Guayana Británica se refiere a un territorio que forma parte del territorio venezolano. Está situado en el límite mismo de la Guayana Británica con Venezuela, no se trata de un territorio de ultramar. Por consiguiente, este problema no puede ser resuelto de la manera del Tratado sobre la Antártica; es un problema que de no encontrársele una solución satisfactoria, continuará siendo causa de fricciones entre Venezuela y la Gran Bretaña y la Guayana Británica….(Taylhardat, 2012, p.26)

Ante las posiciones antagónicas, ya podía visualizarse que para ese entonces no se llegaría a un resultado concreto, y por ello, continuaron las negociaciones en Ginebra a partir del año siguiente.

A partir de este horizonte opuesto e incompatible, se elaboró y emitió un comunicado conjunto el 10 de diciembre de 1965, en los siguientes términos:

1.- De conformidad con lo acordado en el Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de 1963, se han celebrado conversaciones en Londres el 9 y el 10 de diciembre entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela por una parte y el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido y el Primer Ministro de la Guayana Británica por la otra, sobre la base de la siguiente Agenda: para la continuación a nivel ministerial de las conversaciones gubernativas concernientes a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con la Guayana Británica, de conformidad con el Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de 1963.

1) Intercambio de puntos de vista acerca de los informes de los Expertos sobre el examen de documentos y discusión de las consecuencias que de ellos se derivan. Necesidad de resolver la controversia.

2) Buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia que ha surgido como resultado de la contención venezolana de que el Laudo de 1899 es nulo e írrito.

3) Planes concretos de colaboración en el desarrollo de la Guayana Británica.

4) Determinación de plazos para el cumplimiento da lo que se acuerde respecto de los puntos 1, 2 y 3 anteriores

5) Comunicado conjunto sobre las presentes conversaciones.

2.- Además de considerar los informes de los Expertos sobre el material documental relativo al Laudo Arbitral, los Ministros discutieron vías y procedimientos para poner fin a la controversia que amenaza quebrantar las tradicionalmente cordiales relaciones entre Venezuela, por una parte y el Reino Unido y la Guayana Británica, por la otra.

3.- Se intercambiaron ideas y propuestas para un arreglo práctico de la controversia. Se acordó que algunas de ellas deberían someterse a ulterior consideración y que los Ministros deben continuar las presentes discusiones durante la semana que comienza el 13 de febrero de 1966, en Ginebra, con el objeto de considerar dichas propuestas, así como otras que pudieran sugerirse de acuerdo con la referida Agenda. Por no haber podido ninguna de las partes aceptar las conclusiones de los expertos designados por la otra, el punto uno no será considerado. Se acordó además, que en breve funcionarios de los gobiernos interesados iniciarán conversaciones preparatorias.

4.- El texto de este Comunicado se llevará a conocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas.

Considero importante destacar que esta reunión arrojó un saldo extraordinariamente favorable para Venezuela por cuanto:

  1. Por primera vez el Gobierno del Reino Unido, en presencia del Primer Ministro de la Guayana Británica, reconoció la existencia de una controversia.
  2. Admitió la existencia de “la contención venezolana de que el Laudo de 1899 es nulo e írrito”.
  3. Aceptó que se habían discutido “vías y procedimientos para poner fin a la controversia”.
  4. Estuvo de acuerdo en que había necesidad de continuar considerando “ideas y propuestas para un arreglo práctico de la controversia”.
  5. Admitió la necesidad de continuar la discusión de esas ideas y propuestas, para lo cual convino en celebrar una tercera ronda de conversaciones en Ginebra en el mes de febrero del siguiente año. (Ibídem, p.27-28) (el subrayado es nuestro)

A principios del año de 1966, estuvo de visita oficial en Venezuela el Sub-Secretario Parlamentario de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gran Bretaña Lord Walston., y el propósito de su llegada fue asegurar que su país mantendría una posición cordial y receptiva en Ginebra para tratar de lograr el alcance de una decisión sobre el diferendo limítrofe existente. En este contexto, Venezuela en ese entonces y ante la comunidad internacional, había manifestado y demostrado su acepción y respeto por el uso de los medios que la democracia ofrecía a los países aunado a los cordiales lazos de amistad que unen a los pueblos.

El Canciller venezolano había hecho hincapié en que la trayectoria seguir en este proceso de reclamación exigía paciencia por el largo camino que habría de recorrerse, agregando además que en el año de 1903 ante la Corte Internacional de la Haya fue manifestado el sentimiento de amargura derivado del Laudo Arbitral de París de 1899 en el corazón de los venezolanos porque sus memorias estaban llenas de injusticias. Las negociaciones realizadas en ese año de 1966 tuvieron lugar en el Palais des Nations, en la que el Canciller venezolano Iribarren Borges reiteró la posición venezolana, destacando que esa posición contaba con “el apoyo irrestricto del país como lo demostraba la presencia en la Delegación venezolana de prácticamente todas las fuerzas políticas del escenario venezolano, no sólo de las que formaban parte de la coalición de gobierno sino también de la oposición”. (Ibídem, p.30)

El Ministro británico insistió nuevamente mediante la presentación de una propuesta basada en lo que establece el Tratado sobre la Antártida, manifestando:

Como es sabido, el Tratado de la Antártida, concluido en Washington en diciembre de 1959, el Tratado contempla además un sistema de cooperación científica y de intercambio de información entre las Partes contratantes, pero además congeló todas las aspiraciones territoriales de cualquiera de los países signatarios, puso a fin a la negación o afirmación de derechos de soberanía y prohibió la presentación de nuevas reclamaciones sobre el territorio antártico. (Ibídem, p.30) (el subrayado es nuestro)

Era obvio que la propuesta perseguía establecer un proceso de desarrollo conjunto entre Venezuela y Guyana sobre las zonas geográficas situadas a ambos lados de la línea establecida por el Laudo Arbitral de París de 1899, además de pretender obligar a Venezuela a congelar su reclamación durante treinta años, tal como se expuso durante la reunión en Londres que precedió a este nuevo encuentro, y unánimemente se llegó a la conclusión de no aceptarse esa propuesta. Luego de varios encuentros informales el Canciller venezolano Iribarren presentó nuevamente una propuesta, la cual contemplaba la solución del diferendo territorial dividido en tres etapas, siendo la primera la creación de una Comisión Mixta, seguida del proceso de mediación y por último el arbitraje.

