(Continuación)
Por: José Chachati Ata
En la naturaleza del ser humano, cuya proyección se ha enraizado continuamente con el manejo estratégico de los países para el alcance de los fines propios de cada uno de estos, el uso del poder y el interés han sido factores primarios que se han mantenido en el tapete de las decisiones políticas para materializar ya sea por la vía diplomática o por otros medios, los objetivos establecidos en materia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica. Verbo y gracia, en el litigio territorial entre Venezuela y Guyana sobre la recuperación del espacio geográfico integral del Esequibo, se puede observar con absoluta claridad, como fue que el factor económico se volvió fundamental para el Gobierno de Guyana a raíz de los descubrimientos mineros y energéticos existentes tanto en el territorio continental como marítimo del Esequibo, por lo que la dimensión del tema en cuestión, se ha ido enlazando con mayor ahínco con la defensa de dicha área geográfica.
En esta concatenación manejada por el Gobierno de Guyana sobre el tema que atañe a todos los venezolanos en cuanto a la recuperación de un territorio en el que se están extrayendo constantemente recursos estratégicos que le pertenecen ineludiblemente al sentido de exclusividad del gentilicio nacional,
consagrados en el marco de la Defensa Integral de la Nación, la ecuación matriz sobre esta inclinación ha conllevado a que el Gobierno de Guyana, ha utilizado sistemáticamente su poder táctico ante Venezuela, así como su poder estructural agregado y situacional con diferentes entes internacionales, para involucrar a otros Gobiernos, organismos y empresas trasnacionales, a propósito de darle un giro a su política relacionada con el proceso de entendimiento con Venezuela para llegar a una solución aceptable, práctica y satisfactoria establecida en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Este señalamiento ha implicado que el Gobierno del país vecino optó por darle la espalda al citado Acuerdo, abriendo una nueva brecha de asperezas, enredos, intrigas y fragosidades, cuyos tentáculos han implicado irrespetar lo allí establecido, particularmente en sus artículos IV y V, así como, inclinarse en dirimir que el Laudo Arbitral de París de 1899 es válido a través de la vía judicial manejada hoy en día mediante la demanda introducida ante la Corte Internacional de Justicia, hecho propiciado unilateralmente por el propio Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, lo que conforma la intención que desde el principio ha tenido el Gobierno de Guyana en alejarse abiertamente de su compromiso adquirido desde que obtuvo su independencia de Gran Bretaña.
Aunado a lo anteriormente señalado, la entrega de concesiones a empresas trasnacionales ha sido la variable de mayor envergadura que ha conllevado al cambio drástico del Gobierno de Guyana contra Venezuela, y no es precisamente a través de la actividad minera como factor primario, sino más bien a través de la petrolera. De hecho, hace dos años, el gentilicio venezolano debe recordar, que el 18 de marzo del año 2020, el Gobierno de Guyana había recibido por ese concepto económico, una cifra significativa equivalente a cincuenta y cinco millones de dólares que son de Venezuela, lo que sumado al hallazgo de dicho hidrocarburo en las cantidades significativas ubicadas en los espacios acuáticos del océano Atlántico, derivadas precisamente del espacio continental correspondiente al territorio en reclamación, en el que se han encontrado significativos yacimientos y se presume la existencia de otras reservas que junto a la existencia de gas como medio alterno energético, han creado el marco de una actuación que encaja en el concepto de un Estado profundo, dando cabida a grises discursos y necesidades de descalificar frontalmente a Venezuela ante la opinión pública internacional, de manera de alejarla cada vez que se pueda de sus pretensiones de recuperar un territorio rico en recursos energéticos, aunque ese espacio no le pertenezca a Guyana.
