Maduro incumple palabra empeñada con la ONU sobre independencia judicial

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«Las palabras se las lleva el viento», reza un refrán conocido que la administración de Nicolás Maduro aplica con relación a la promesa que hizo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace cinco años, en materia de independencia judicial y Estado de derecho.

La denuncia la formuló la ONG, Acceso a la Justicia, en el informe que le remitió a la instancia internacional, en el marco del III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos al que se someterá el país a finales de este año.

La organización, en ese documento, asegura que «debido a este incumplimiento la situación del país ha empeorado en el último lustro».

Durante el II Examen, celebrado en 2016, las autoridades venezolanas se comprometieron por motu proprio a adoptar algunas medidas para garantizar que los jueces y fiscales pudieran actuar con autonomía.

Entre estas medidas figuraba la reanudación de los concursos de oposición para la adjudicación de tribunales y fiscalías, pues a pesar de que la Constitución lo ordena en su artículo 255, no se han realizado desde 2004 concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial, señala la ONG.

Agrega que, si bien en 2016 se aprobaron las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial, «estas permiten que participen solamente quienes ya están dentro de la judicatura, lo que es discriminatorio, y no prevén que en la selección de los jueces participe la sociedad civil», afirma.

Además, la ONG señala que «más de 80% de los jueces y por lo menos 96% de los fiscales del país son provisorios. La situación de la Defensa Pública aún es peor y llega a 100%, porque allí jamás se ha celebrado un solo concurso».

Acceso a la Justicia alerta que «la situación de provisionalidad en la que se encuentran los jueces, fiscales y defensores públicos los hace susceptibles de ser objeto de presiones y abre las puertas a que sus decisiones sean manipuladas por factores externos. ¿La razón? Pueden ser removidos de un momento a otro, sin ningún tipo de procedimiento que les garantice el debido proceso».

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La crisis humanitaria

Por otro lado, la organización también denunció que esta situación «ha terminado abriéndole las puertas a la emergencia humanitaria que hoy vive el país, pues el máximo juzgado lejos de controlar las actuaciones y políticas del Gobierno las ha avalado, sin importar las consecuencias. Ello demuestra que el Poder Judicial se encuentra alineado con el Ejecutivo nacional en su línea de negar la existencia de la crisis humanitaria».

Asimismo, se recuerda que en 2020 la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «dejó en claro que la situación de provisionalidad de los jueces abre las puertas para que no tomen sus decisiones según los argumentos, evidencias o pruebas presentadas en los juicios y lo que estipulan las leyes, sino que se limitan a cumplir las órdenes que les giran los magistrados del TSJ, sobre todo en el ámbito del derecho penal»

Janet Yucra

Con información de Acceso a la Justicia

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