Es irónico que en ese entonces, la propuesta señalada en el párrafo anterior fue rechazada por las delegaciones tanto del Reino Unido como de la Guayana Británica, quienes objetaron la tercera etapa relacionada con el uso del arbitraje y la Corte Internacional de Justicia. Y fue a partir de allí, que Venezuela trató de lograr que el Gobierno del Reino Unido aceptase que la solución de la controversia debía procurarse en el contexto del Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual establece lo siguiente:

Artículo 33. 1.- Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismo o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. (Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VI: Arreglo pacífico de controversias, documento en línea, p.1)

Para el lector, es importante captar su atención y comprensión sobre la aplicación de este Artículo 33 de la Carta de la ONU, sugerido precisamente por Venezuela, dado que con la inserción de este mecanismo, se permitiría neutralizar de entrada, la posibilidad de afectar las buenas relaciones existentes entre los dos países, por el simple hecho de darle un giro de timón al tema controversial, además de incorporar la posibilidad de uso de diferentes alternativas de la mediación, y finalmente el uso del arbitraje y el recurso de asistir a la Corte Internacional de Justicia como medios escalonados propuestos.

Adicionalmente, a los Gobiernos del Reino Unido y la Guayana Británica les resultaría difícil rechazar una propuesta basada en el uso de una disposición de la Carta de las Naciones Unidas, dado que con ello se aseguraría el poder alcanzar una solución definitiva luego de haber escalado progresivamente la serie de mecanismos establecidos en el Artículo 33, y una vez agotados éstos sin llegar a una solución definitiva, le correspondería a la Corte Internacional de Justicia atender el tema para arribar finalmente a una decisión final.

Para ello, se preparó un borrador que iniciaba con la conformación de una Comisión Mixta, la cual tendría un plazo de vigencia de cuatro (4) años para lograr una solución, y si ésta no llegaba a un acuerdo en ese tiempo, los Gobiernos de Venezuela y de Guyana escogerían ambos uno de los métodos de solución pacifica contemplados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, escogerían por consenso entre las partes la mediación, la conciliación, el arbitraje y el recurso a la Corte Internacional de Justicia.

Adicionalmente, el borrador elaborado incluyó, que si transcurridos tres (3) meses no se había llegado a un acuerdo sobre la elección del medio de solución pacífica, se le solicitaría a un órgano internacional seleccionado de común acuerdo entre las partes, para que éste escogiera el medio de solución pacífica a ser aplicado.

Ahora bien, dicho borrador contemplaba que si tampoco se lograba llegar a un acuerdo mediante este proceso, entonces se procedería a solicitarle al Secretario General de la ONU para que sea éste quien escogiera el medio de solución pacífica, y si el medio seleccionado por éste tampoco arrojaba resultado alguno favorable al entendimiento esperado, el órgano internacional o el Secretario General, según el caso, escogería otro de los medios contemplados en el Artículo 33, y así seguiría sucesivamente el asunto hasta que se lograra alcanzar una solución, o hasta que se hubiesen agotado todos los recursos previstos en la disposición de la Carta. Como puede apreciarse, esta ecuación matriz propuesta, incorporaba también el uso del recurso destinado a una instancia u organismo internacional como lo contempla el artículo 33 de la Carta, pero en ninguna parte aparece que el Secretario General de la ONU decidiría unilateralmente el mecanismo sin el consenso de los países involucrados, ni que utilizaría el mecanismo de la Corte Internacional de Justicia como vía alterna sin haber agotado antes todos los medios contemplados en dicha Carta. Y bajo este marco de actuación planteado, una vez evaluado tanto por Gran Bretaña como la Guayana Británica, fue acogido favorablemente por ambas delegaciones procediendo a redactarse el acuerdo.

Y así quedó redactado el texto definitivo que finalmente conformó el Artículo IV del Acuerdo de Ginebra de 1966:

  1. Si dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de este Acuerdo, la Comisión Mixta no hubiere llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia, referirá al Gobierno de Venezuela y al Gobierno de Guyana en su informe final cualesquiera cuestiones pendientes. Dichos gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
  2. Si dentro de los tres meses siguiente a la recepción del informe final el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana no hubieren llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, referirán la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos acuerden, o de no llegar a un acuerdo sobre este punto, el Secretario General de las Naciones Unidas. Si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia, dicho órgano, o como puede ser el caso, el Secretario General de las Naciones Unidas, escogerá otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho Artículo hayan sido agotados. (el subrayado es nuestro)

Y así fue como el 17 de febrero de 1966, a las 8 pm, en el Hotel Beau Rivage, tuvo lugar el acto solemne de la firma del Acuerdo de Ginebra, con la firma del Primer Ministro de la Guayana Británica y los Cancilleres del Reino Unido y de Venezuela, en el que se acordó no solo informar a la Organización de las Naciones Unidas, sino también involucrarla a través del Secretario General de esa organización en el proceso de entendimiento sobre el litigio territorial en el espacio geográfico integral del Esequibo.

Por: CA (r) Dr. José Chachati Ata

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