ONG registra 33 casos de persecución contra periodistas y opositores a Maduro en septiembre

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La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró al menos 33 casos de persecución y criminalización contra periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación, además de políticos vinculados con la oposición a Nicolás Maduro y la población en general.

En un informe emitido por Cepaz se destaca «un patrón de persecución aplicado de manera sistemática para silenciar, reprimir y controlar a quienes identifica como adversarios u opositores».

En el monitoreo se registró: «cierre de un programa de radio, tres allanamientos de viviendas, diez actos de amenaza y hostigamiento, el cierre de una emisora de radio a la que también se le incautaron equipos de trabajo».

También destaca «la aprobación de un proyecto de ley abiertamente inconstitucional. Adicionalmente tres aperturas de investigaciones, nueve detenciones arbitrarias, tres inhabilitaciones políticas, y dos traslados de presos políticos bajo condiciones irregulares».

Censura

De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela, identificaron «13 actos de censura contra periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación. De manera disgregada registramos un cierre de un programa de radio por motivos políticos, dos allanamientos de viviendas contra dos humoristas que lideran un show en YouTube en donde son críticos a Nicolás Maduro, ocho actos de amenazas y hostigamiento, incluyendo ataques a través de redes sociales e intimidaciones en persona por el desempeño de su labor periodística».

Cepaz resalta «la aprobación, en segunda discusión del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Una ley inconstitucional, que lejos de abrir la posibilidad de que la población conozca la información de interés público, limita y condiciona el derecho a la información».

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Con opositores

Asimismo, durante septiembre detectaron «diez actos de persecución contra dirigentes políticos. Específicamente, un allanamiento de vivienda irregular y con evidentes motivos políticos contra los padres fallecidos de Juan Planchart, familiar de Juan Guaidó».

Además, se abrieron «investigaciones contra un gobernador vinculado con la oposición y otra contra Juan Guaidó. Dos detenciones arbitrarias, una contra un alcalde mientras llevaba a cabo su campaña electoral, y la otra contra  un general de división que se encontraba recluido en un centro de salud tras ser diagnosticado con un tumor cerebral».

Subraya que, en medio del proceso electoral para las regionales del 21 de noviembre, se concretaron «tres inhabilitaciones políticas, incluso contra candidatos del Partido Comunista de Venezuela que en un primer momento se relacionaba con la alianza del partido de Nicolás Maduro».

Actos contra la población

Por otra parte, en el noveno mes del 2021, Cepaz documentó «al menos diez actos de criminalización y control contra la población. Específicamente, dos actos de hostigamiento y amenaza, uno contra un obispo tras reclamar el impedimento de la entrada de ayuda humanitaria a la población de Mérida afectada por las lluvias, y otra contra jubilados y pensionados petroleros que reclamaban sus pagos atrasados».

Asimismo, documentaron «la apertura de un procedimiento judicial contra un dirigente sindical por denunciar la crisis hospitalaria que atraviesa el país. Así como siete detenciones arbitrarias contra trabajadores petroleros quienes fueron acusados de atentar contra la industria petrolera».

Janet Yucra

Con información de prensa Cepaz

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