Ante el descubrimiento de los yacimientos petroleros y gasíferos en las áreas marítimas señaladas, como se ha podido observar, se le abrieron al Gobierno de Guyana las posibilidades de ingresar como parte de los países productores de petróleo y de gas natural, a pesar que ya existen precedentes sobre el ejercicio de la soberanía de Venezuela en esos espacios acuáticos, tales como el Decreto Presidencial sobre la línea de base recta n° 1.152 del año 1968, promulgado durante el gobierno del Dr. Raúl Leoni, el cual inició su trazado desde Punta Araguapiche, estado Delta Amacuro, hasta la línea divisoria del río Esequibo, conllevando a que años después, sin haber formado parte de la Convención del Mar, el Gobierno de Guyana promulgó en 1977: su frontera marítima, recordando que en ese entonces abarcaba solo tres millas náuticas, por lo que extendió la anchura de su mar territorial a doce millas náuticas; conformando su zona contigua y zona económica exclusiva hasta las doscientas millas náuticas, incluyendo su plataforma continental.
Es importante recordar que en este sector marítimo, la plataforma continental juega un rol preponderante, en el que deben considerarse dos factores primordiales, siendo el primero de ellos, la continuidad geomorfológica del suelo marino que sobrepasa hoy en día la zona económica exclusiva, es decir, que continúa hacia los espacios acuáticos cubiertos por la alta mar, alcanzando un promedio de inclusión sobre los 3.600 mts. De profundidad, hecho que podría dar cabida en una futura convención del mar, para la inclusión de lo que podría integrase en este caso como el mar patrio venezolano, ampliando el privilegio de pocos países en cuanto al desarrollo marítimo de la región, en la que Venezuela con un adecuado manejo, podría propiciar la inclusión de este nuevo concepto; y el segundo factor lo representa el conjunto de recursos existentes a través de los yacimientos energéticos y minerales allí disponibles.
Aun cuando esto hoy en día constituye un hecho, también lo es la sumatoria de eventos que conforman un conjunto de barreras en el que Venezuela debe lidiar con estos en un futuro, en el que por un lado, aun cuando afortunadamente Venezuela decidió no comparecer, la odisea emprendida por el Gobierno de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, ha generado un efecto molesto por los retrasos en cuanto al arribo mediante un proceso de entendimiento, a la solución aceptable, práctica y satisfactoria que se requiere bilateralmente en el marco del Acuerdo de Ginebra, y que el Gobierno de Guyana decidió no cumplir, aunado a las delimitaciones marítimas realizadas entre los Gobiernos de Guyana y Surinam, así como de Trinidad & Tobago con Barbados, en el que se ha pretendido establecer áreas marinas y submarinas a favor de Barbados que penetran los espacios acuáticos actuales pertenecientes a Venezuela, pese a que desde 1990 se realizó la delimitación marítima del país con Trinidad & Tobago, y el Gobierno de Barbados no manifestó reclamo alguno, hecho que le concede el reconocimiento tácito a Venezuela sobre su libre salida en el Atlántico hasta la alta mar, así como el ejercicio claro de su soberanía y jurisdicción respectiva.
Una realidad compleja es la que se maneja actualmente sobre este tema en cuestión, que agregando las variables que han asomado su incidencia a raíz del conflicto de Rusia contra Ucrania, en el que el uso de los recursos estratégicos juega un rol de primer orden en el mundo, conllevan a que Venezuela debe actuar con mucha prudencia en cuanto a su política exterior, en el que tiene la capacidad superior si se lo propone, de manejar su poder estructural situacional y agregado dando un giro que tendría incidencias muy significativas en el futuro inmediato de la Nación, sin olvidar que aun cuando ya lo había mencionado en el artículo anterior, la tendencia de la Corte Internacional de Justicia ha tendido en el
tiempo al momento de tomar sus decisiones, favorecer a los países que se encuentran fortalecidos en el ámbito geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. Y sin lugar a dudas, en la actualidad, el Gobierno de Guyana debe estar preocupada por esta nueva inclinación en el nuevo orden mundial.
Por: C/A (r) Dr. José Chachati Ata
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